Luego de que el exjuez Ricardo Manuel Rojas rechazara el ofrecimiento del Gobierno, será Santiago Castro Videla quien ocupe el puesto de Procurador del Tesoro. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni este martes.

Reemplazará así a Rodolfo Barra, quien dejó el cargo la semana pasada. Se trata de un jurista formado en la Universidad Austral, especializado en Derecho Administrativo y Constitucional.

Rojas fue el primer candidato del Gobierno para ocupar el puesto. Sin embargo, luego de reunirse con el asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, confirmó que rechazó el ofrecimiento. “Estoy profundamente agradecido al Presidente Javier Milei por el ofrecimiento para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro. Es un gran honor”, expresó a través de X.  

Quién es Santiago Castro Videla, el nuevo Procurador

Al momento de considerar al reemplazante de Barra, también sonó fuerte el nombre de Santiago Castro Videla. Jurista formado en la Universidad Austral, especializado en Derecho Administrativo y Constitucional, reviste un perfil distinto y más joven.

Aparece con un currículum más acotado pero vasto dada su corta edad en relación a Rojas y sin el rodaje de haber pertenecido al mecanismo del Poder Judicial. Así y todo gravita su lazos con el estudio del renombrado constitucionalista Alberto Bianchi, de cuyo estudio forma parte.

Fue asistente de Profesores full time de Derecho Constitucional en su carácter de becario de la Universidad Austral (2000-2003. Becario del Dr. Ernesto O’Farrell (2003-2005) y profesor de Derecho Administrativo con clases en diversos cursos de posgrado de la Universidad Austral (desde 2010), como la Maestría en Derecho Administrativo, la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, la Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado, la Diplomatura en Derechos Humanos y el Programa de Agronegocios de la Universidad Austral. 

“Dispuesto a colaborar”: la decisión de Ricardo Rojas

“Si bien he declinado por los motivos que le expliqué a él y a Santiago Caputo, estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor”, agregó Rojas.  

El exmagistrado se había reunido el lunes por la tarde en la Casa Rosada con Caputo, pero más allá de los buenos términos de la charla, no llegaron a un entendimiento para que suceda a Barra. “Puedo ayudar igual sin ocupar un cargo”, consideró también a través de un comentario en la red.

El autor de La inflación como delito tiene una cercanía personal e ideológica con Milei. 

Rojas fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia entre 1986 y 1993 -donde coincidió con Barra como integrante del alto tribunal- y se desempeñó como juez en lo Criminal de Buenos Aires entre 1993 y 2008 y luego una vez más desde 2011. 

También dio clases en universidades del país y como profesor visitante o conferenciante en diversas casas de altos estudios de Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos.

Rojas es autor de diversos artículos de análisis de la gestión de La Libertad Avanza durante 2024, muchos de ellos publicados en calidad de director del Centro Bruno Leoni de la Universidad Francisco Marroquín. 

La salida de Rodolfo Barra del Gobierno

Rodolfo Barra oficializó su renuncia el sábado, en medio de una nueva interna que se abría en el Gobierno. El Ejecutivo lo desplazó el viernes pasado tras varios cuestionamientos por un dictamen a favor del reclamo de una empleada pública, que cobraba un incentivo salarial a través de ACARA. 

El fin de semana, en ese contexto, Barra escribió una carta dirigida al jefe de Gabinete Guillermo Francos, en la que presentaba su “renuncia indeclinable”, y agradecía al Presidente Javier Milei. “Ha sido para mí una gran experiencia y honor haber colaborado con su gestión”, sostuvo.

El dictamen que motivó el desplazamiento de Barra estaba relacionado con la presentación judicial de una empleada del Ministerio de Justicia, que había solicitado que se impugnaran decisiones de la administración libertaria que recortaban incentivos en los salarios.

Pero en las filas del Gobierno se tomó como una ofensa contra la gestión y aseguraron que desplazarían a todos los funcionarios que no respondan “en línea con las ideas del Presidente”.