El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha propuesto un reto ambicioso: transformar el modelo de cuidados para quienes necesitan apoyo, ya sean mayores, personas con discapacidad, con dependencia, sin hogar, así como para niños, niñas, adolescentes en el sistema de protección. Con ese objetivo, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una estrategia estatal que contempla una dotación de 1.300 millones de euros hasta 2027, un proyecto que exige la “reorientación de las políticas públicas y de la financiación” y que también requerirá “un cambio de mentalidad”.
“El futuro no pasa por construir más macroresidencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su barrio o en su pueblo con sus seres queridos todo el tiempo que sea necesario”, ha manifestado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al tiempo que ha destacado el papel fundamental de las comunidades autónomas en esta estrategia cuyo objetivo es “fomentar los cuidados a domicilio y en entornos comunitarios”.
Se estima que en España entre 4,5 y 6,5 millones de personas necesitan algún tipo de apoyo o cuidados, lo que supone el 10% de la población, de ahí la importancia de este proyecto, ha recordado el ministro. De ese total, al menos 350.258 viven en residencias: 288.765 son mayores de 65 años, 32.934 son personas con discapacidad, 17.061 son niños, niñas y adolescentes en acogimiento y 11.498 se encuentran en situación de sinhogarismo.
El ministro también ha explicado que los 1.300 millones de euros provienen de los Fondos Estructurales de la Unión Europea y que en su mayor parte se destinarán a las Comunidades Autónomas para que puedan implementar ese cambio de modelo, mientras que la financiación de los mismos se irá complementando en los años sucesivos con un despliegue a través de los Planes Operativos.
Un enfoque “comunitario”
Este nuevo modelo implica dejar atrás un sistema “basado en entornos institucionalizados”, en la cultura asistencialista, para avanzar hacia un “enfoque comunitario” donde las personas puedan elegir “dónde, cómo y con quién vivir”, según señala el documento aprobado por el Gobierno. La nueva estrategia también pretende mejorar las condiciones laborales del sector de los cuidados, con el objetivo de que sea “más atractivo”, puesto que tiene un gran potencial de generación de empleo dado el aumento de la población con necesidades de apoyo.
Otro de los objetivos de este ambicioso proyecto es “reducir la desigualdad de género”, pues son principalmente las mujeres quienes sostienen el sistema de cuidados en España, lo cual limita su autonomía, desarrollo profesional y calidad de vida. Según los datos del ministerio, actualmente casi el 70% de las personas en situación de dependencia son atendidas únicamente por algún integrante de la familia, principalmente mujeres, algo que también ocurre con las personas con discapacidad. Además, muchas de ellas son migrantes con condiciones precarias.
La estrategia contiene cinco ejes de actuación: la activación de mecanismos de prevención de dinámicas de institucionalización, fomentar la participación de las personas y la concienciación social, la transformación de los modelos actuales de cuidado, el desarrollo de servicios para la transición hacia la vida en la comunidad y, por último, una serie de condiciones habilitadoras para hacer posible la desinstitucionalización.