Senado, en vivo: se debaten la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad, minuto a minuto
Senado, en vivo: se debaten la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad, minuto a minuto

En un tramo de su discurso, Losada recibió un reproche por parte de Juliana Di Tullio (UxP) y no dudó en ofrecer respuesta. Previo al cruce, la senadora radial había recordado: “En 2022, presenté otra herramienta que podría ayudar muchísimo, que era un proyecto de ley que creaba una nueva figura penal: la de corrupción de menores con fines delictivos. Para que aquel que realmente corrompa a un niño y lo transforme en un delincuente, ese adulto tenga las peores penas del código penal. Que la corrupción de menores con fines delictivos sea equivalente a la corrupción de menores con fines sexuales. Lo presenté en 2022 y no se trató ni en comisión”.

Fue entonces que recibió un comentario ininteligible por parte de Di Tullio y contestó: “Pero Juli, querida. En tu gobierno tampoco se trató. Lo cajonearon. Lo que estamos viviendo querida es consecuencia de la falta de políticas sociales que generó tu gobierno. ¿Creen que en dos años tendrían que haberse mejorado suficientemente la educación y la salud, y dar lo que no se dio en 20 años? Contame cómo lo haces, porque no lo hiciste. Gobernaron 20 años. No finjas demencia. No me quiero enojar. Ya está, por suerte los dejamos atrás”.

Hoy buscamos dar respuesta a la sociedad, a familias que lloran a alguien que no está. Lo que tenemos hasta el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta, no está funcionando. Sino no habría tantos menores delinquiendo. El crimen cambió. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. No podemos tener leyes de años pasados. No podemos no hacer nada. Basta de hipocresía. No podemos decir que un chico de 15 años no es responsable de matar o torturar a alguien”, dijo la senador de la Unión Cívica Radical (UCR) por la provincia de Santa Fe.

“Tenemos que escuchar acá que nosotros somos unos vándalos que queremos encerrar para desviar el eje. Acá afuera hay un montón de argentinos llorando y ninguna ley les va devolver lo que un delincuente les robó: la vida de un hijo. No vienen a buscar venganza, vienen a buscar justicia. Es un tema delicado. Y nosotros venimos a hablar politiquerías. El que delinque, delinque. El ladrón es ladrón. El que es sinvergüenza, es sin vergüenza. El que quiere trabajo lo sale a buscar”, sostuvo el integrante del bloque de La Libertad Avanza.

Los primeros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se dieron a horas de la tarde de este viernes, a metros del Congreso de la Nación, donde el Senado debate la ley penal juvenil. Efectivos impidieron que un grupo de personas corriera el vallado. Utilizaron agua para repeler el avance.

La senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio cruzó a la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, por la actitud del legislador libertario Gonzalo Guzmán Coraita, que leyó su discurso para defender la baja de imputabilidad que busca aprobar hoy La Libertad Avanza.

Primero, Di Tullio le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que actúe en estos casos. “No es mi ánimo pelear. No me voy a cansar de pedirle a usted que haga cumplir el reglamento”, introdujo al respecto de la decisión del libertario de leer, algo que no está permitido.

Luego, le habló a Coraita mientras sacaba el reglamento del Senado. “Mire, se lo muestro. El reglamento ordena el debate. Dice lo que está permitido, lo que se puede, lo que no se puede. Y usted no puede leer, no puede”, expresó.

Ante esto, Bullrich se quejó, aunque no se escuchó lo que dijo ya que su micrófono estaba apagado. Di Tullio, entonces, sacó una Constitución y alzó ambos libros. “Patricia, leé el reglamento. Dentro de las prohibiciones está la lectura. El reglamento tiene rango constitucional. No viole más el reglamento porque está violando la Constitución. Es una vergüenza leer”, insistió la senadora kirchnerista.

Renovó además su pedido a Villarruel: “Usted tiene que hacer cumplir el reglamento”.

Con poco más de 200 artículos, la reforma está agrupada en en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones.

El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.

Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).

Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.

Uno de los puntos más discutidos fue el de la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.

Tras las mociones de privilegio, el Senado arrancó el debate de la Ley Penal Juvenil, que si se convierte en ley, bajará la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El ministro del Interior, Diego Santilli, estará este viernes en el Congreso para seguir la sesión en la que se debatirán la Ley de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil.

Santilli coordina con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, con el objetivo de lograr la sanción definitiva de ambas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. En la previa a la sesión, el ministro afirmó que “después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales”.

“Es una reforma que va a servir para incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad. Además, va a fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión”, expresó.

Por otra parte, destacó que con la sanción de la Ley Penal Juvenil “el Gobierno está cumpliendo con su compromiso: ‘el que las hace, las paga’”. “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”, agregó el titular de la cartera de Interior.

