El Gobierno encara 2025 muy confiado. Es consciente de que en el primer año de gestión, y contra todos los pronósticos, los números lo acompañaron. Y vaya si lo acompañaron: la inflación se desplomó, el déficit fiscal desapareció, el crecimiento retomó un espiral ascendente, los salarios ganaron en dólares y la pobreza terminó en diciembre mejor de lo esperado.

En ese contexto y sin mayoría en el Congreso, el presidente Javier Milei se propone varios objetivos, entre el que se destaca terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con desembolsos de fondos frescos incluidos y que al mismo tiempo baje la deuda, tener la inflación por debajo del 1,5% mensual y salir del cepo. Claro que Milei quiere lograrlo (está a punto de cerrarse) sin moverse de lo que está convencido: no está dispuesto a negociar perder el superávit fiscal ni a emitir, y sí está dispuesto a dedicarle horas a torcer un pensamiento híper instalado en los argentinos: la presencia del Estado en la economía. A esto último Milei lo llama “la batalla cultural a favor de la libertad”, un debate que le parece fundamental. 

En el FMI no le tenían fe a Milei. De alguna manera, varios en el staff del Fondo pensaron que el Gobierno iba a fracasar en su plan para controlar la inflación. Ahora, la historia cambió y con Donald Trump a días de volver a la Casa Blanca, todo parece encaminado. Eso sí, Milei no está dispuesto a firmar cualquier plan. A modo de ejemplo, el Gobierno no aceptará si el Fondo pone condiciones a favor de volver a tener déficit fiscal o devaluar. Por otro lado, el Gobierno no piensa utilizar los dólares del FMI para volcarlos al mercado, pero sí para sanear la economía.

Por otro lado, el Gobierno enfrentará un año cargado de tensión con sectores industriales que piden un mejor tipo de cambio. En este punto, el equipo económico parece inflexible. Así mismo, el Gobierno espera que la inflación de diciembre esté por debajo del 2,5% y a partir de ahí formalizar que el “crawling peg” (el ajuste controlado del tipo de cambio) se reduzca. En otras palabras, que el peso se mueva el 1% mensual en relación con el dólar.

Hay sectores de la industria, analistas y economistas que sostienen que el tipo de cambio está atrasado y que una devaluación del 1% mensual sólo provocará que la Argentina sea menos competitiva porque, más que una devaluación, es una apreciación del peso contra la inflación.

En el Gobierno sostienen que es una mirada incorrecta y que, técnicamente, el tipo de cambio no está atrasado. Es más, el propio Milei asegura con frecuencia que si era por el ingreso de dólares, el peso se hubiese apreciado más el último año, pero que lo frenó para evitar problemas a muchísimas empresas. Según la cuenta del Gobierno, para tener un tipo de cambio como en los ’90, el peso debería rondar los $ 700.

Por otro lado, el Gobierno enfatiza en la caída del riesgo país: desde los 3000 puntos básicos cuando asumió, a los 600 de ahora. Para el Presidente, este punto no es menor porque, al caer el riesgo país, la tasa de interés doméstica también cae y con ello se reduce el costo de capital de las empresas. Consecuencia de ello, se dispara el valor de las mismas (200% en el último año) y estimula la llegada de nuevas inversiones. También, el pensamiento del Gobierno es acomodar la macro y que de la micro se ocupe cada empresa o sector. Tampoco es un Gobierno que ve con malos ojos pasar a ser un país con más empresas de servicios y menos industrias. Fuentes de la Casa Rosada afirman que “en el fondo, la meta de Milei sigue siendo la dolarización y el sendero de consumo via aumento de salarios (en términos de moneda dura) que puedan tener los argentinos”.

Al mismo tiempo, el Gobierno está dispuesto a seguir con la motosierra. El Estado volverá a recortarse este año y al mismo tiempo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, seguirá desregulando día a día la economía.

Las otras batallas que presentará el Gobierno estarán dadas en el Congreso. No se descarta un llamado a extraordinarias, aunque reconoce que para hacer las reformas laborales y previsionales le falta músculo político. En definitiva, para esto último, el Gobierno apuesta a la segunda parte de su mandato, porque si las elecciones de medio término lo acompañan, tendrá mayor peso en el Congreso.