En las últimas semanas, la llegada de vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos ha encendido las alarmas de la Personería de Medellín.
La preocupación de la entidad no solo radica en el incremento del número de retornados, sino en las difíciles condiciones en las que muchos de ellos llegan y los posibles escenarios de vulnerabilidad a los que se enfrentarán en su regreso al país.
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Denuncias de malos tratos y abuso sexual
De acuerdo con Blu Radio, Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, reveló que han recibido denuncias de malos tratos por parte de las autoridades estadounidenses. Según Calle, 43 deportados que han arribado en los últimos vuelos al aeropuerto José María Córdova han relatado experiencias de abuso verbal, físico e incluso casos de abuso sexual mientras estuvieron bajo custodia en centros de detención migratoria en EE. UU.
“Nos preocupa el trato que han recibido nuestros connacionales en estos centros de detención antes de ser enviados de regreso. Hemos documentado casos de violencia física y psicológica, así como denuncias de abuso sexual en contra de mujeres deportadas”, señaló Calle.
Estas acusaciones han generado inquietud en la Defensoría del Pueblo y otras entidades de derechos humanos, que han solicitado al Gobierno Nacional elevar estas denuncias a instancias internacionales para garantizar que se respete la dignidad y los derechos de los migrantes colombianos en el exterior.
Riesgo de habitancia en calle y falta de rutas de atención
El retorno de estos ciudadanos plantea desafíos en términos de derechos humanos, y en la capacidad institucional para brindarles apoyo. La Personería de Medellín advirtió que muchos de los deportados llegan sin recursos económicos ni redes de apoyo familiar, lo que los coloca en un alto riesgo de caer en situación de indigencia.
“No tenemos claras las rutas de cómo actuar, porque muchos de ellos son potenciales habitantes de calle y no se tiene una atención adecuada. Muchos llegan sin dinero, sin familiares que los reciban, y nos han comentado que no son oriundos de Medellín ni de Rionegro, lo que complica aún más su reinserción”, explicó Calle.
A pesar de que existen programas de atención institucional, el funcionario manifestó que una parte de los deportados se resiste a recibir ayuda, ya sea por desconfianza en el sistema o porque no consideran que necesiten asistencia gubernamental. Sin embargo, el riesgo social sigue latente y la falta de una ruta clara para su atención ha sido uno de los principales vacíos detectados por la Personería.
Desarticulación entre entidades nacionales y locales
Otro de los puntos críticos que la Personería de Medellín ha resaltado es la falta de articulación entre las entidades nacionales y locales encargadas de atender a los deportados. Según Calle, no se ha establecido un mecanismo efectivo para la caracterización de quienes llegan, lo que impide conocer su estado de vulnerabilidad y brindarles asistencia de manera oportuna.
“Existe una desarticulación con entidades nacionales, lo que dificulta saber con certeza quiénes son las personas que están llegando y cuáles de ellas requieren atención prioritaria. Esto nos preocupa especialmente si los vuelos de deportados continúan aumentando en los próximos días”, indicó el funcionario.
El panorama plantea una serie de desafíos para las autoridades distritales y regionales, que deben coordinar esfuerzos con instancias como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Departamento de Prosperidad Social para evitar que el problema derive en una crisis humanitaria mayor.
Preocupación ante posibles nuevos vuelos de deportación
Hasta el momento, no se ha logrado establecer cuántos de los deportados han accedido a los programas de atención ofrecidos por el distrito. Aunque algunos han solicitado asistencia, la falta de un registro detallado complica la evaluación del impacto de estas políticas y la efectividad de las medidas adoptadas.
Ante este panorama, la Personería de Medellín hizo un llamado urgente para que se establezcan protocolos claros en la atención de los deportados y se mejore la coordinación entre los diferentes actores involucrados.
“Lo que genera mayor preocupación es qué vamos a hacer con los futuros casos. Si nos llegan más vuelos en los próximos días, ¿cómo nos vamos a articular con Prosperidad Social, la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia para evitar que esto se convierta en un riesgo social aún mayor?”, concluyó Calle.