El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que conmutará las 548 condenas a muerte vigentes en el estado por penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
La medida no elimina la pena capital de la legislación californiana ni impide que fiscales, jurados y tribunales la soliciten o impongan en causas futuras. Sin embargo, cambia el destino de los 529 hombres y 19 mujeres que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte, informó Associated Press.
Asimismo, la Constitución estatal exige la aprobación de la Corte Suprema de California para otorgar clemencia a quienes hayan sido condenados por más de un delito grave. Según cifras difundidas por la oficina del gobernador, 382 de las 548 conmutaciones, cerca del 70%, requerirán esa revisión.
En una carta, Newsom sostuvo que la ejecución por parte del Estado es “incompatible con los valores de California” y perjudica la justicia. “No podemos ejecutar personas en nuestro imperfecto sistema legal y, al mismo tiempo, ser fieles a nuestros valores fundamentales, entre los que destacan la justicia y la dignidad humana”, escribió.
De acuerdo con The New York Times, la decisión anula cerca de una cuarta parte de todas las sentencias de muerte que permanecen vigentes en Estados Unidos y constituye la mayor conmutación colectiva de penas capitales de la historia moderna estadounidense, por encima de las 167 que el gobernador republicano George Ryan dejó sin efecto en Illinois en 2003.
Newsom mantuvo desde 2019 la suspensión de las ejecuciones
El gobernador impuso una moratoria sobre las ejecuciones al inicio de su mandato, en 2019. California no ejecuta a una persona desde 2006, aunque el electorado rechazó en 2012 y 2016 iniciativas para abolir la pena de muerte; en la segunda de esas votaciones, además, aprobó una propuesta para acelerar los casos de los condenados, precisó CBS News.
Newsom, quien dejará el cargo en dos meses, calificó la resolución como una de las decisiones más difíciles de su carrera “no porque dude de su necesidad para nuestro estado, sino porque sé que su anuncio puede traer a la memoria recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas”.
A su vez, señaló que, como gobernador, es “el único responsable de esta decisión y de sus consecuencias, del mismo modo que sería el único responsable de cada ejecución”.
La determinación podría enfrentar demandas judiciales. Anne Marie Schubert, exfiscal de distrito de Sacramento y titular de la Criminal Justice Legal Foundation, que representa a víctimas de delitos, anticipó a The New York Times que planea demandar al gobernador y alegó que cada expediente debe recibir una evaluación individual por parte del tribunal.
Otros especialistas citados por el medio consideran que el tribunal podría analizar los pedidos de manera conjunta, en el caso de que Newsom fundamente la clemencia en una objeción moral a la pena capital.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que mantiene una impugnación judicial contra el estatuto de pena de muerte de California por considerarlo discriminatorio e inconstitucional, celebró la medida. Su director ejecutivo, Anthony Romero, afirmó a Associated Press que las conmutaciones ponen fin a “un castigo racista, propenso a errores e inhumano”.
Entre los reclusos alcanzados figuran Richard Allen Davis, condenado por el secuestro y asesinato de la niña Polly Klaas en 1993; Cary Stayner, condenado por matar a cuatro mujeres cerca de Yosemite en 1999; y el asesino serial Charles Ng.
