El descreimiento del mercado sobre las proyecciones económicas del Gobierno quedó expuesto de manera elocuente en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, donde por primera vez se traspasó el umbral psicológico de los tres dígitos para la inflación. Pero en realidad, la lectura entrelíneas de esa encuesta deja conclusiones aun más graves.
Una de las principales es que la expectativa de devaluación no corrió a la misma velocidad que la de inflación. De manera que los principales economistas del país esperan que, al contrario de lo prometido por el Gobierno, el año próximo se acumulará un importante atraso cambiario.
El pronóstico de inflación para el año próximo fue revisado al alza y ahora se ubica en 90,5%, en un fuerte contraste con el objetivo de 60% que defiende el equipo de Sergio Massa. Pero la expectativa de devaluación es mucho más baja: se espera que el dólar oficial pase de $173 en diciembre próximo a $310 un año más tarde, lo que implica una suba en la cotización de 79%.
Esto implica que, para el año próximo, se espera una “inflación en dólares” de 6,4%. Un número que resulta más grave si se considera que se acumulará al atraso cambiario que ya se pronostica para 2022: con una suba del dólar oficial de 68%, este año la inflación dolarizada alcanzará a 19%.
Esa percepción de los bancos y consultoras que responden a la encuesta REM contradice una de las premisas fundamentales del presupuesto 2023 que se está debatiendo en el Congreso: que la política económica ya no recurriría al dólar como ancla inflacionaria y que no se incurriría en un retraso del tipo de cambio.
Más bien al contrario, los números presentados por Massa hasta implican que la tasa de devaluación del año próximo superará levemente a la inflación: 62% contra 60%. En realidad, la evolución pareja de ambas variables ha sido una de las promesas incumplidas del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, un organismo que tradicionalmente ha hecho un culto del tipo de cambio flotante y que aborrece del recurso de apreciar las monedas locales como factor de estabilización.
El ministro Sergio Massa argumentó ante la comisión de Diputados que la previsión de 60% de inflación es realista
Se agrava la inflación en dólares
La “inflación en dólares” siempre ha sido relevante para el país, porque es uno de los termómetros sobre qué tan cerca está el riesgo de una devaluación brusca. La historia reciente muestra que cada vez que el país ha caído en la tentación de “planchar” al tipo de cambio como estrategia para frenar la inflación, eso generó distorsiones que llevaron a devaluaciones bruscas.
Y es una situación que no sabe de ideologías ni colores partidarios. Le pasó en enero de 2014 al entonces ministro Axel Kicillof -como recordó recientemente la ex presidente Cristina Kirchner en uno de sus discursos públicos donde enfocó el problema de la “economía bimonetaria”-. Pero también le ocurrió a la gestión macrista, que sufrió la escapada del dólar en 2018 incluso con los dólares que le prestó el Fondo Monetario para calmar -sin mucho éxito- a un mercado nervioso.
Y el dato inquietante es que cada devaluación ocurrió después de períodos en los que se acumuló una inflación en dólares de más de dos dígitos. Es decir, algo parecido a lo que ha ocurrido en los últimos dos años.
Esto es lo que lleva a los economistas a mostrarse escépticos con la receta del “crawling peg” como forma de evitar el retraso cambiario y creen que, tarde o temprano, el Gobierno deberá convalidar un salto del tipo de cambio.
El crawling peg, ¿frena o acelera?
Uno de los puntos que se debatieron en las últimas semanas es si la aplicación del “dólar soja” puede ser el preludio de una corrección cambiaria, dado que el Gobierno se siente más seguro en el control de las variables económicas después de haber reforzado las reservas del BCRA.
Es un tema polémico, dado que lo tradicional es que el orden sea el inverso. Es decir, que la acumulación de reservas sea una consecuencia de haber devaluado previamente, y no al revés.
El Banco Central aceleró la velocidad devaluatoria y llevó la tasa de septiembre a 6,19%
En todo caso, los funcionarios niegan de plano que se esté pensando en una corrección brusca. Alegan que no hay necesidad, porque la economía no está en un momento de baja competitividad internacional, y que además una devaluación aceleraría el ritmo inflacionario, lo que supondría agravar la situación social.
