Una familia de hispanos víctima de un choque mortal con una patrulla en Oklahoma busca justicia

Una noche de agosto de 2023, la vida de la familia Mejía, originaria de Guatemala y residente en la pequeña ciudad de Guymon, Oklahoma, cambió de manera irreversible. Tras una larga jornada laboral en una planta procesadora de carne, Juan Mejía, su esposa Daniela Manea y su nieta Petronila Mejía-Ramos, de ocho años, tomaron el camino de regreso a casa sin imaginar que serían protagonistas de una tragedia que conmocionaría a la comunidad hispana local.

Aquella tarde, Juan y Petronila habían pasado a buscar a Daniela después de su turno nocturno. Eligieron un atajo por la carretera Mile 33, una ruta habitual para evitar los semáforos del centro. El sol empezaba a ocultarse detrás de una tormenta, pero las luces del Toyota Corolla que conducía Juan estaban encendidas y él mantenía el límite de velocidad. De pronto, al llegar a la intersección entre Mile 33 Road y la US 412, el destino se torció: el Corolla cruzó la señal de alto sin detenerse, según los registros de la Patrulla de Carreteras de Oklahoma, e ingresó a la intersección a una velocidad entre 80 y 96 km/h.

En ese preciso instante, una camioneta Chevy Tahoe conducida por el agente antidrogas Eldon “Len” Halliburton circulaba por la US 412 a 137 km/h, superando el límite permitido. El impacto fue devastador: el Corolla dio varias vueltas y terminó volcado, mientras la Tahoe se salió de la carretera. Juan y Daniela quedaron atrapados en el vehículo, gravemente heridos. Petronila, que iba en el asiento trasero, salió proyectada por una ventana y quedó tendida a 12 metros del auto, sobre un terraplén cubierto de maleza.

Halliburton también resultó herido, aunque menos grave. Daniela, que dormía en el asiento delantero, despertó tras el choque y vio a Juan inconsciente, colgando de su cinturón de seguridad. Poco después, ambos adultos fueron trasladados a hospitales distintos; Juan falleció 90 minutos más tarde. La desaparición de Petronila pasó inadvertida durante horas: su cuerpo fue descubierto casi seis horas después del accidente, cuando la familia alertó a la policía de que la niña no había regresado a casa.

Respuesta policial y manejo de la investigación tras el accidente

Los primeros minutos posteriores al choque estuvieron marcados por una intervención policial y médica desorganizada y lenta. El primer agente llegó 38 minutos después del impacto y, en lugar de recolectar evidencia, solicitó de inmediato una grúa para retirar el Corolla. Ambos vehículos fueron remolcados antes de que llegara el agente especializado en accidentes mortales. No se tomaron fotografías de la escena, pese a que esa es una práctica estándar en siniestros con víctimas fatales.

La ausencia de pruebas visuales y la demora en la llegada de autoridades especializadas generaron perplejidad, ya que tampoco se preservó el lugar del accidente para posibles peritajes posteriores. Además, los registros muestran que los agentes no hallaron el cuerpo de la niña en los primeros recorridos, pese a que estaba a pocos metros del vehículo.

Cuando la familia Mejía alertó a la policía sobre la desaparición de Petronila, los agentes regresaron de madrugada y hallaron el cuerpo de la niña. Ningún documento oficial precisa si la menor murió en el acto o si pudo haber sobrevivido de haber sido encontrada antes.

Dudas y sospechas de encubrimiento: irregularidades y batalla por la información

Desde el inicio, la investigación estuvo rodeada de inconsistencias y sospechas. Los primeros informes públicos omitieron el nombre de la niña fallecida y la gravedad de las lesiones de Daniela. El conductor de la Tahoe fue mencionado en un reporte, pero no identificado como agente policial. Los documentos oficiales entregados a los medios contenían información censurada, resúmenes incompletos y versiones contradictorias sobre los hechos.

La Patrulla de Carreteras de Oklahoma afirmó tener jurisdicción exclusiva en el caso, pero los reportes carecían de pruebas clave, como imágenes del lugar o grabaciones de cámaras corporales o del salpicadero. El Departamento de Seguridad Pública negó inicialmente la existencia de esas grabaciones, aunque más tarde el fiscal de distrito, George “Buddy” Leach, entregó a los medios un video de 18 segundos, sin sonido y cortado antes del impacto.

Durante casi dos años, la familia desconoció la identidad del otro conductor y solo lo supieron cuando periodistas investigaron el caso y los contactaron. Las gestiones para obtener información chocaron contra respuestas evasivas, negativas formales y largos procesos legales.

Impacto en la familia Mejía y consecuencias personales y económicas

La tragedia sumió a la familia en una crisis profunda. Pedro Ramos-Mejía, hijo de Juan, tuvo que asumir el papel de sostén y cuidador principal, mientras su madre Daniela permanecía incapacitada física y emocionalmente tras perder a su esposo y a su nieta. La familia recurrió a donaciones de la iglesia local y financiación colectiva para cubrir los gastos de repatriación de Juan y Petronila a Guatemala y los costos médicos.

El seguro del auto cubrió solo una parte de los gastos. Pedro debió abandonar temporalmente sus estudios y empezar a trabajar en una planta procesadora de carne para mantener a la familia. Daniela, tres años después, sigue sufriendo secuelas físicas y emocionales que le impiden retomar su vida anterior.

Contradicciones y vacíos en la versión oficial sobre la investigación y responsabilidades

Las versiones oficiales apuntaron desde el primer momento a Juan Mejía como único responsable al no respetar la señal de alto. Sin embargo, ningún informe policial detalló la velocidad real de la Tahoe, pese a que la caja negra del vehículo registró que circulaba a 137 km/h, muy por encima del límite permitido. Mientras el cuerpo de Juan fue sometido a pruebas toxicológicas —todas negativas—, no existe registro de que Halliburton haya sido examinado.

El reporte de colisión fue entregado incompleto y censurado, con una marca de agua que lo declaraba “Investigación incompleta”. El Departamento de Seguridad Pública alegó que solo divulgaría la información mínima exigida por ley, resistiéndose a entregar datos completos hasta que una demanda judicial forzó la publicación parcial de los registros de velocidad.

Mientras tanto, Halliburton, quien acumulaba antecedentes por infracciones de tránsito, se jubiló en 2025 y luego volvió a trabajar en el ámbito policial y educativo. La familia Mejía sigue exigiendo justicia y claridad sobre las verdaderas causas del accidente.