El presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada prometiendo una lucha sin cuartel contra la “casta” y, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el discurso de apertura de sesiones del pasado 1 de marzo, defendió el “achicamiento del Estado” como su principal política en ese sentido.
“Cerramos más de 200 áreas del Poder Ejecutivo con funciones duplicadas u obsoletas, y echamos a más de 40.000 empleados públicos, cuyos sueldos cargaban sobre las ya castigadas espaldas del sector privado”, dijo el sábado pasado en el Congreso, horas después de que esa lista fuera engrosada con 2 mil nuevos cesanteados.
El viernes por la noche, las redes sociales habían sido el espacio en el que trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y del Ministerio de Capital humano dieron a conocer sus sorpresivas desvinculaciones.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calculó que fueron más de dos millares los de esta nueva tanda y, por ello, convocó a protestas en las calles para hoy, el primer día hábil de la semana.
“Estas nuevas cesantías sólo se corresponden con un Gobierno que niega la justicia social desde el primer día y nunca consideró que es el Estado el que debe articular el bien común y promover el desarrollo humano”, señaló Rodolfo Aguiar, el secretario General de ese gremio.
La mayor parte de los telegramas cayeron sobre el personal del ministerio que conduce Sandra Pettovello, en particular sobre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); la Acumar; la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes; y la Dirección Nacional de Arquitectura.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, el número arrojado por el presidente Milei ante diputados y senadores se quedó corto: Entre noviembre de 2023 y enero de 2025, la dotación de personal se redujo en 43.778 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 12,8%.
Además de convocar a un nuevo plenario para esta semana, hoy las protestas de ATE comenzarán desde las 9:30 en el Instituto Social Militar “Dr. Dámaso Centeno”; luego en la sede central de Acumar, y continuará en el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social.
“La motosierra no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo”, dijo Milei
“Este accionar sólo se corresponde con un Gobierno que niega la justicia social desde el primer día y nunca consideró que es el Estado el que debe articular el bien común y promover el desarrollo humano. Es por esto que recortan servicios públicos esenciales sin ninguna justificación o argumento técnico y profesional”, dijo Aguiar.
Radiografía del recorte
Analizando por sector, la mayor parte del recorte realizado por Milei recae sobre las empresas públicas y sociedades estatales; en segundo lugar, en la Administración descentralizada; y en tercer y cuarto lugar en la Administración centralizada y desconcentrada respectivamente.
Si el análisis hace foco en las Empresas o Sociedades del Estado, la delantera, por mucho, recae sobre el Correo Argentino, que sobrepasa los 4.700 despidos. En segundo lugar, se ubica ARCA, la ex AFIP, con 1.694 empleos destruidos. Luego se encuentras empresas y organismos públicos como Aerolíneas Argentinas (-1.558), AySA (-1.463), Conicet (-1.422), Anses (-1.272) y el Enacom (- 719).
Párrafo aparte merece los 765 despidos en el Banco Nación, en un contexto donde el gobierno hizo explícita su intención de privatizarlo; y del sistema ferroviario nacional, expresado en los recortes en la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (-1.333) y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (-1.075).
Al analizarlo porcentualmente, es decir la reducción de personal en relación con el tamaño de su dotación, el primer lugar es para Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, con una liquidación total ya que su planta se reduce en 99,7%. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales vio reducida su dotación en 60%, mientras que fue descartado 52% del personal del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte.
Mientras tanto, el presidente, lejos de anunciarse satisfecho, aclaró que es necesario “seguir pasando la motosierra profunda por el Estado para remover capas geológicas de gasto injustificado y achicar el Estado en serio”.
Además de llamar a Provincias y a Municipios a cumplir con el Pacto de Mayo en el que se acordó que el gasto no podía superar el 25% del PBI, recalcó que su objetivo es claro: “La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de estado
que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo”.