Lo cierto es que el texto del presupuesto 2023 está diciendo tácitamente que la tasa devaluatoria para el año próximo se ubicará en un promedio mensual de 4%. Es una cifra que parece alejada de la realidad, cuando el “crawling peg” del mes pasado fue del 6,2%.
La expectativa del mercado, a juzgar por la encuesta REM, es que esa velocidad devaluatoria se ubicará en 5% promedio por mes, con lo cual el tipo de cambio oficial se deslizaría un 79% en el año.
Para que no haya retraso cambiario durante 2023 -es decir, para que el dólar evolucione un 90% en el año, parejo con la inflación que pronostica el REM-, entonces se necesitaría que el “crawling peg” se ubicara un escalón por encima, en un promedio de 5,5% mensual.
Un superávit modesto
Pero las malas noticias no terminan ahí: precisamente como consecuencia del retraso cambiario que se espera para el año próximo, la expectativa de los economistas es que el superávit de la balanza comercial del 2023 sea drásticamente inferior al que proyectan las cuentas oficiales.
En el texto del presupuesto se establece que, con unas exportaciones que crecerán a una tasa tres veces y media mayor que las importaciones, se recuperará un saldo robusto, del orden de u$s12.300 millones, lo cual ayudaría a recomponer las reservas y estabilizar las finanzas. Es un objetivo ambicioso, que se acerca a los u$s14.750 alcanzado en 2021, y que implicaría una mejora de 60% respecto del superávit esperado para este año.
Pese a medidas restrictivas de importaciones, economistas prevén superávit comercial inferior al que proyecta el Gobierno
Los funcionarios han argumentado por qué creen que es factible. El factor fundamental será el energético, según especificó Miguel Pesce, presidente del Banco Central. Los avances en el gasoducto de Vaca Muerta y la baja de precios en el mercado internacional del gas hará que esas importaciones que este año llegaron a representar un 30% del total, volverán a sus números normales.
Además, también confían en contener las importaciones gracias al nuevo esquema anunciado por Massa, que agranda las posiciones arancelarias incluidas en el sistema de licencias no automáticas.
Sin embargo, estos anuncios no parecen haber conmovido las expectativas del mercado, que cree que el año próximo se volverá a ver un superávit de volumen modesto.
En el sentido opuesto al que sostiene el Gobierno, la encuesta REM está corrigiendo a la baja su previsión de exportaciones y al alza la de las importaciones. Y pronostica que el año próximo dejará un saldo de u$s7.000 millones, una mejora casi marginal respecto de los u$s5.569 que espera para 2022.
Un presupuesto con ajuste
Los cuestionarios realizados en el Congreso por parte de la oposición a los funcionarios que concurrieron a explicar las premisas del presupuesto dejan en claro que los diputados comparten el mismo escepticismo que se denota de las encuestas entre economistas.
Sin embargo, todo indica que el texto del proyecto de ley no tendría mayores inconvenientes en ser aprobado con el voto de la gran mayoría de los legisladores de la oposición. El motivo es de orden político: ya el año pasado el presupuesto quedó rechazado, y no se quiere incurrir en la misma situación por segundo año consecutivo.
A pesar del descreimiento sobre las proyecciones planteadas por Massa, el presupuesto será aprobado por el Congreso
El “shutdown” de la administración pública con el que amenazó Massa resultó suficientemente disuasivo como para que el bloque opositor se convenciera de que no le conviene políticamente que se lo haga responsable de una parálisis del aparato estatal.
En cambio, para dar su voto a un proyecto repleto de proyecciones en las que no cree, la oposición quiere poner la condición de que se establezca una especie de “gatillo automático” ante la situación, bastante probable, de que la inflación sobrepase el 60% que prevé el equipo de Massa.
La argumentación es que el Gobierno puede estar subestimando intencionalmente la inflación porque esto implica también bajar el número de la recaudación impositiva, que está íntimamente ligada a la aceleración de los precios. Y eso le daría al Gobierno la posibilidad de utilizar en forma discrecional los recursos “extraordinarios” que llegarían como consecuencia de la inflación. Algo que, en pleno año electoral, genera las sospechas de una utilización política al estilo del “Plan Platita”.
Por ende, esa cláusula que impulsa la oposición en el presupuesto 2023 operaría como un reaseguro de que, ante una probable suba de la recaudación tributaria, se mantendrá el control sobre la asignación del gasto.