Un jurado federal de Minnesota declaró culpables a Gabriel Adam Alexander Luthor, de 40 años, y a Elizabeth Christine Brown, de 43, de defraudar a Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas por más de USD 15 millones, según informó el 20 de noviembre la Fiscalía federal del Distrito de Minnesota.
Cómo funcionaba el esquema
El veredicto se emitió el 19 de noviembre, tras un juicio de 11 días ante el juez federal Eric C. Tostrud. Ambos fueron hallados culpables de los siete cargos: seis de fraude electrónico y uno de lavado de dinero. Habían sido imputados el 6 de marzo de 2025.
Según la Fiscalía, la pareja usó su empresa de neurorretroalimentación —técnica que busca entrenar la actividad cerebral mediante sensores y es ampliamente usada en clínicas privadas de Estados Unidos—, Golden Victory Medical (GVM), para enviar facturas falsas. Cobraron servicios que nunca se prestaron, otros hechos por técnicos sin licencia a nombre de profesionales habilitados y horas de atención inexistentes: en 586 días, GVM facturó más de 24 horas de atención.
Los pacientes eran, con frecuencia, ancianos que no salían de su casa o estaban en cuidados paliativos. Como la neurorretroalimentación no la cubren Medicare ni casi ningún seguro privado, facturaban otros servicios, como evaluaciones neuroconductuales y psicológicas. Tampoco cobraban copagos, lo que hizo que muchos pacientes no advirtieran los montos.
El destino del dinero y las advertencias
Con lo obtenido compraron autos de lujo y una mansión de 9.000 pies cuadrados (837 metros cuadrados) en Eden Prairie, Minnesota, además de pagar viajes a Vail y Miami y cuentas de más de USD 10.000 en clubes nocturnos. También movieron unos USD 350.000 por varias cuentas para financiar una inversión en perforación de pozos de agua en la República Democrática del Congo. GVM llegó a abrir clínicas en Oklahoma, Kansas y Florida.
La Fiscalía sostuvo que los acusados recibieron advertencias año tras año. Una colega de Brown denunció su facturación ante las juntas de enfermería de Nevada y Minnesota, y un auditor externo concluyó que solo el 9% de los códigos de facturación tenía respaldo. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) suspendieron los pagos, y la pareja despidió al director ejecutivo y a un contratista que les advirtieron del problema.
“Los acusados se aprovecharon de pacientes ancianos y los vieron como un cajero automático”, afirmó el fiscal federal Daniel N. Rosen.
El caso se enmarca en un problema de escala mayor: el fraude a los sistemas de salud pública de Estados Unidos cuesta miles de millones de dólares al año. En junio de 2025, el Departamento de Justicia anunció el mayor operativo antifraude en salud de su historia, con cargos contra 324 personas por pérdidas de USD 14.600 millones. Según la Asociación Nacional contra el Fraude en Salud (NHCAA), entre el 3% y el 10% del gasto sanitario anual del país se pierde por estas prácticas.
Las penas previstas para los delitos imputados
El fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión y el lavado de dinero con hasta 10. Ambos permanecen en libertad bajo condiciones impuestas por el tribunal mientras se aguarda la fecha de sentencia, aún no fijada. El juez Tostrud ordenó informes presentenciales para los dos acusados y dispuso que Luthor resida en una casa de reinserción en Minnesota con restricción de viajes al estado.













