CÓRDOBA.- En Córdoba se escribe un nuevo capítulo de la investigación judicial sobre el presunto fraude millonario durante la gestión de Alberto Fernández con la compra de dólares oficiales que, después, se vendían al doble o más.
LA NACION reveló cómo operaba una “cueva” en el piso 20 de la Torre Prourban, el emblemático edificio cilíndrico conocido popularmente como “El Rulero”, en el barrio porteño de Retiro.
La pata cordobesa se vincula con la denuncia que hace un año hizo Guillermo Guiñazú en la Justicia Federal a parte de su familia por “presunta organización criminal dedicada, entre otras maniobras, al lavado de activos, el contrabando de divisas, la intermediación financiera no autorizada y el fraude informático”.
Los Guiñazú fueron los fundadores de la casa de cambio Maguitur, adquirida hace un tiempo por Megalatina Sociedad Anónima.
El abogado de Guillermo Guiñazú, Miguel Ortiz Pellegrini, confirmó a LA NACION que su cliente prestará testimonial de manera virtual desde Estados Unidos el próximo jueves. El letrado había acudido al fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Alberto Lozada, para que el fiscal Carlos Casas Nóblega acelerara los tiempos.
Durante el cepo cambiario, la entidad habría accedido de manera privilegiada a dólares a valor oficial a través de contactos en el Banco Central, argumentando demandas de una sociedad offshore en Florida (Estados Unidos). Después, liquidaba esas divisas en el mercado paralelo. Habrían sido cerca de US$500 millones.
La denuncia penal presentada por Guiñazú ante Casas Nóblega apunta a reconstruir cómo Maguitur S.A. habría terminado convertida en el presunto núcleo de una estructura financiera clandestina con ramificaciones en distintas provincias y en el exterior. La compañía fue fundada por José Manuel Guiñazú, padre del denunciante, que, según el planteo judicial, comenzó operando legalmente.
En 2020, la empresa fue liquidada. Para el denunciante, ese hecho no habría significado el final del negocio, sino el pasaje de la actividad formal a una supuesta operatoria que habría continuado “en negro”, a través de sociedades y de las denominadas cuevas. Sostiene que la infraestructura, la clientela y el conocimiento acumulado por la empresa original habrían sido aprovechados para sostener una nueva estructura.
La presentación propone investigar una serie de nombres —varios familiares del denunciante—, sociedades y lugares concretos. Gastón Guiñazú Boggetti, Federica Soler, Francisco Javier Lozada, Juan Pablo Mortarotti, Emiliano Guiñazú y Débora Brochero son mencionados como quienes supuestamente habrían tomado el control de distintos segmentos de la operatoria.
LA NACION habló con Gastón Guiñazú, uno de los mencionados en la presentación, quien aseguró que “es todo mentira”, y agregó: “Es un problema de sucesión; la empresa fue disuelta, como se probó en Mendoza y en Buenos Aires. No pudo presentar ninguna prueba de lo que dice”. También apuntó que su hermano está investigado en Estados Unidos. Sobre ese punto, Guillermo Guiñazú dice que ya terminó esa etapa.
Según la presentación en la Justicia de Córdoba, la exMaguitur habría seguido operando y contado con distintos nodos y vínculos con el edificio “El Rulero”. Mendoza es mencionada como uno de los principales centros, con supuestas operaciones vinculadas al traslado de divisas hacia Chile. Córdoba es otro punto y se apuntan movimientos de dinero a Salta, Bolivia, Misiones, Paraguay y Brasil.
El escrito también incluye nombres de sociedades constituidas en la Argentina y corporaciones en Estados Unidos, además de personas que, siempre de acuerdo con la hipótesis denunciada, habrían actuado como testaferros o prestanombres. Entre las sociedades mencionadas aparecen Inter Cambio SRL y Full Consulting SRL, mientras que en Estados Unidos se identifican E&D Real Investement Inc. y Aexchange Corporation.
Uno de los elementos más sensibles incorporados a la denuncia es una grabación de una conversación telefónica mantenida con María Alina Díaz. Según la denuncia, la mujer se habría contactado con Guillermo Guiñazú en noviembre de 2023 y le habría manifestado su intención de revelar información sobre el entramado societario. Habría acordado una reunión con un abogado para el 21 de noviembre, pero Díaz no llegó porque fue encontrada muerta. La presentación ofrece el audio y pide que se cite como testigo al abogado Pablo Corvalán Nanclares, a quien atribuye conocimiento sobre el encuentro pactado.
En la última presentación ante Lozada, los abogados señalan la necesidad de solicitar informes de Migraciones para reconstruir los movimientos fronterizos de personas señaladas como operadores; información fiscal, patrimonial y societaria; datos sobre cuentas y operaciones cambiarias; reportes de operaciones sospechosas ante la UIF; información de los registros de sociedades; y datos sobre propiedades y vehículos. También solicita conocer si las entidades mencionadas estaban autorizadas para realizar intermediación financiera.
Apuntan también que se deben hacer pericias contables para reconstruir los flujos financieros y detectar eventuales incrementos patrimoniales que no puedan ser justificados. Y solicita una pericia informática sobre el software que, según la denuncia, habría sido desarrollado para manipular registros contables y ocultar operaciones.
Reclama allanamientos en domicilios vinculados con las presuntas cuevas, intervención de comunicaciones de los principales investigados, inhibiciones y congelamiento de cuentas y cooperación judicial con Estados Unidos para conocer la titularidad y los movimientos de sociedades y cuentas radicadas allí.
