Hacia una sociedad de propietarios

Durante décadas, los argentinos nos acostumbramos a convivir con una anomalía que, por repetida, terminó pareciendo normal: una economía prácticamente sin crédito. Comprar una vivienda o financiar una inversión se convirtió en un privilegio reservado, en buena medida, a quienes ya tenían capital o a aquéllos que accedían a líneas de tasa barata que el Estado frecuentemente imponía al sistema bancario. Para el común de los argentinos regía una regla mucho más primitiva: ahorrar primero y comprar después. En una economía inflacionaria y con una moneda que perdía sistemáticamente su valor, ese “después” podía no llegar nunca.

El sistema castigaba, además, a quien hacía lo que una economía sana debería premiar: ahorrar. Durante largos períodos, las tasas pagadas por los bancos quedaron muy por debajo de la inflación. La respuesta racional era sacar los ahorros del sistema financiero, refugiarse en el dólar o en el ladrillo o consumir antes de que el dinero perdiera valor.

Del otro lado, se desarrolló una distorsión igualmente perniciosa: una cultura del crédito basada en la expectativa de su licuación. Endeudarse podía ser un gran negocio si se conseguía una tasa subsidiada o artificialmente baja y luego la inflación reducía el valor real de las cuotas. En lugar de construir una cultura del ahorro y del crédito, construimos una de huida del peso y otra de búsqueda de la licuación de las deudas.

Un sistema crediticio sano requiere exactamente lo contrario: que ahorrar sea razonable, que quien deposita reciba una remuneración adecuada, que quien toma prestado asuma que devolverá lo recibido y que el banco gane por intermediar correctamente entre ambos. Parece elemental, pero en la Argentina, durante demasiado tiempo, no lo fue.

Por eso, uno de los cambios más importantes que está experimentando la economía argentina merece más elogio del que recibe: el crédito al sector privado está volviendo a crecer. En julio, el crédito bancario en pesos alcanzó el 9,2% del PBI y, sumando los préstamos en moneda extranjera, llegó al 12,5%.

Seguimos, sin embargo, rezagados. Según la definición amplia y homogénea que utiliza el Banco Mundial, en 2024 el crédito al sector privado medido sobre PBI equivalía al 40% en Perú, 76% en Brasil y 104% en Chile. En los Estados Unidos superaba el 200%.

En materia hipotecaria, la distancia es todavía más impresionante. El stock de estos créditos apenas supera el 1% del PBI argentino, contra alrededor del 27% en Chile y el 50% en los Estados Unidos. Un país vecino tiene así un mercado hipotecario, en relación con su economía, más de veinte veces mayor que el nuestro.

¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta está principalmente en el déficit fiscal crónico. Durante muchos años, y muy especialmente bajo el modelo kirchnerista, el Estado funcionó como una gigantesca aspiradora de los recursos disponibles. El déficit debía financiarse mediante emisión monetaria, endeudamiento del Tesoro o, directa o indirectamente, recursos del Banco Central y del sistema financiero.

Para los bancos, prestar al Estado a tasas elevadas y con bajo consumo de capital era la mayoría de las veces más atractivo que asumir el riesgo de financiar una pyme, una familia o una inversión a largo plazo. Se produjo entonces un fenómeno conocido como crowding out: el sector público desplazó al privado del mercado de crédito. El escaso ahorro de los argentinos terminaba financiando al Estado en lugar de viviendas, máquinas, comercios y empresas.

El equilibrio de las cuentas públicas iniciado durante la presidencia de Javier Milei cambia profundamente esa ecuación. Un Estado que no gasta sistemáticamente más de lo que recauda deja también de competir por cada peso disponible. El ahorro crece y puede volver a buscar al sector privado. Dicho sencillamente: los bancos pueden volver a trabajar de bancos.

Probablemente sea en el crédito hipotecario donde este proceso tenga su manifestación social más visible. Durante 2017 y comienzos de 2018, en el gobierno de Mauricio Macri, los créditos UVA produjeron una verdadera primavera hipotecaria. Decenas de miles de familias pudieron comprar su vivienda. La posterior crisis macroeconómica interrumpió aquel proceso y complicó a los deudores con la explosión inflacionaria.

