Transcurría 2001. Argentina se encontraba al borde del colapso económico y social, la Convertibilidad agonizaba ante el crecimiento de la deuda externa y el deterioro de la recaudación fiscal y, tratando de evitar lo inevitable, Domingo Cavallo echó mano a una “medida transitoria”: un impuesto de emergencia sobre las transacciones bancarias.
A contrarreloj, el Congreso sancionó el 24 de marzo la Ley 25.413 que dio luz verde al impuesto a los débitos y créditos, más conocido como “impuesto al Cheque“. El tributo debía durar inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2002. Sin embargo, y como tantos otros casos “de emergencia”, más de dos décadas después sigue vigente y este año se cumplirán 24 años de su sanción. Ahora, debería quedar sin efecto para el último día de diciembre de 2027.
El gravamen que pesa sobre las acreditaciones y los débitos bancarios es uno de los qué está en la mira del gobierno de Javier Milei, que prometió para este año llevar adelante un profundo cambio del régimen impositivo.
“Estamos apuntando a una reforma tributaria en la que no haya más de 6 impuestos a nivel nacional”, especificó el ministro Luis Caputo en una entrevista radial. Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre las condiciones de estas posibles modificaciones ni cuáles son los gravámenes que están bajo la lupa.
En ese contexto y luego de bajar de forma temporaria las retenciones al campo, la gestión libertaria enfrenta el reto de avanzar contra uno de los tributos de mayor relevancia en la recaudación del Estado sin poner en riesgo uno de sus principales pilares: el superávit fiscal.
Larga vida al impuesto al Cheque: las razones por las que el Gobierno no lo bajaría en 2025
Qué alternativas tiene el Gobierno para eliminar el impuesto al cheque
Consultados por El Cronista, especialistas señalaron en que cualquier modificación al esquema tributario debe necesariamente incluir la eliminación de este gravamen y subrayaron los efectos perjudiciales que tiene en la actividad económica.
“Es un impuesto distorsivo, ya que por cada movimiento bancario te descuenta un 1,2% en total. Cuando recibís una acreditación te cobra un 0,6 y cuando realizás una compra otro 0,6. A lo largo del tiempo, su peso fue creciendo en los balances de las empresas. Incluso, algunas veces tiene un peso superior a Ganancias. Por eso preocupa a muchas empresas”, apuntó Martin Caranta, contador público y socio de Lisicki, Litvin y Asociados.
Sobre los mecanismos que tiene el Gobierno para reformar el impuesto, el especialista tributario propuso una rebaja significativa de la alícuota aunque lo condicionó a una variable clave.
“A lo mejor el nivel de recaudación se puede mantener si hay una expansión de la economía formalizada y donde se amplían las transacciones económicas. Ahí, pueden bajar a la mitad el peso del impuesto (quedando en 0,6). Esa podría ser una opción, ya que es un impuesto de fácil recaudación y fiscalización”, señaló el tributarista.
En tanto, Sebastián Domínguez remarcó que un primer paso sería permitirle a las empresas “tomarlo en un 100% como pago a cuenta de Ganancias y el IVA”, lo que representaría una baja en su carga impositiva.
Los especialistas subrayaron los efectos perjudiciales que tiene el impuesto al Cheque en la actividad económica.
“Lo importante sería que al impuesto al Cheque se le puede bajar las alícuotas por decreto, sin necesidad de una ley, o un mix entre eso y permitir el pago a cuenta del IVA al 100%”, señaló.
Para avanzar con un recorte, el socio de SDC Asesores Tributarios planteó que la Casa Rosada debe esperar a un repunte de la actividad para evitar turbulencias en el orden fiscal.
“Hay que ver en qué mes hay una reactivación que genere una mayor recaudación para garantizar el superávit. Es una de las patas claves del programa, eso no lo va a poner en riesgo. Si tienen garantía de mantenerlo, puede que hagan algún retoque y bajarlo al 0,5 sobre los débitos y 0,5 sobre los créditos como señal”, añadió.
Las dos razones que no permitirían el fin del impuesto en 2025
Sin embargo, los especialistas coincidieron en que el Gobierno no tendría margen para reducir el impuesto en 2025, en parte por su relevancia en las arcas del Estado.
