Los principales bloques de diputados de Juntos por el Cambio expusieron este jueves las propuestas de modificaciones al presupuesto 2023, que seguirá debatiéndose la semana que viene para llegar al recinto el miércoles 26, como había pautado la presidenta de la Cámara Cecilia Moreau con los jefes de todas las fuerzas políticas.
Y una de las condiciones que exigió el diputado del PRO Luciano Laspina para acompañar fue congelar el nombramiento de personal en todos los niveles del Estado (organismos y empresas públicas), ya sea de planta permanente como de contratos de monotributo.
“La oficina de presupuesto identificó 3100 cargos que se crean. Puede haber una parte que sea pase a planta permanente. Dejemos eso y veamos qué se consigue con el resto”, propuso Laspina, quien de todos modos elogió el “ajuste” del presupuesto y lo consideró un “cambio histórico en el kirchnerismo”.
Aunque cuestionó que el recorte se haya centrado en la reducción de subsidios económicos “que redunda en más tarifas al sector privado”, la baja de transferencias a las provincias y a las universidades. “Hay gastos en el Estado que podrían revisar, como los 27 mil millones para el plan previaje, que se usa para desayunar en el (hotel de Bariloche) Llao Llao”.
Aún con los elogios por el ajuste, en Juntos por el Cambio exigen a Sergio Massa más garantías de control de gasto, para evitar que un hipotético nuevo gobierno herede deudas e incumplimientos.
Laspina tomó la propuesta que hizo Massa durante su presentación del presupuesto, que consiste en una cláusula gatillo que lo obligue a detallar nuevas partidas si la inflación es mayor al 60% estimado y por lo tanto permitió sumar recaudación.
La oficina de presupuesto identificó 3100 cargos que se crean. Puede haber una parte que sea pase a planta permanente. Dejemos eso y veamos que se consigue con el resto.
“Es redundante, porque ya lo establece la ley de administración financiera. De hecho se hizo en 2020”, minimizó el santafesino, pero de todas maneras valoró la oferta del ministro y pidió pasarla al papel. Pero a los diputados oficialistas no le convence obligar al gobierno a negociar con la oposición un aumento de gastos en plena campaña electoral.
Tampoco atrae la otra propuesta de Laspina: que los gastos devengados en 2023 y no cancelados a final de año se puedan pagar con bonos del tesoro, con fecha de hasta 10 años. “Los proveedores de obra pública no lo aceptarían y paralizarían todo”, especularon en el Frente de Todos.
Los bloques de JxC no mostraron coordinación en los reclamos, un dato a favor del Frente de Todos que si logra dividirlos podría aprobar artículos con el voto de una u otra bancada.
Por caso, Laspina se mostró a favor del artículo 90, que permite a la mayorista energética Cammesa, que tiene mayoría accionaria del Estado, cobrar las deudas de las distribuidoras con descuentos a la coparticipación de las provincias en las que prestan servicio.
“Yo no represento al gobernador de mi provincia, sino a los ciudadanos. La otra opción sería cortar el servicio, pero las familias no tienen por qué pagar por el incumplimiento. Lo único que me parece es que esta retención de recursos no podría ser retroactiva”, consideró el diputado.
El radical Víctor Romero incluyó entre las propuestas de modificaciones revisar ese artículo, para que sea Cammesa la encargada de endurecer la capacidad de cobro con distribuidoras pero no involucre a las provincias, aún en los casos en que son las encargadas de conceder el servicio.
Sí hay consenso en JxC en revisar el artículo 96 que prorroga las retenciones a las exportaciones y habilita a elevar las de maíz, carne y agroindustria. El secretario de Agricultura Juan José Bahillo propuso aclarar que eso no ocurrirá y la oposición ya prepara el texto.
También hay acuerdo en la oposición en revisar la prórroga del blanqueo para la construcción. De mínima, Laspina anunció que pedirán agregarle un premio al contribuyente cumplidor.
El radical Romero enumeró una serie de modificaciones que pide su bloque, como el aumento al monto destinado a la ley de bosques, que el ministro de Ambiente Juan Canvandie reconoció insuficiente, pero destacó que es mayor al de los presupuestos de Macri.
Otro reclamo fue eliminar el presupuesto previsto para Atucha 3, la cuarta central nuclear que tiene financiamiento de China y durante su exposición la secretaria de Energía Flavia Royón dijo que no está previsto que avance en 2023.
También pidieron detalles de la refinanciación de deuda a municipios y reclamaron renegociar los pasivos por obras hídricas a Enohsa. Y solicitanun aumento al subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, un reclamo que tiene respaldo del oficialismo.
El miércoles, el radical Jorge Rizzoti reunirá a la Comisión de Transporte para escuchar a los secretarios de las provincias.
Otro cuestionamiento de la UCR es por la renovación de la ley de emergencia alimentaria, originada en la pandemia.
Romero anticipó solicitudes por fondos a universidades, eje de las propuestas del bloque Evolución Radical, presentadas por Danya Tavella, vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste.
Tavella llamó la atención por una caída del presupuesto real en las universidades de Cuyo, Córdoba y Formosa, controladas por rectores no identificados con el gobierno nacional y en el último caso enfrentado al gobernador Gildo Insfrán.
Y propuso una deducción de los gastos educativos del impuesto a las ganancias, una propuesta de su compañero Emiliano Yacobitti, quien también es vicerrector de la UBA y negocia el reparto de fondos con Massa.
El debate del presupuesto seguirá martes, miércoles y jueves de la semana próxima, con expectativa de llegar a un dictamen y tratarlo el 26. El jefe del oficialismo Germán Martínez prometió negociar con los ministros desde el fin de semana. Hay muchos artículos a retocar.