El viernes pasado a las 19.01, el presidente Javier Milei promocionó desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, que movió US$4000 millones en minutos para después desplomarse y dejar un tendal de damnificados. Desde entonces, hubo una secuencia de excusas y argumentos de dirigentes libertarios y aliados que buscaron auxiliar al Presidente de este momento de crisis.

Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, apeló a sus redes sociales para plantar su postura. “No dijo que compren salamín con queso. En la página que compartió podías anotarte para participar por fondos. No para comprar tokens”, escribió en la red X la legisladora, una de las dirigentes de mayor confianza del Presidente.

Otra diputada libertaria avivó la polémica y fue Marcela Pagano, que argumentó que Milei no es Presidente las 24 horas. “No se hagan los rulos! El tweet de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función. El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, reaccionó Pagano.

Juliana Santillán, otra diputada libertaria, expuso sobre la honestidad y valoró la palabra de Milei.

Patricia Bullrich, una de las primeras del Gabinete en hablar, señaló: “Lo que pasó fue como una bomba atómica para tratar de bajar al Presidente de un hondazo. Es una cosa increíble pedir un juicio político por un tuit”. La ministra de Seguridad priorizó el contraataque ante las primeras reacciones opositoras, que amenazan con activar una comisión investigadora en el Congreso o avanzar con un improbable juicio político, hasta ahora una posiblidad que blandió el kirchnerismo. Bullrich luego justificó al Presidente. “Milei consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y sacó un tuit. Ese tuit tuvo solo la intención de mostrar cómo se podían financiar pequeñas empresas, después cada uno toma su decisión”, dijo en Radio Rivadavia.

“El Presidente es lo mejor que le pasó al país en 100 años”, tuiteó el ministro de Economía, Luis Caputo, que ayer se involucró en la campaña electoral porteña durante una recorrida por el barrio de Palermo, donde firmó dólares, pero también recibió quejas por el aumento de las tarifas.

“A los golpistas y enfermos mentales que quisieron amenazar con hacerle juicio político al Presdiente por un tweet, no pasaran hijos de puta”, escribió en X Juan Doe, director nacional de Comunicación Digital de la Secretaría de la Presidencia.

Los aliados de Pro también se apresuraron en reaccionar. El diputado nacional Diego Santilli, que está a un paso de dar el salto a La Libertad Avanza, primero defendió al Presidente y luego habló del caso porque su hijo es uno de los que invirtió en $LIBRA.

Diego Santilli habló sobre el escándalo cripto

“Para mí hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al propio Presidente. El Presidente cree en lo que viene en el mundo y es una manera de ver el futuro”, intentó justificar a Milei. Uno de los damnificados por la presunta estafa fue Teo Santilli Pazos, hijo del diputado y de la periodista Nancy Pazos. “Se va a armar un lío acá. Ante tu certeza de que no había argentinos tuve que decir el nombre”, reveló Pazos hoy en Telefé al decir que su hijo fue uno de los inversores en $LIBRA.

También Cristian Ritondo, presidente del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, defendió a Milei y ratificó su alineamiento con la gestión oficialista. “Los que fundieron la Argentina ahora piden juicio político”, en alusión al reclamo que hizo público Unión por la Patria y que será elevado al Congreso. “Lo que debemos hacer es lo que estamos haciendo, que es pedir, como lo está haciendo el Gobierno, una investigación a fondo. El Presidente así lo estableció”, dijo hoy Ritondo, antes de una cumbre de dirigentes de Pro. Y agregó: “No queremos sumarnos a la especulacion del club de los fracasados que creen que se pueden llevar puesto un gobierno. Lo importante es que se investigue tal como lo decidió el Gobierno. Hay una investigación udical y otra interna”.