La ciudad de Trujillo amaneció con un panorama desolador luego del atentado con explosivos que sacudió la madrugada del lunes 20 de enero la sede del Ministerio Público en la avenida Jesús de Nazareth, una de las principales arterias de la ciudad. Tras informarse anoche que solo un patrullero permanecía estacionado frente al edificio afectado, los vecinos pidieron más seguridad.
El atentado, que ha dejado múltiples daños materiales y heridos, se produjo a pocos minutos del centro histórico de Trujillo, en un contexto marcado por la inseguridad y el estado de emergencia declarado semanas atrás en la región de La Libertad. Según información oficial, un sujeto disfrazado de repartidor dejó un artefacto explosivo frente al edificio de siete pisos que alberga la Fiscalía. Momentos después, el artefacto detonó, causando una explosión que destruyó ventanas, fachadas de viviendas cercanas y vehículos en los alrededores, además de afectar salones de la Universidad Nacional de Trujillo, ubicada frente al lugar de los hechos.
Daños materiales y heridos
El impacto de la explosión se sintió en un amplio radio, dejando un panorama de escombros y destrucción. Las viviendas vecinas sufrieron graves afectaciones, con ventanas y puertas arrancadas de sus marcos. Un restaurante local, ubicado en las inmediaciones, resultó entre los inmuebles más dañados, mientras que las clases en la universidad mencionada quedaron suspendidas debido al estado de los salones afectados.
Entre los heridos se encuentra un taxista identificado como Luis Alberto, quien fue encontrado inconsciente dentro de su vehículo tras la detonación. Fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, aunque su estado de salud aún no ha sido actualizado. Además, un vigilante de la Fiscalía sufrió lesiones leves, según reportes preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La onda expansiva también dejó completamente destruido un automóvil registrado a nombre de Rosa Hilario Vega, que estaba estacionado cerca del lugar del atentado. Las calles circundantes permanecieron acordonadas durante varias horas mientras agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) realizaban las primeras diligencias en la zona.
Reacciones de las autoridades y medidas de seguridad
Casi ocho horas después del atentado, el Ministerio del Interior emitió un comunicado condenando el ataque como un acto criminal diseñado para amedrentar a las autoridades y sembrar el terror en la población. El documento también anunció el despliegue de 100 policías adicionales provenientes de Lima, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas, para reforzar la seguridad en Trujillo.
Sin embargo, la percepción de los ciudadanos no parece haber mejorado. Vecinos de la urbanización afectada expresaron su temor ante la creciente ola de criminalidad que azota la región. Algunos señalaron que este ataque representa el punto más crítico de inseguridad que han vivido en años. “Nos sentimos abandonados. El gobierno tiene que hacer algo ya”, afirmó un residente al ser entrevistado por un medio local.
Por su parte, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, relacionó el atentado con redes de minería ilegal que operan en La Libertad, una problemática recurrente en la región. Espinoza exigió al Congreso restituir la figura de detención preliminar, argumentando que el marco legal vigente limita las capacidades de las autoridades para investigar y capturar a los responsables de actos delictivos.
“La Fiscalía rechaza rotundamente este tipo de hechos. No es posible que se esté llegando a niveles tan alarmantes de criminalidad. Necesitamos herramientas legales para actuar de forma contundente”, declaró Espinoza en una entrevista con RPP Noticias.
En tanto, la Presidencia de la República también condenó el atentado mediante un comunicado en redes sociales, calificándolo como un “cobarde acto de terrorismo urbano”. El gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte reiteró su compromiso de no descansar hasta restablecer el orden en Trujillo y prometió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán el control de la ciudad en el marco del estado de emergencia.
Temor y recuerdos del pasado
El ataque ha provocado una profunda conmoción entre los trujillanos, quienes no dudaron en comparar los eventos recientes con los años más oscuros del terrorismo en el país, durante las décadas de 1980 y 1990. “Esto nos hace recordar tiempos que creíamos superados. Es una pesadilla vivir con este nivel de inseguridad”, expresó una vecina de la zona.
El atentado ha puesto en evidencia los vacíos en las medidas de seguridad, incluso después del anuncio de reforzamiento policial. Medios locales informaron que, mientras las autoridades desplegaban agentes en diferentes puntos críticos de la ciudad, la vigilancia en la sede atacada se redujo a la presencia de un solo patrullero, un hecho que ha sido duramente criticado por los ciudadanos.
La investigación preliminar apunta a que el ataque podría estar relacionado con amenazas previas contra una fiscal local, lo que refuerza la hipótesis de represalias por investigaciones en curso contra actividades ilícitas en la región. Las cámaras de videovigilancia captaron a un motorizado arrojando el artefacto explosivo frente al edificio, lo que ha permitido a las autoridades avanzar en las indagaciones.