El presidente de España, Pedro Sánchez, presentó el Observatorio de Derechos Digitales, un organismo de control sobre las redes sociales que apunta a que “en el mundo digital se apliquen las mismas normativas y sanciones que en el mundo real”. El lanzamiento forma parte de una serie de medidas surgidas ante la “carrera tecnológica despiadada” y el “plan diseñado” por la “tecnocasta”, potencias autoritarias y fuerzas antisistema”, con la idea de evitar que “el espacio digital se convierta en el salvaje oeste”.
“¿Por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones?“, expresó el mandatario, que definió a las redes como ”campos de batalla”.
Lanzamos el Observatorio de Derechos Digitales desde @redpuntoes para que los derechos y libertades que defendemos en nuestra vida diaria lleguen al mundo digital.
Para que el espacio digital no se convierta en el salvaje Oeste. Seamos dueños de nuestro propio destino. pic.twitter.com/H4NhBAi78T
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 5, 2025
Durante la presentación, Sánchez reparó en que, “inexplicablemente, se permitió que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños”. “Por eso el observatorio de derechos digitales que lanzamos desde Red.es nace con esa vocación, que los derechos y las libertades que defendemos en nuestra vida diaria lleguen al mundo digital”, detalló.
En ese sentido, titular del Ejecutivo español afirmó que “las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla donde no se discute”, sino que “lo que se hace es atacar”. “La principal consecuencia de todo ello es que, con mucha frecuencia, por desgracia, lo que se viraliza en las redes sociales no es la verdad, sino la mentira”, agregó.
El observatorio en cuestión tiene como misión el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021, que, según señaló el diario El País, se trata de “un marco de referencia para garantizar que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protejan también en el entorno digital”.
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