La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a marchar por el financiamiento. Esta vez lo hizo con una marcha de velas que salió desde Plaza Houssay, rodeada por la Facultad de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas, Odontología y Farmacia, y se dirigió hacia Tribunales.
A diferencia de la última Marcha Federal Universitaria, en octubre pasado, cuyo acto central frente al Congreso terminó antes de lo previsto en medio de la lluvia y de varios incidentes, la marcha universitaria de esta noche se desarrolló de manera pacífica.
“Yo soy docente y no docente y, como todos, hago pluriempleo. Pero tengo compañeras que solo son no docentes y realmente no llegan a fin de mes. Yo tengo varios ingresos, voy sumando, tampoco me sobra, pero hay gente que está en peores condiciones”, dijo a LA NACION Gabriela Espinoza, docente de la Facultad de Medicina desde hace 28 años.
“Veo mucha violencia. Yo soy antiviolencia; hacemos estas marchas tranquilas. Me parece que la educación es lo principal. Si los que tenemos trabajo estamos así, no puedo imaginar los que no tienen. Yo creo en insistir por esta vía tranquila, con educación, con respeto. Yo tengo valores; no estoy identificada con un partido”, agregó.
Pasadas las 17, la plaza comenzó a poblarse de pecheras verdes. Los miembros de la Asociación de Docentes y del Personal de la UBA (Aduba y Apuba) fueron los primeros en llegar. Cerca de las 18 empezaron a caminar por Paraguay hacia Plaza Lavalle. Frenaron en el Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, donde cantaron el himno nacional argentino. “Defendamos la UBA”, decía la bandera negra que encabezó la columna ya varias marchas.
“Estamos mal, estamos muy mal. Combramos muy poco y cada vez estamos peor”, dijo a LA NACION Natalia. Es no docente y trabaja hace 12 años en el rectorado. “La única forma de conseguir algo es movilizarnos, pero no estamos consiguiendo nada. No hay respuestas. Parece que se ríen de nosotros en la cara. A veces somos un montón, a veces somos pocos. Pero es la forma que tenemos”, dijo. Y cerró: “Estamos tristes y hay mucho desgaste. El ambiente es muy triste”.
“Estamos agotados, desgastados. Hay mucho cansancio. Cobramos muy mal. No se llega”, siguió Carolina Bilinskis, también no docente, que caminaba delante de ella. “Somos los que llevamos realmente adelante la universidad. Cumplimos un montón de funciones. Si no salen los pliegos, no pasan las cosas”, dijo.
La ley de financiamiento votada y sostenida por el Congreso el año pasado prevé la recomposición de los fondos de funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios de su personal, además de medidas para actualizar las becas. Para cumplirla, sería necesaria una actualización del 33%.
“Por primera vez en la historia argentina un presidente se dio el lujo de dictar un decreto diciendo que no iba a cumplir una ley. Esto es una atrocidad”, dijo frente a Tribunales Pablo Luis Manili, abogado constitucionalista que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Allí habían montado una clase abierta. Había un pizarrón, bancos y, pasadas las 19, empezaron a prender velas, que se apagaron rápido. No llegaron a durar una hora; antes de las 20.30, cuando ya no quedaba nadie, el personal de seguridad de la Corte Suprema las apagó y las retiró.
”Infectan las redes con trolls diciendo que las universidades no se auditan. Eso es falso. Las universidades tienen auditorías internas y están auditadas por la Auditoría General de la Nación”, sostuvo Manili.
Y sumó: “Nos dicen también que hay muchos extranjeros. En el total de las universidades nacionales, son un 3%. Se argumenta también que los profesionales tardan mucho en recibirse. Bueno, no entendieron lo que es la educación. La universidad no es una máquina de producir profesionales. Qué importa si no terminan. Alguien que pasó por la universidad ya es una persona más formada. Además, el 70% de quienes estudian en las universidades públicas trabaja. Y la mayoría hoy tiene más de un trabajo. Y además, no actualizaron las becas”.
La ley de financiamiento
El reclamo por el financiamiento atravesó el Congreso, llegó a la Corte Suprema, lleva cuatro marchas federales y sigue sin resolverse. El Gobierno promulgó la norma en octubre de 2025 mediante el decreto 759, que supeditó su ejecución a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. El CIN y las universidades acudieron a la Justicia. En diciembre, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar para que se aplicaran los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. La Cámara Federal confirmó la medida y, tras un recurso del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema la dejó firme.
Varias instancias judiciales consideraron que el Estado no había acreditado el cumplimiento pleno de la medida cautelar. El Gobierno apeló en todas. Finalmente hubo sentencia de fondo y la Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenó la ley de financiamiento universitario y ordenó aplicarla de inmediato. El juez Cormick consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.
En la víspera de la marcha de octubre pasado, Cormick fijó multas de $100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones, abrió otra queja y revisará si la medida cautelar es incumplida.
El Gobierno insiste en que esa ley incumple la ley de administración financiera, dado que el artículo cinco de la ley de ejecución presupuestaria establece que, cuando una norma no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.
El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento universitario. Estima destinar alrededor de $7,3 billones. En tanto, los rectores habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial.
Al igual que en mayo pasado, cuando dio una clase frente a la Corte, Cristian Cao, abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UBA, volvió a dar su charla con la Constitución en la mano. “La voy a poner al lado de una vela. No estamos garantizando únicamente las universidades públicas; estamos garantizando que no se apaguen los derechos, que no se apague la ley”, dijo.
Después se acercaron todos los manifestantes al frente del Palacio de Tribunales y cada uno dejó su vela encendida en la valla de seguridad. “No permitamos que se apague la universidad”, era el lema de la convocatoria, impulsada por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con la Asociación de Docentes y del Personal de la UBA (Aduba y Apuba) y distintos centros de estudiantes.
Estuvieron presentes el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobbitti; también Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba, Joaquín Carvalho, presidente de la FUA y Lucille Levy, que encabezó la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad en el espacio de Martín Lousteau, entre otros. A la plaza también se acercó Ricardo Alfonsín.
