Una omisión de la administración Trump deja en jaque una ley de armas vigente desde 1934

El plazo judicial venció a las 00.01 del jueves 13 de agosto y el gobierno de Estados Unidos no presentó una apelación de emergencia. Con esa omisión, entró en vigor el fallo del juez James Wesley Hendrix, del distrito norte de Texas, que dejó sin efecto una parte central de la National Firearms Act, la ley federal de armas aprobada en 1934.

La resolución desactivó el sistema que exigía registro, huellas digitales y autorización previa para comprar supresores y armas largas con cañón corto. El cambio no abrió una vía libre en todo Estados Unidos, pero sí expuso un giro político dentro de la propia administración de Donald Trump, que el año pasado había promulgado una reforma clave para el desenlace del caso.

The New York Times informó que el expediente sigue abierto, porque el Departamento de Justicia todavía dispone de 52 días para presentar una apelación.

Aun así, la falta de una respuesta inmediata permitió que la sentencia produjera efectos concretos y reabriera la pelea entre los sectores que reclaman más controles y los grupos que defienden una lectura amplia de la Segunda Enmienda.

Qué parte de la ley quedó afectada

El fallo no aplica a toda la población de Estados Unidos. The Trace indicó que la decisión protege sobre todo a las personas, grupos y empresas que impulsaron la demanda, además de sus clientes actuales o futuros.

La resolución tampoco eliminó todos los controles. The New York Times precisó que quienes compren estas armas o accesorios todavía deben pasar el chequeo de antecedentes exigido por la ley federal, mientras las restricciones de cada estado siguen vigentes.

En California, Nueva York y el distrito de Columbia, por ejemplo, la venta y tenencia de supresores y armas de cañón corto continúan prohibidas. La parte de la ley que regula las ametralladoras quedó fuera del fallo, afirmó The New York Times.

El argumento constitucional detrás del fallo

El conflicto empezó con una reforma impulsada por los republicanos en el Congreso y promulgada por Trump el año pasado. Esa ley eliminó el impuesto federal de USD 200 que formaba parte del trámite para comprar supresores y rifles de cañón corto.

A partir de ese cambio, grupos de presión y empresas del sector argumentaron que el Congreso ya no tenía la misma base constitucional para sostener esa regulación, porque la norma había dejado de recaudar dinero.

Hendrix aceptó esa tesis en una resolución de 66 páginas. Allí escribió que, como la ley ya no genera ingresos, “sus disposiciones regulatorias no pueden sostenerse bajo la potestad tributaria”, tal y como reprodujo The New York Times.

Ese impuesto había perdido fuerza con el paso del tiempo. La nota recordó que los USD 200 habían sido pensados en 1934 como una barrera económica severa, pero en 2026 equivalían a una parte menor del precio de un arma moderna o de un supresor.

Reacciones enfrentadas tras la entrada en vigor del fallo

Las organizaciones proarmas celebraron la entrada en vigor del fallo. CBS News informó que ya se concretaron operaciones sin registro federal entre actores alcanzados por la demanda. Para esos grupos, se trató de un hecho sin precedentes desde 1934.

Otros referentes del mismo sector pidieron cautela. La Second Amendment Foundation advirtió que “todavía no es momento de descorchar el champán”, porque siguen abiertas dudas sobre cómo aplicará el gobierno la decisión, citó The New York Times.

Del otro lado, las organizaciones que promueven mayores restricciones cuestionaron la falta de reacción oficial. Kris Brown, presidenta de la Brady Campaign to Prevent Gun Violence, aseguró al The New York Times que el Departamento de Justicia “tuvo la oportunidad de actuar para proteger nuestra seguridad, pero no lo hizo”.

El Departamento de Justicia evitó fijar una posición más precisa. En una declaración citada por The New York Times, el organismo afirmó que “respeta los derechos de los estadounidenses bajo la Segunda Enmienda y evalúa el impacto del fallo”.

Un cambio con efecto inmediato y final abierto

Entre las empresas alcanzadas por la demanda figura Palmetto State Armory, una de las mayores tiendas online de armas del país, detalló The New York Times.

La ley de 1934 nació en respuesta al crimen armado de la era de la Prohibición y al intento de asesinato contra el presidente electo Franklin D. Roosevelt.

Noventa y dos años después, una combinación de reforma legislativa, presión política y decisión judicial dejó en suspenso una de sus herramientas más emblemáticas.