El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) oficializó la eliminación de la regla de 2022 sobre inadmisibilidad por carga pública. La nueva disposición entrará en vigor el 18 de septiembre y se aplicará a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o de forma electrónica desde esa fecha.

El alcance de la nueva norma del DHS

La nueva normativa permite que los oficiales de inmigración evalúen la totalidad de las circunstancias de cada solicitante sujeto a la causal de inadmisibilidad por carga pública. El análisis busca determinar si la persona probablemente dependerá en el futuro de la asistencia gubernamental, pero el uso de un beneficio no alcanza por sí solo para declarar su inadmisibilidad.

Según la norma en el Registro Federal, los oficiales podrán considerar si el propio solicitante pidió, fue aprobado para recibir o utilizó beneficios públicos sujetos a una verificación de ingresos o recursos económicos. Desde el 18 de septiembre, el análisis dejará de limitarse a la asistencia monetaria para manutención y a la institucionalización prolongada financiada por el gobierno.

El DHS sostiene que el uso de los recursos es un indicador relevante sobre la capacidad del individuo para mantenerse por sus propios medios en el futuro.

La evaluación incluirá cinco factores mínimos establecidos por la legislación:

• La edad
• La salud
• El estado familiar
• Los activos, recursos y situación financiera
• La educación y las habilidades laborales

Los oficiales también podrán tomar en cuenta otros elementos que consideren pertinentes para estimar si el solicitante probablemente se convertirá en una carga pública.

El marco regulatorio de 2022 que deja de existir con la nueva norma del DHS

La regla eliminada, promulgada en 2022, establecía un marco de siete factores, cinco de ellos exigidos expresamente por la legislación, para evaluar la totalidad de las circunstancias del solicitante. Ese sistema limitaba la consideración de beneficios a la asistencia pública en efectivo destinada a la manutención

El DHS argumenta que el sistema de 2022 actuaba como una “camisa de fuerza” para el personal migratorio. Según el ente federal, los oficiales no podían considerar información adicional que fuera pertinente para determinar la verdadera situación económica del individuo.

Quiénes quedan exentos de la nueva norma del DHS

Las ayudas no monetarias que estaban excluidas por la regla de 2022 y que fueron recibidas únicamente antes del 18 de septiembre de 2026 no serán consideradas bajo el nuevo criterio.

Asimismo, los beneficios públicos que no requieran una verificación de ingresos también quedan fuera del escrutinio de los agentes de inmigración. Esto abarca los beneficios ganados a través del empleo, como el Seguro Social, las pensiones gubernamentales y los pagos por desempleo.

Por regla general, el DHS no considerará como propias del solicitante las ayudas recibidas por familiares, incluidos sus hijos ciudadanos. No obstante, podrá evaluar la situación financiera del aspirante si existen pruebas de que un familiar al que está legalmente obligado a mantener recibe beneficios debido a que sus ingresos están por debajo del límite exigido, o si esas ayudas constituyen la fuente de sustento del solicitante.

Varios grupos conservan exenciones establecidas por la legislación. Entre ellos se encuentran los refugiados y asilados que solicitan el ajuste bajo las disposiciones correspondientes, determinados beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano y personas protegidas por categorías humanitarias como VAWA. La aplicación depende de la categoría migratoria utilizada para pedir la residencia.