Tres años después de que el gusano barrenador del Nuevo Mundo rompiera la barrera de contención en Panamá, Estados Unidos enfrenta una crisis sanitaria y ganadera que sus propios funcionarios reconocen como el resultado de respuestas tardías, transiciones políticas desordenadas y una cadena de suministro biológico que todavía produce apenas una fracción de las moscas estériles necesarias para contener el parásito.
El primer caso en territorio estadounidense fue confirmado el 3 de junio de 2026. Para entonces, el país no contaba con ninguna planta propia de producción de moscas estériles, el único método probado para combatir la plaga, y dependía enteramente de instalaciones en Panamá y México que, sumadas, generaban unos 150 millones de moscas por semana, informó Reuters.
La cifra equivale a menos de un tercio de los 500 millones semanales que los expertos señalan como umbral mínimo para contener el avance del parásito al sur de Panamá, el mismo volumen que se necesitó durante la campaña de los años sesenta que erradicó el gusano barrenador del territorio estadounidense.
La barrera se rompió en 2023 y la respuesta llegó tarde
A fines de febrero de 2023, funcionarios panameños registraron cerca de 800 casos del parásito en la selva del Darién, la última línea defensiva natural de América del Norte.
La Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador (COPEG), financiada principalmente por Washington, decidió en abril de ese año elevar la producción de moscas estériles de 20 millones a 100 millones semanales.
Sin embargo, la planta de Panamá tardó 19 meses en alcanzar esa meta: recién llegó a los 100 millones semanales en noviembre de 2024. Para ese momento, las autoridades ya sabían que esa cifra era insuficiente.
Panamá declaró la emergencia sanitaria en julio de 2023 e intensificó los controles sobre el movimiento de ganado. En diciembre de ese año, la administración del entonces presidente Joe Biden anunció casi USD 110 millones en financiamiento adicional para detección del parásito y producción de moscas estériles en Panamá y otros países. Pero el dinero llegó cuando el gusano ya avanzaba hacia el norte.
Estados Unidos construye su planta, pero no estará lista hasta 2027
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no comenzó a discutir seriamente la construcción de una instalación propia hasta noviembre de 2024. El presidente Donald Trump cerró la frontera con México al ingreso de ganado en mayo de 2025, una medida que se extendió por más de 15 meses y afectó un comercio bilateral valuado en miles de millones de dólares.
A medida que la frontera comenzó a reabrirse en 2026, decenas de casos fueron confirmados en ganado estadounidense, con un total de 120 registrados hasta ahora.
En marzo de 2026, la administración Trump adjudicó un contrato de USD 610 millones a la empresa M.A. Mortenson para construir la planta en la Base Aérea Moore, en Edinburg, Texas, donde funcionó una instalación similar que fue clave en la campaña de erradicación de los años sesenta.
El USDA estimaba inicialmente que la obra podría tomar hasta cinco años; la presión política acortó ese plazo. La secretaria de Agricultura Brooke Rollins informó en septiembre que el secretario de Defensa Pete Hegseth colocó el proyecto en el tope de la lista de prioridades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, reduciendo el plazo a unos 18 meses.
John Bellinger, asesor de Rollins en el tema y miembro del Consejo de Regentes de la Universidad Texas A&M, afirmó ante ese organismo que, con una inversión adicional de USD 250 millones, la apertura de la planta se adelantó al 1° de abril de 2027. La portavoz del USDA, Nancy McNiff, sostuvo que la agencia “actuó con urgencia y exploró todas las vías prácticas para llevar más moscas estériles al campo lo antes posible”.
La entomóloga Sonja Swiger, de Texas A&M, fue más directa al ser consultada por Reuters: “No tenemos suficientes moscas. Lo supieron de inmediato”.
El parásito consume tejido vivo y puede matar animales sin tratamiento
El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una larva que se desarrolla en la herida abierta de un animal vivo, destruye el tejido y, si no se trata a tiempo, puede causar la muerte. Una sola mosca puede depositar hasta 3.000 huevos. Los antecedentes de control son contundentes: la técnica del insecto estéril erradicó el parásito de Estados Unidos en 1966 y contuvo un rebrote en Florida en 2017.
El método funciona porque los machos estériles producidos en fábrica se aparean con hembras silvestres cuyos huevos no eclosionan. Su eficacia depende, sin embargo, de un flujo constante y suficiente de moscas. Si la cadena de suministro se interrumpe o resulta insuficiente, el parásito recupera terreno.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en México y los países de América Central se registraron más de 209.400 casos en animales y más de 2.850 en personas desde que el brote fue identificado.
Para agosto de 2025 se confirmó un caso en un ciudadano que regresó a Estados Unidos tras viajar a El Salvador; hasta ahora, no hay registros de infestaciones en humanos adquiridas localmente en territorio estadounidense.
Los CDC advierten que el riesgo para el público general es muy bajo, aunque recomiendan mantener las heridas cubiertas y usar repelentes en zonas de circulación del parásito.
La cadena de moscas estériles sigue siendo el único escudo disponible
Con la planta texana sin funcionar todavía, la defensa de Estados Unidos depende de los vuelos de distribución de moscas estériles producidas en Panamá y Metapa.
Las liberaciones de COPEG se trasladaron hacia la frontera entre Texas y México en febrero de 2026. Algunos expertos calculan que podría llevar hasta una década empujar la infestación de regreso al sur de Panamá.
La capacidad combinada actual de 150 millones de moscas semanales sigue siendo inferior al umbral recomendado por los especialistas para contener el parásito. Mientras la planta de Texas no entre en operación, prevista para la primavera de 2027, América del Norte continuará en una posición de vulnerabilidad que, según los propios registros del gobierno y los testimonios de quince funcionarios y expertos relevados por Reuters, tiene su origen en años de demoras acumuladas.
