Todavía sin coordinación entre las bancadas, la oposición comenzó a redactar las modificaciones que solicitará al presupuesto 2023 que se debate en Diputados en sesiones de comisión que duran hasta 11 horas y continuarán la semana próxima, con el objetivo de llegar con un dictamen al recinto a más tardar el miércoles 26.
Las facultades de cobrarle a las provincias las deudas energéticas de las prestadoras, la prórroga del blanqueo, la autorización para subir las retenciones a las exportaciones y la posible subestimación de los pronósticos de inflación, son algunas de las inquietudes que circulan en los primeros documentos que intercambian entre los diputados.
Evolución Radical y la Coalición Cívica fueron las bancadas que más avanzaron en propuestas de modificaciones para que estudie el ministro de Economía Sergio Massa, mientras que el PRO y la UCR mantienen largas deliberaciones.
Si Juntos por el Cambio no logra uniformidad de criterios el Frente de Todos podría beneficiarse y aprobar cada artículo con el voto de uno u otro bloque. Los reclamos empezaron a llegar.
La bancada referenciada en Martín Lousteau le pedirá incorporar una cláusula de revisión para que, en caso de una inflación mayor a la prevista, Massa deba reformular las partidas y no beneficiarse de darle un destino discrecional al aumento de la recaudación.
El ministro se lo propuso a Margarita Stolbizer durante la presentación del presupuesto y en la comisión lo planteará Martín Tetaz. Las otras bancadas opositoras no lo ven mal, pero quieren que la revisión sea un plazo corto, porque si no Massa podría tomar datos mensuales de la inflación como provisorios.
En su intercambio con los diputados, tanto el ministro como su segundo Gabriel Rubinstein aseguraron que el 60% de inflación previsto era conservador y hasta podría ser menos, a partir del cumplimiento de metas impuestas por el FMI como la reducción de la asistencia del Banco Central al tesoro.
JxC propondrá un control a la deuda flotante que pueda haber en 2024, cuando confían en ser gobierno. Aceptarían la oferta de Massa para poner una cláusula que revise se la inflación es mayor y defina otra vez las partidas.
Tetaz también tiene en la mira la “deuda flotante” que pueda dejar Alberto Fernández cuando termine su mandato. Para evitarla, quiere una cláusula que estipule que todos los gastos devengados de 2023 sean pagados ese año y no puedan computarse en los pasivos de 2024. También prohibir los cobros anticipados de impuestos.
En el PRO trabajan en la misma línea, con la presión de Mauricio Macri. Cristian Ritondo reunirá al bloque el martes a las 18.30, después de otra jornada de exposiciones de funcionarios, que encabezará el ministro de Transporte Alexis Guerrera. Otra de las obsesiones del ex presidente son las empresas públicas: quiere que ninguna tenga déficit, sea como sea.
Otra propuesta de Evolución es una deducción del impuesto a las ganancias por gastos educativos a sectores medios, que elaboró Emiliano Yacobitti, el primer opositor en anunciar que el presupuesto se aprobará en general.
Esta vez la presentarán como una contracara de la renovación del blanqueo para la construcción que incluye el presupuesto. En este caso, entienden, sería un premio a los que cumplieron.
El blanqueo fue defendido por los funcionarios como alternativa de sumar dólares de los argentinos a la economía real. “Es importante porque no estamos pescando en la pecera”, lo valorizó el titular de la AFIP Carlos Castagnetto, durante su exposición en la comisión de Presupuesto de este martes, en un idea y vuelta con Germana Figueroa Casas, del PRO, quien junto a Luciano Laspina lideró la posición del bloque.
El funcionario consideró que no se trata de un blanqueo a secas, porque los fondos registrados comenzarán a pagarán impuestos. En JxC no hay una postura unánime. La Coalición Cívica no lo quiere aprobar, el PRO pide que sea en una ley aparte y la UCR por ahora prefiere no dar una opinión definitiva.
Una coincidencia en toda la oposición es revisar el artículo 96, que prorroga las retenciones a las exportaciones, pero habilita a subir hasta 15% las de trigo y maíz (que están en 12%) y las de la carne (que son de 9%).
Esto es así porque se prorroga como tal el artículo de la ley de reactivación productiva que Alberto Fernández envió, logró que se apruebe ni bien asumió y se venció el año pasado.
El secretario de Agricultura Juan Bahillo se comprometió a no subir ni un punto las alícuotas y hasta propuso una aclaración en el texto para que no queden dudas.