Según el último informe de recaudación del ARCA, este tributo acumuló $ 9.417.135 millones en 2024 y quedó en el quinto puesto entre los que más aportaron. Junto con los Derechos de Exportación suman el 12% de la presión tributaria total.
En ese sentido, Domínguez sostuvo que “será difícil” para el oficialismo implementar cambios en un año “donde ya no tendrán la recaudación del impuesto PAIS”.
“No quiere decir que no puedan, pero eliminarlo hoy es imposible. Representa casi el 10% de la recaudación de impuestos nacionales. Hay que cambiarlo en el marco de una reforma tributaria que no se va a poder dar este año”, recalcó.
Asimismo, puso una luz de alerta a la estrategia de aguardar por un crecimiento de la economía para bajar impuestos.
“Bajar el crawling peg al 1% pero mantener la tasa de referencia va a disminuir la inflación pero puede generar una recesión. Por eso, hay que ver cuando deciden bajar la tasa de referencia que está en el 32% porque si se hace más lenta la recuperación, va a hacer más difícil recaudar con Ganancias e IVA. Ahí puede estar en riesgo el superávit y en ese caso no había ninguna baja de impuestos”, explicó.
Otra vía para mantener el equilibrio de las cuentas públicas es seguir con la motosierra en el gasto público, fórmula que le permitió terminar con excedente fiscal primario el año pasado. Al respecto, Caranta aseguró que el Gobierno tendrá dificultades para sostener el ajuste durante 2025.
“El plan de Gobierno está sobre la mesa: tratar de que el Estado tenga el menor peso posible, bajar el déficit fiscal y achicar el gasto. Pero más de lo que se redujo de gasto público en el inmediato plazo no se va a poder reducir”, remarcó.
Al mismo tiempo, opinó que deberían empezar primero con la eliminación de los Derechos de Exportación. “Es mucho más distorsivo ya que distorsiona las transacciones internacionales y la Argentina tiene que apuntar a expandirse al mundo”, puntualizó.
“Sería más prioritario su eliminación y tal vez el que le siga sería el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Pero disminuirlo de forma progresiva en 2025 lo veo difícil”, completó.
El 100% de la recaudación del impuesto al Cheque se destina al ANSES y al pago de jubilaciones.
El impacto de su eliminación en las jubilaciones de ANSES
Uno de los dilemas detrás de esta decisión es el impacto que tendría en la pérdida de recursos sobre la ANSES. Y es que, por ley, el 100% de la recaudación del impuesto al cheque se deriva al organismo para pagar jubilaciones y otras prestaciones como la AUH.
Por lo tanto, es un interrogante cómo se compensaría la rebaja de fondos para la cobertura del sistema previsional, un sector que además fue de los más golpeados por los recortes en 2024.
Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC, analizó las posibles implicancias para el organismo de la seguridad social e hizo una importante aclaración.
Puntualmente, señaló que el gasto de la entidad “no depende de cuánto recauda, sino que está determinado por las normas sobre los beneficios”, es decir, los requisitos que definen quienes pueden acceder a una jubilación y asignaciones familiares, entre otras prestaciones.
“Si bien ANSES tiene una asignación de recursos definida (aportes y contribuciones, impuestos específicos, rentas financieras, entre otras), no es un organismo independiente de la Administración Pública Nacional o autofinanciado”, planteó Rofman.
Sobre este punto, el economista profundizó: “Todos los meses, la Secretaría de Hacienda habilita el pago de beneficios de ANSES a través de un crédito presupuestario. Si los recursos mencionados no alcanzan, es un problema de Hacienda y no de ANSES, que no tiene atribuciones ni poder para reducir el número de beneficiarios o lo que cobra cada uno”.
Por estos motivos, Rofman indicó que “cualquier cambio en los impuestos que tienen alguna asignación específica no tiene ningún impacto en las prestaciones sociales y previsionales” ya que las decisiones sobre estos “dependen de la visión integral del sistema tributario”.
“Los recursos destinados al gasto previsional y de políticas sociales gestionadas por ANSES están determinados en el presupuesto y tienen financiamiento asegurado, mediante las asignaciones que existan o rentas generales si fuera necesario”, finalizó.