“Lo que se aprobó en el Senado evitó un impacto inmediato, pero en términos prácticos lo que hizo fue extender un período de gran incertidumbre”. Con estas palabras resumió a LA NACION Hernán Findling, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, el pensamiento del sector audiovisual tras la media sanción de la reforma laboral en la madrugada de este jueves.

El texto votado en la Cámara alta con 42 votos a favor y 30 en contra confirma la intención del Gobierno de derogar impuestos específicos que en la actualidad financian al cine, pero posterga esa instancia hasta el 1° de enero de 2028. Según el artículo 210 de la norma que ahora será debatida en Diputados, a partir de esa fecha “el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) será financiado exclusivamente con las partidas que a tal efecto se asignarán anualmente en la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional”.

Los representantes del sector audiovisual consultados en las últimas horas por LA NACION descuentan que no habrá cambios en la Cámara baja y el capítulo impositivo de la reforma laboral saldrá tal como lo aprobó el Senado, por lo que se abre un período de dos años antes de que queden definitivamente eliminados los mecanismos que hasta ahora integran el Fondo de Fomento Cinematográfico administrado por el Incaa, una medida que rechaza casi sin excepciones la industria audiovisual local.

Sin embargo, desde algunas expresiones del sector audiovisual esta postergación fue recibida con la sensación de haber alcanzado una conquista que hasta hace muy pocos días parecía impensada. Esta mirada sostiene que el persistente contacto con los legisladores encarado en los últimos meses por distintas entidades “algo hizo” para frenar la intención original del Poder Ejecutivo de derogar lo más rápido posible los impuestos específicos que financian al cine nacional.

Hasta hoy, el Fondo de Fomento Cinematográfico se integra con un impuesto del 10% al valor de cada entrada de cine, otro tributo igual aplicado a la venta de DVD, y el 25% del total de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a partir de un gravamen específico a la facturación de las radios, canales y servicios de TV paga. El Enacom funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El artículo 210 de la reforma laboral aprobada por el Senado establece la derogación de esos impuestos a partir del primer día de 2028. También deja sin efecto el artículo de la Ley de Cine vigente (17.741) que garantiza la libre disponibilidad de esos fondos al ordenar al Banco Nación su transferencia al Incaa de manera automática y sin intervención de ningún otro organismo público.

“Esta prórroga nos abre la opoertunidad de poner sobre la mesa una nueva propuesta para la industria audiovisual. Sabemos que la Ley de Cine actual quedó obsoleta a pesar de sus virtudes y es necesario que aquellos que gobiernan comprendan la importancia de la industria audiovisual y su funcionamiento para poder hacer uso de todo su potencial”, dijo a LA NACION Daniel Pensa, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), que agrupa a las principales productoras de cine del país.

En la misma línea, Findling agregó: “Este tiempo que tenemos a partir de ahora lo vamos a tomar como una oportunidad para que la comunidad cinematográfica y audiovisual, así como los distintos actores institucionales y políticos, podamos evaluar alternativas, generar propuestas concretas y elaborar un plan de acción para que diputados y senadores reconsideren esta medida mirando a enero de 2028”.

“Maniobra”

Desde el Espacio Audiovisual Nacional (EAN) se habla de una “maniobra” del oficialismo que apunta a mantener los impuestos específicos “para que caduquen automáticamente dentro de dos años, como ocurrió en 2023”.

La entidad, que nuclea a distintas entidades representativas del sector como CAIC y la Asociación de Productores Independientes de la Argentina (productores), Argentores (guionistas), Directores Argentinos Cinematográficos y Colectivo de Cineastas (realizadores), afirmó que “la única garantía para el cine argentino es la eliminación definitiva” de los artículos de la reforma laboral que derogan el fondo de fomento vigente.

Representantes de las entidades nucleadas en el EAN que participaron de la movilización realizada en la tarde del miércoles contra el proyecto oficial de reforma laboral señalaron que la prórroga aprobada por el Senado “es una espada de Damocles que el 1° de enero de 2028 va a caer silenciosamente sobre nosotros”, según dijo el director Carlos Jaureguialzo.

“Si estos dos artículos prosperan –agregó Bruno Stagnaro, realizador de la serie El Eternauta– quedará decretado el fin de la industria del cine argentino. El cine tiene un correlato inmediato con la manera en que nos vemos y nos percibimos como sociedad. Una sociedad sin héroes es una sociedad dócil”.

Pocas horas antes de la apertura del debate en el Senado, la Federación Iberoamericana de la Producción Cinematográfica y Audiovisual (Fipca) envió a los legisladores una carta abierta en la que los insta a evitar lo que la entidad describe como un “apagón audiovisual” en la Argentina. La petición lleva la firma de más de 800 representantes del sector, entre ellos el director español Pedro Almodóvar, el realizador chileno Andrés Wood, el productor español Juan Gordon y el actor y productor argentino Adrián Suar.

“Vamos a reiterar, y lo seguiremos haciendo, que el cine no solo debe entenderse desde una dimensión cultural e identitaria, que existe de manera genuina, sino también como una inversión estratégica que genera empleo, recursos económicos, ingreso de divisas y desarrollo para el país. Hay que defender una industria que aporta valores tangibles y simbólicos”, completó Findling.