Los jueces de las cámaras nacionales en lo civil, laboral, comercial y penal preparan una rebelión judicial contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado la última semana del año pasado que otorgó más poder a la justicia nacional porteña al obligarlas a que todas sus decisiones sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Así lo dijeron a LA NACION media docena de camaristas de todos los fueros nacionales que planean reunirse la semana próxima, cuando comience la actividad tras la feria judicial de verano, para dictar acordadas o fallos plenarios que traben lo decidió por la Corte Suprema. Se trata de una reacción inédita.

La Corte Suprema tomó la decisión de enviar las causas en apelación al Tribunal Superior de Justicia porteño a través del denominado fallo “Levinas”, que significó un avance en el reconocimiento de la autonomía judicial porteña. Y determinó que la “corte local”, se convierta en tribunal de alzada de las causa de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces nacionales, que resisten el traspaso, se oponen al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema porque lo consideran ilegal, ya que entienden que modifica todo el sistema de funcionamiento del Poder Judicial a partir de la definición de una causa determinada.

Los fallos de la Corte Suprema no obligan a ninguna instancia inferior. Por eso, al echar mano a esa independencia judicial, es que las cámaras están trazando una estrategia para evitar que los casos en apelación vayan al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

La Cámara en lo Civil, por ejemplo, analiza reunirse esta semana en un plenario para resolver la cuestión, lo mismo está sucediendo en la Cámara Comercial, y en la Cámara Laboral.

Los camaristas de feria de la Cámara Laboral ya anticiparon su posición. En un fallo dictado esta semana, en una causa por el despido de empleados de la ARCA, la Sala de Feria del tribunal dispuso que es “inadmisible la intervención de un tribunal local”, en referencia al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.

El argumento fue que la ARCA es un organismo federal y que sus decisiones no pueden ser revisadas por un la justicia porteña.

Este es un argumento que también esgrimen los jueces comerciales, laborales o penales, ya que muchas veces resuelven sobre asuntos que involucran a agencias federales, fuerzas federales o incluso intervienen como tribunal de apelaciones de decisiones del Ministerio de Trabajo o de la Superintendencia de Seguros que son organismo federales.

En esta causa, en primera instancia, la justicia laboral falló en favor de la Asociación de Empleados del ARCA en un recurso de inconstitucionalidad. Y ante el pedido del Estado para que intervenga la Ciudad, la Cámara laboral le dio vista del recurso extraordinario por diez días a las partes y advirtió que no le iba a dar intervención a la justicia porteña.

Aclaró que esa decisión no implicaba “abrir juicio alguno respecto de cualquier cuestión derivada de la doctrina del fallo “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No abrió juicio en esta causa, pero los camaristas si lo harán cuando se reúnan la semana próxima. La Cámara Laboral tiene incluso la facultad de dictar plenarios sin una causa específica para dar una indicación a los camaristas.

En la Cámara Nacional de Casación penal el presidente Pablo Jantus convocó a sus colegas a una reunión la semana próxima para analizar el tema.

El chat de jueces de cada cámara se puso al rojo vivo durante la feria judicial planeando las acciones que van a poner en marcha desde la semana que viene. Y se acordó que se van a dictar acordadas, o fallos plenarios. También casa sala puede tomar su propia decisión. Hay un alboroto generalizado.

Las acciones comenzaron el lunes de la última semana del año cuando se reunieron en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional los presidentes de todas las cámaras.

El ámbito funcionó como una especie de catarsis, pero se sentaron las bases de lo que se va a plasmar la semana próxima.

Desde lo procesal, los jueces de cámara por ejemplo pueden rechazar un recurso extraordinario y no enviarlo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. O buscar que la Corte Suprema vuelva a pronunciarse en cada caso.

Claro que esta última opción sería imposible. Ya que la Corte hoy no podría dictar el fallo Levinas porque le faltaría una mayoría. En el fallo Levinas votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorezentti. Maqueda firmó el fallo y dejó la Corte Suprema en diciembre, por lo que cambió la mayoría. Deberían convocar a un presidente de las Cámaras Federales por sorteo para fallar o dejar la casa a la espera de que la Corte se integre con los nuevos miembros.

La Corte Suprema quedó atrapada por su propia decisión y los jueces nacionales están dispuestos a resistir. Hablar con los camaristas es escuchar un rosario de argumentos contra el fallo Levinas.

Señalan que ante la demora del Congreso para establecer el traspaso, la Corte legisló y se excedió, mencionan que su fallo es ilegal y que esta decisión de desoirlo no es una rebelión, sino la rebelión es propia de la Corte al cambiar el última día hábil antes de las vacaciones de 2024 el sistema de tramitación de las causas judiciales, mediante una sentencia particular.

“Es como si hubieran tirado una granada y cerrado la puerta”, graficó un camarista que señaló que la Corte Suprema no declaró inconstitucional ninguna norma pero decisión prescindir de ellas.

Los jueces mencionan que ahora los procesos serán mas largos, ya que habrá una instancia intermedia mas con la justicia porteña y que en las causas penales prescribirán los delitos o las condenas nunca quedarán firmes de modo que nadie irá preso.

Los escenarios que plantean los jueces son catastróficos. Mencionan que los abogados están desconcertados, porque no saben con que código procesal deben litigar, si con el nacional o con el local porteño.

El fallo es “un camino para un equilibrista no hay normas procesales que avalen lo que dicen la Corte”, dicen los jueces. Y recalcan: el fallo es ilegal.

Los camaristas argumentan que no se trata de una pelea de poder, en defensa de la justicia nacional, que no quiere ser subsumida o transformada en justicia porteña . Sino que señalan que es un problema de cómo van a tramitar las causas.

“El problema lo va tener la gente. Por ahí se piensa que los jueces nacionales no queremos ser jueces locales. Lo que sucede es que este fallo genera problemas para los litigantes, no hay leyes procesales, genera problemas para los abogados y se multiplicarán las dilaciones”, señalan.

La aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Levinas permitió, a su vez, que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, que en su mayoría fue designado por la gestión de Pro, sea el que deba decidir si corresponde apartar a la jueza que dictó la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri y de la fiscal que lo promovió, lo que implicaría revocar esa medida.