Pero en la oposición no convence del todo. Algunos halcones del PRO quieren eliminar el artículo y que la soja tenga un alícuota del 30%, inaceptable para Massa.
“Lo que quiere es un aval legal para seguir cobrando el 33% de soja, porque ese aumento está judicializado. Por eso muchos no se lo quieren aprobar”, explicó un diputado opositor.
Una modificación que puede unir a casi todo el recinto es al artículo 90 del presupuesto, que habilita al Gobierno a retener fondos de la coparticipación a las provincias que tengan deudas a Cammesa por compras de energía, tanto de compañías estatales como concesionarias privadas.
El presupuesto prorroga los topes de las retenciones y habilita a una suba de las que se aplican sobre el maíz y la carne. Bahillo propuso aclarar que no aumentarán, pero hay sectores de JxC que quieren que al menos haya una baja de las de soja.
La secretaria de Energía Flavia Royón lo defendió y hasta recordó que la legislación actual le permite cortar el servicio a los deudores. La radical Jimena Latorre dijo que era anticonstitucional y avisó que su bancada no lo vota.
Pero los diputados de los gobernadores tampoco lo acompañan y el jefe del oficialismo Germán Martínez ya trabaja en otra redacción, que al menos no habilite moras de hasta 11 años de prestadores, como la cooperativa eléctrica de Comodoro Rivadavia.
O haya provincias que reciban energía gratis y tengan superávit fiscal, como detalló el secretario de Hacienda Raúl Rigo. Algunos diputados plantean que al menos se discriminen los aportes que podría retener la Nación, porque el artículo es amplio e impreciso.
Habilita a quedarse con los “fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público nacional”.
Los gobernadores de todos los colores creen que incluye la coparticipación y no les gusta nada. Tampoco aceptan que la sanción sea sobre “facturas que emitidas y que en un futuro emita”, lo que, entienden, permitiría una retención de fondos preventiva.
El trío de diputados cordobeses que responde a Juan Schiaretti no votará el presupuesto si no se fija un aumento de las partidas al transporte de las provincias, que el presupuesto dejó congeladas y sujetas a que incorporen Sube en cada colectivo.
Massa dijo que no corresponde un incremento porque era una asistencia por el Covid 19 y que en tal caso defina de donde salen los fondos. Dejó una “separata” con exenciones fiscales que se podría recortar, pero ningún opositor arrimó propuestas. Schiaretti no entra en ese juego: quiere una equidad entre lo subsidios al área metropolitana y a las provincias.
La Coalición Cívica, que tiene decidido aprobar el presupuesto en general y discutir cada artículo, reclamó modificar otros dos: el 6, que determina el empleo público nacional y según un trabajo de los economistas del bloque “lejos de ser efectivo para poner un límite a su crecimiento exceptúa a una gran cantidad de reparticiones del Estado y faculta al jefe de gabinete a incrementar la cantidad de cargos que se supone limitada por el artículo”
También cuestionan el 65, que exime de tasas e impuestos a las importaciones hechas por los licitantes a cargo de la construcción del gasoducto “Presidente Néstor Kirchner”.
“Es una redacción laxa. Queremos que la obra se haga para el país, en el marco internacional en el que estamos y por las cuestiones geopolíticas que todos conocemos”, se molestó Juan López y dejó una serie de preguntas sobre la concesión que fue motivo de la salida del ex ministro de Producción Matías Kulfas.
“¿Para qué empresa o para cuáles es la eximición de impuestos? ¿Cuál es la razón de esta eximición, quién la pidió? ¿La pidieron las empresas? ¿Fue una concesión que le hicimos a las empresas que ganaron la licitación? ¿En qué costo disminuye para el Estado Argentino y para la empresa?”
“Es extraño una condonación de deuda de este tipo y una eximición de impuestos por más que la obra sea estratégica para la Nación y la apoyamos desde el primer día”, consideró. No tuvo respuesta. La esperará la semana que viene o votará en contra.
Como cada año, se acumulan pedidos de obras púbicas que el ministro Gabriel Katopodis atajó en su exposición de este miércoles, hasta con promesas de comer un asado entre los obradores de las rutas.
Es que el debate suele darse más por la ejecución las obras pendientes que por la incorporación de nuevas, en lo que se conoce como “la planilla de la felicidad”, porque rara vez se hace realidad.