A partir de 2024 el crédito reapareció. Desde entonces y hasta el primer semestre de 2026, cerca de 65.000 familias accedieron a un crédito hipotecario.

En ese contexto adquiere especial importancia el reciente programa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que a partir de hoy colocará recursos mediante licitaciones de depósitos a plazo fijo UVA en los bancos para financiar créditos hipotecarios para primera vivienda. El mecanismo ataca un problema estructural: es difícil prestar a veinte o treinta años cuando buena parte de los depósitos puede retirarse en plazos mucho más breves.

Según las estimaciones difundidas, esos recursos podrían traducirse en 20.000 nuevas hipotecas. Detrás de cada crédito hay argentinos que sueñan: serán 20.000 familias más que transformarán ingresos futuros en patrimonio presente. Y esto es sólo el comienzo.

Hay una idea más profunda detrás de todo esto: construir una sociedad de propietarios. La vivienda propia es, en buena parte del mundo, la principal forma de acumulación patrimonial de la clase media. Una familia que paga durante veinte años una hipoteca no sólo resuelve dónde vivir: acumula capital y termina siendo propietaria de un activo que puede conservar, vender, alquilar o transmitir a sus hijos.

El razonamiento se extiende a toda la economía. El comerciante que amplía su local, el profesional que financia equipamiento, el productor que compra una máquina o la empresa que construye una planta utilizan el crédito para adelantar inversiones que generarán ingresos futuros.

Allí aparece uno de los motores del crecimiento: el ahorro se transforma en crédito; el crédito, en inversión; la inversión aumenta el capital y la productividad, y una mayor productividad permite que los salarios reales crezcan de manera sostenible. Se genera un círculo virtuoso: la estabilidad fomenta el ahorro, el ahorro permite más crédito, el crédito genera inversión y la inversión aumenta los ingresos.

Por supuesto, la expansión del crédito trae desafíos. Después de tantos años de desintermediación, bancos, empresas y familias deberán reaprender a administrar el riesgo. Habrá mora y errores al prestar y endeudarse. Será necesario mejorar la evaluación crediticia y evitar el sobreendeudamiento. El crecimiento del crédito requiere prudencia, profesionalismo y buena regulación.

Pero sería un error concluir que el crédito es el problema. Las sociedades prósperas no son aquéllas donde nadie se endeuda, sino aquellas donde una familia con ingresos previsibles puede financiar una vivienda a veinte años y una empresa con un buen proyecto no necesita acumular previamente todo el capital para realizarlo.

Para avanzar existe una condición que precede a todas las demás: preservar la estabilidad macroeconómica, pilar del programa económico de Javier Milei y su ministro Luis Caputo. No hay crédito de largo plazo en una economía que periódicamente destruye su moneda, ni ahorro profundo cuando el ahorrista debe pensar permanentemente cómo defenderse de la inflación, una devaluación o un cambio arbitrario de las reglas.

Por eso, el equilibrio fiscal tiene consecuencias que van mucho más allá de la estadística. Que el Estado deje de ser una aspiradora de crédito significa que esos recursos pueden financiar una casa, una máquina, un comercio o una fábrica. La estabilidad no es un fin contable: es la infraestructura sobre la cual se construye el largo plazo.

La Argentina recién comienza ese camino y los niveles de crédito siguen siendo extraordinariamente bajos. Pero la rueda comenzó a moverse. Si preservamos la estabilidad, cada vuelta puede darle velocidad a la siguiente: más ahorro, más crédito, más inversión, más capital, mayor productividad y mejores salarios reales.

En algunos años, quizá confirmemos que uno de los cambios más importantes de este ciclo no haya sido derrotar la inflación o equilibrar las cuentas públicas, sino que miles de argentinos volvieran a entrar a un banco, pidieran un préstamo a veinte años y pudieran imaginar que, trabajando y pagando sus cuotas, algún día esa casa sería suya.

Es mucho más que recuperar el crédito. Es una sociedad que vuelve a tener un futuro.

El autor es director del BCRA y expresidente del Banco Provincia