A la 11.15, con 40 senadores presentes y 32 ausentes, el oficialismo logró el quórum necesario y arrancó la sesión en la Cámara alta para tratar la reforma laboral, que podría convertirse en ley este viernes. También se tratará el régimen penal juvenil.

El legislador kirchnerista Mariano Recalde se refirió al debate antes de entrar al Congreso y remarcó: “No es la primera reforma laboral regresiva en la Argentina”. En tanto, denunció que el proyecto oficialista viola la Constitución y en realidad es “todo lo contrario a lo que dicen que promueven”.

“Es un plan económico que promueve una Argentina desigual con mano de obra barata y trabajadores sumisos, y unos pocos empresarios a los que les va muy bien”, advirtió el legislador.

La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, enfatizó la urgencia de aprobar la Ley Penal Juvenil y señaló que la Argentina es el único país de América Latina que no adaptó su legislación, manteniendo normas vigentes desde la dictadura. “Hoy votamos una ley fundamental para las víctimas; las conductas siempre deben tener consecuencias”, afirmó y aclaró que el proyecto contempla la creación de institutos especializados para menores y reserva la cárcel exclusivamente para los casos de extrema gravedad.

Por otro lado, destacó el impacto de la reforma laboral, calificándola como una transformación “extraordinariamente importante” que permitirá acuerdos directos entre empresas y trabajadores en sus lugares de trabajo. A su vez, subrayó que se establecerán límites estrictos a las cuotas sindicales. “Los gremios van a tener que ser austeros”, afirmó.

Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, la Oficina del Presidente dio a conocer un comunicado en el que celebró la media sanción del proyecto que -dijo- “supone un verdadero federalismo ambiental”. El documento dice “distorsiones ideológicas” y las “trabas artificiales” impedían el progreso.

Afirma además: “La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin”.

El comunicado dado a conocer este jueves dice que “la reforma de la ley salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan), y clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”.

Javier Milei

Hay un gobierno que libra la batalla cultural. Aquella que interpela a un empresariado acostumbrado a moverse al calor del Estado, que admite que por años logró sobrevivir a costa de un consumidor cautivo de regulaciones arbitrarias. Ese ring le resulta natural al presidente Javier Milei. En la red X no ahorra ironías: rebautiza a Paolo Rocca (Techint) “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”; a Javier Madanes Quintanilla (Aluar y Fate), “Don Gomita Alumínica”, y al más ignoto Roberto Méndez (Neumen), como el “Señor Lengua Floja”, por su admisión esta semana de que por años “estaban robando con el precio de las cubiertas”. No hay referencias de Milei a sus tiempos como empleado de Eduardo Eurnekian (AA2000), que por las características de su negocio podría entrar perfectamente en ese malón que cuestiona. Pero ese es otro debate.

El Senado se encamina a convertir en ley este viernes la reforma laboral que propuso el gobierno de Javier Milei. El proyecto dispone fuertes cambios para empresas y trabajadores en cuestión de salarios, indemnizaciones y vacaciones.

Después de tres semanas de debate, acelerado por el pedido de Milei de tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich tiene garantizados los votos necesarios para la sanción.

La sesión está convocada para las 11 y será el tercer debate sobre la denominada “modernización laboral”. Tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. No está previsto que esos números cambien. A La Libertad Avanza (LLA) la acompañaron aquella vez los bloques de la UCR y el Pro, además de representantes de gobernadores dialoguistas.

Pocas horas antes de que la Cámara de Senadores trate la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno, manifestantes de izquierda se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles. A raíz de esto, hay caos de tránsito en la Ciudad y se desplegó un operativo policial.

La protesta se enmarca en un paro nacional por parte de algunos gremios. Es impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ―que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales― en rechazo a la reforma.

Si bien la movilización estaba prevista para las 10, pasadas las 7 los militantes comenzaron a cortar carriles. La Policía de la Ciudad hizo un escudo para evitar que continúen avanzando: hubo golpes, empujones y también tiraron gas pimienta.

Los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López

El Senado ratificó este jueves el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea por amplia mayoría. Tras un debate de unas cuatro horas de duración, los integrantes de la Cámara alta se dispusieron a votar el proyecto, que cosechó 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

Quienes no acompañaron la iniciativa con su sufragio pertenecen al bloque Justicialista. Se trata de Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y Cándida Cristina López. Ninguno de los tres mencionados optó por hacer uso de la palabra para explicar los motivos por las cuales se iban más tarde a posicionar en contra.

De Pedro es una de las principales referencias del kirchnerismo dentro del Senado, donde representa a la provincia de Buenos Aires. Fue ministro del Interior de Alberto Fernández y cofundador de La Cámpora.

