Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de $10 millones, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
Tras tantos años, el peritaje ya amarillea, pero mantiene su vigencia. Expone que la operación bancaria con que la empresa Los Sauces SA de la familia Kirchner gestó la compra del departamento de la calle San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires, allí donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su condena, acumuló múltiples irregularidades, faltantes e inconsistencias, que encendieron las alarmas en los tribunales y dentro del Banco Nación.
El peritaje data de octubre de 2020. Y se enfocó en cómo el 6 de mayo de 2015 se extrajeron $4 millones – unos US$ 450.000 al tipo de cambio entonces vigente- de una caja de ahorro de la entonces jefa de Estado y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y su inmediato depósito en una cuenta de Los Sauces SA.
Desde su departamento en San José 1111, donde cumple su condena por corrupción, Cristina Kirchner reapareció en una entrevista con The Washington Post en la que cuenta detalles del encierro, lanza definiciones políticas y pronostica una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Además, no descarta una candidatura, pese a la prohibición judicial: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”.
“El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, dijo la expresidenta argentina sobre los comicios legislativos de Estados Unidos que se llevarán a cabo mañana y cuyo resultado podría tener un impacto en la Argentina, teniendo en cuenta el alineamiento de Javier Milei con la administración trumpista.
La Cámara de Casación resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan posibles maniobras de lavado a través de las propiedades y habitaciones de hoteles que la familia Kirchner les alquilaba a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, se desarrollen en un único juicio oral.
Así, revirtió la decisión del Tribunal Oral Federal 5, que a mediados de septiembre resolvió desdoblar los procesos. Los fiscales apelaron la medida, advirtiendo que esa decisión podría terminar comprometiendo la prueba recabada y beneficiando a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, junto a otros 17 acusados por la maniobra.
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi US$5.000.000 por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de US$3.000.000 millones en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los US$1.632.000 restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano. Luego llegaría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
En Hotesur-Los Sauces, Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado, serán juzgados por lavado, entre otros delitos.
Por eso, los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
