
Una facultad de la UBA ha decidido desafiar las reglas de la democracia.
Con el “homenaje institucional” que anuncia Ciencias Sociales al líder guerrillero Mario Roberto Santucho no solo se incurre en la provocación: se transgreden pactos tácitos de convivencia, se hace apología de la violencia política y se transmite a la sociedad un mensaje que genera perplejidad, pero también inquietud y temor.
Los hechos hablan por sí solos: el consejo directivo de esa facultad, presidido por la decana Ana Josefina Arias, declaró “de interés institucional” un homenaje al fundador y máximo líder del ERP. Consistirá en la inauguración de una escultura dedicada a él, que será emplazada en el patio “Indio Solari” de la propia unidad académica. Se reivindica, así, al responsable de crímenes y atentados escalofriantes que marcaron la historia argentina.
La organización liderada por Santucho ejecutó, por ejemplo, el secuestro y asesinato del directivo de Fiat Oberdan Sallustro, en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, durante el último gobierno constitucional de Perón, o el asalto al batallón de Monte Chingolo, en diciembre del 75. Más de cincuenta años después, cuando la Argentina parecía haber superado aquella historia trágica, aparece una reivindicación institucional de esa maquinaria criminal nada menos que en el seno de la Universidad de Buenos Aires.
Para el homenaje se elige una fecha cargada de simbolismo: el 10 de diciembre, día de la restauración de la democracia en nuestro país. Podría parecer solo una ironía macabra, pero encierra un mensaje: hay un sector de la política que, en el día de la democracia, rinde homenaje a alguien que la despreciaba, y además la combatía. No es un sector inorgánico y marginal: maneja resortes institucionales, un presupuesto del Estado y un poder administrativo para avalar y consagrar audacias de esta naturaleza.
El hecho plantea una prueba para la universidad en su conjunto. El rectorado de la UBA, el consejo superior, la comunidad académica en general e incluso el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿avalarán en silencio o reivindicarán las reglas de la convivencia democrática? Tal vez sea necesario recordar lo obvio: defender la universidad pública es defender los valores del pluralismo y el Estado de derecho. ¿Se consentirá con indiferencia un acto que desafía esos principios elementales? Las primeras reacciones justifican la preocupación. Parece imponerse el mutismo, como si se esperara que el ruido se diluya en medio de una agenda pública siempre agitada y cambiante.
Por supuesto que una universidad es un mosaico de contrastes, y es muy sano que albergue ideas y posiciones antagónicas. La libertad de cátedra es un pilar fundamental, y habilita el debate y el estudio de las figuras y los movimientos históricos controvertidos, incluso los más tenebrosos, hasta desde posiciones que puedan ser condescendientes o expresar simpatías discutibles. Pero hay un límite ético y jurídico que no se puede transgredir: el de la apología y la reivindicación de la violencia. Un líder guerrillero puede ser objeto de estudio y de debate, pero no de homenaje ni de “canonización” institucional. El terrorismo de Estado -que tiene siempre una implicancia más peligrosa- no habilita, en ningún caso, a convertir en “héroes” a los partícipes de organizaciones guerrilleras, como estableció, en su momento, el consenso democrático de Alfonsín.
En un momento de efervescencia y debate sobre el sistema universitario, la decisión del consejo directivo de Ciencias Sociales plantea una oportunidad y una prueba. ¿Se defenderán los principios de una universidad plural y democrática o se avalará una concepción sectaria e ideologizada que concibe a las instituciones académicas como vehículos de militancia facciosa?
El episodio conecta con otros interrogantes: ¿Qué propone la universidad a la sociedad? ¿debates estimulantes e ideas innovadoras o visiones anacrónicas, en blanco y negro, con reivindicaciones dogmáticas de ideologías perimidas? ¿propicia el estudio crítico de nuestra propia historia o una exaltación panfletaria de ciertas corrientes ideológicas? ¿Todas sus cátedras son espacios de amplitud y diversidad o algunas se han convertido en trincheras de activismo y propaganda política?
Puede decirse, con razón, que Ciencias Sociales no representa al conjunto de la UBA, donde también germinan otras ideas y visiones. Pero ahí está “el test del silencio”. Se verá cuánto rechazo o cuánta aceptación tácita genera este “monumento a la violencia política”.
El hecho tal vez deba ser encuadrado en un contexto más amplio. Se enmarca en una Argentina donde los extremos se reivindican y se celebran a sí mismos. Se exaltan las posiciones radicalizadas, se desprecia el valor de la moderación, se estigmatiza “la tibieza” como una especie de debilidad moral. Es una atmósfera en la que las posiciones ultra, de izquierda o de derecha, se sienten habilitadas y hasta pierden los frenos inhibitorios.
El kirchnerismo inauguró, en sus años de apogeo, la romantización del setentismo. Estableció un lenguaje reivindicativo de “la juventud maravillosa” y propició una manipulación histórica que reabrió heridas y alentó los revanchismos. Eso no se disipó en el aire: se enquistó en estamentos institucionales y cooptó muchos espacios universitarios, convertidos en resortes de activismo militante, no ya de un partido sino de una facción. Aquel proceso político está en la base del homenaje a Santucho, pero quizá también incida la polarización de estos días, donde los fanatismos, la violencia verbal y la radicalización están “en temporada alta”.
Hay un amplio sector de la sociedad que mira con una mezcla de inquietud y estupor. Ve la violencia verbal, la polarización extrema, el resurgimiento de viejos antagonismos y, ahora, la agitación de un fantasma que representa la guerrilla armada. ¿Son solo fuegos de artificio o representan un peligro de retroceso democrático? La respuesta dependerá de cómo reaccionen las instituciones.