El Gobierno obtuvo la media sanción de la reforma de la ley de glaciares. Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por Javier Milei cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en zonas que están bajo el amparo de la ley vigente. La iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados, que debe aprobarla para que se convierta en ley.

El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. Los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

Luego de que el Senado convalidara este jueves el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, que establece una asociación estratégica y comercial.

La sanción definitiva se produjo este jueves en una sesión especial del Congreso de la Nación. Horas después, el Poder Ejecutivo promulgó la norma, en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, a través del Decreto 111/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno.

” Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026″, establecieron.

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El atributo más característico de Javier Milei probablemente sea, desde siempre, su capacidad para llamar la atención. Y para sorprender. También, para protagonizar paradojas. Lo ratifica con solvencia por estos días.

El economista antisistema, que llegó al poder con un discurso fuertemente antipolítico, inicia el tercer y penúltimo año de mandato presidencial con un amplio control sobre la política y, como contrapartida, con sonoros ruidos en la economía.

Se trata de una paradoja que renueva la gran pregunta que lo persigue desde que accedió a la Presidencia: ¿es sustentable política y económicamente ese proyecto? Aquí la sorpresa. Hasta ahora, mucho más de lo que una gran mayoría pronosticaba. Pero el horizonte podría mostrarse más complejo.

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El gobierno nacional oficializó este viernes la creación de un “refuerzo adicional” con carácter extraordinario que se abonará conjuntamente con la Asignación por Ayuda Escolar Anual el próximo mes de marzo. La medida busca fortalecer el acompañamiento a las familias argentinas frente al impacto económico que supone el regreso a las aulas.

“Por el impacto económico que implica el inicio del ciclo lectivo, resulta pertinente establecer un refuerzo adicional, con carácter extraordinario y por única vez, conjuntamente con el pago masivo dela Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal a efectuarse en el mes de marzo de 2026″, precisó el Gobierno a través del Decreto 115/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por el Presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece que el refuerzo consiste en el pago de una suma de dinero equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $85.000.

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Luego de un escenario, marcado por la devaluación y el pico inflacionario en 2024, la Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó que la pobreza y la indigencia mostraron una tendencia clara a la baja. Sin embargo, ese alivio llegó con una advertencia técnica: el último informe de la casa de estudios estimó que, si se hubieran actualizado los ponderadores de las canastas oficiales y no hubiera cambiado la mejora en la captación de ingresos, ambos flagelos marcarían hoy un piso levemente más elevado.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, mejoras sociales y desigualdades persistentes”, la pobreza medida por ingresos bajó al 36,2% en el tercer trimestre de este año. La cifra contrasta con la Encuesta Permanente de Hogares – Total urbano (EPH) del Indec, que para el mismo período situó la pobreza en torno al 28%. En la indigencia la diferencia es sólo de décimas: la universidad habla de 5,9%, mientras que el organismo, de 5,6%.

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La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, apuntó este jueves contra el entramado entre política, justicia y fútbol en medio de la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la investigación judicial contra sus principales autoridades. En declaraciones televisivas, sostuvo que existe un esquema de poder “obsceno” detrás de la dirigencia deportiva y advirtió sobre la proyección política del tesorero de la entidad Pablo Toviggino, hoy bajo la lupa judicial.

También apuntó contra el intendente de Pilar, Federico Achával, en alusión al distrito donde se encuentra la quinta investigada. “Ahí está el juego, ahí se arman las causas, ahí están los lugares, con su aval”, sostuvo. Y fue más allá al vincular el entramado del fútbol con otros sectores del poder político: “[Claudio] Tapia, [Sergio] Massa, [Jorge] D’Onofrio son todos lo mismo en estos negocios”.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió

Por último, amplió su intervención hacia el debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado y busca reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras en zonas hoy alcanzadas por la normativa vigente. “Nosotros tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.

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La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.

Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.

La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.

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WASHINGTON.- Por medio de un escrito presentado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York de la jueza Loretta Preska, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó este jueves la posición de la Argentina frente al pedido de desacato y de sanciones promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.

El documento, de 29 páginas, advierte que el “litigio en tribunales de Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.

La presentación, espontánea, fue una declaración de interés “para presentar la opinión de Estados Unidos sobre la moción pendiente presentada por los demandantes en estos casos, solicitando sanciones y un fallo de desacato” contra la Argentina.

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Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por Javier Milei cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en zonas que están bajo el amparo de la ley vigente. La iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados, que debe aprobarla para que se convierta en ley.

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El Gobierno avanzó con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.

El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Además de parte de Pro, el radicalismo y algunos bloques provinciales, también apoyaron la reforma integrantes del bloque Justicialista: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).

La media sanción tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.

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