Fórmula contaminada, sin condenas y USD 385 millones: el acuerdo al que llegó un laboratorio estadounidense con la Justicia
Fórmula contaminada, sin condenas y USD 385 millones: el acuerdo al que llegó un laboratorio estadounidense con la Justicia

En 2022, Abbott Laboratories —el mayor fabricante de fórmula infantil en polvo de Estados Unidos— retiró del mercado sus principales marcas, entre ellas Similac, tras detectarse una bacteria potencialmente mortal en su planta de producción en Sturgis, Míchigan.

El desabastecimiento que siguió dejó a miles de familias sin acceso a uno de los alimentos básicos para recién nacidos y derivó en una emergencia sanitaria de alcance nacional.

La bacteria en cuestión era la Cronobacter sakazakii, un microorganismo que puede causar meningitis y sepsis en bebés, y cuya presencia en un entorno de producción de alimentos constituye una falla grave de control sanitario. Las autoridades federales abrieron una investigación que se extendió por cuatro años.

Ese proceso cerró la semana pasada con un acuerdo civil: Abbott pagará casi USD 385 millones al Departamento de Justicia (DOJ) y a un grupo de estados, sin admitir culpa ni enfrentar cargos penales.

El mecanismo utilizado fue la False Claims Act, una ley federal que permite al gobierno reclamar daños cuando una empresa defrauda a programas estatales al venderles productos que no cumplen los requisitos exigidos.

El Departamento de Justicia enfrenta críticas de legisladores y ex fiscales que consideran que la institución priorizó acuerdos extrajudiciales por encima de la persecución penal en casos corporativos de alto impacto público (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El DOJ optó por la vía civil pese a que los fiscales querían cargos penales

La causa tuvo una arista que generó controversia interna en el propio gobierno. Fiscales federales intentaron avanzar con cargos por delitos graves contra Abbott y contaron con el respaldo de Tysen Duva, el fiscal general adjunto de la División Criminal del DOJ. Sin embargo, los líderes de la institución bloquearon esa vía.

Un alto funcionario del DOJ afirmó ante CBS News en febrero que la resolución civil era “el mejor mecanismo para lograr responsabilidad, disuasión y protección del público”.

La compañía, por su parte, sostuvo que el acuerdo “no representa ningún hallazgo de culpa o responsabilidad”.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal, fue uno de los funcionarios que impulsó cargos penales contra la empresa, una postura que la cúpula del Departamento de Justicia terminó descartando (Department of Justice)

La planta ocultó resultados de contaminación a la FDA durante años

Las acusaciones del DOJ apuntaron a prácticas deliberadas dentro de la planta. Según la institución, Abbott no tomó medidas para reparar filtraciones en el techo y recurrió a “soluciones temporales” que dejaron los productos expuestos al riesgo de contaminación microbiológica.

Además, el DOJ aseguró que la empresa “intencionalmente no realizaba pruebas para detectar crecimiento bacteriano” con el fin de evitar resultados positivos.

En los casos en que las pruebas sí arrojaron indicios de microcontaminación, Abbott no informó esos resultados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) durante las inspecciones de 2019 y 2022.

Stanley Woodward, fiscal general asociado, afirmó: “Ninguna empresa debería apostar con la salud y la seguridad de los bebés del país al permitir que condiciones insalubres persistan en una planta que fabrica fórmula infantil”, afirmó.

La Administración de Alimentos y Medicamentos inspeccionó la planta de Abbott en 2019 y en 2022, pero la empresa no le informó en ninguna de las dos ocasiones los indicios de contaminación que sus propias pruebas habían detectado (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El retiro de 2022 disparó la crisis y derivó en una investigación del Congreso

El retiro se produjo tras denuncias de familias que asociaron enfermedades en sus bebés con productos elaborados en esa planta.

La compañía aclaró que las pruebas realizadas por reguladores gubernamentales sobre envases cerrados de fórmula provenientes de los hogares de los bebés investigados dieron resultado negativo para Cronobacter sakazakii, la bacteria señalada como responsable.

Lo que comenzó como un retiro de productos derivó en cuatro años de litigios, presiones políticas y un debate sobre los límites de la responsabilidad corporativa en el sistema de justicia federal estadounidense (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

El cierre de la investigación penal no pasó sin consecuencias políticas. En julio de 2026 Adam Schiff, el senador por California, inició una indagación parlamentaria sobre la decisión del DOJ.

“Si enjuiciar casos que involucran riesgo de lesiones o muerte en bebés prematuros no es una prioridad, tengo preguntas sobre qué prioridades considera dignas el DOJ”, escribió Schiff en una carta al Fiscal General Todd Blanche.

El senador demócrata por California es uno de los legisladores más activos en el control de la gestión del fiscal general Todd Blanche, a quien ya había cuestionado por decisiones en otros casos de alto perfil (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El caso de Abbott se inscribe en un patrón más amplio. También en 2026, el DOJ permitió que Alibaba firmara un acuerdo de no enjuiciamiento y pagara USD 600 millones.

Pese a que los fiscales a cargo consideraban tener pruebas de que la empresa era responsable de delitos graves al permitir la venta de drogas peligrosas, químicos y prensas para pastillas a clientes estadounidenses durante ocho años.