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La directiva amenaza a diversos programas federales en EE. UU.: subvenciones a gobiernos estatales, locales y tribales, ayuda para catástrofes, financiación de la educación y el transporte, préstamos a pequeñas empresas.

La oficina presupuestaria de la Casa Blanca ordenó una pausa en las subvenciones, préstamos y otras ayudas financieras federales, según un memorando enviado el lunes a las agencias gubernamentales, paralizando potencialmente una amplia franja de programas y sembrando confusión y alarma entre los grupos que dependen de ellas.

La directiva amenazaba con trastocar los fondos que circulan por toda la economía estadounidense: cientos de miles de millones de dólares en subvenciones a gobiernos estatales, locales y tribales. Ayuda para catástrofes. Financiación de la educación y el transporte. Préstamos a pequeñas empresas.

Pero el memorándum de dos páginas de Matthew J. Vaeth, director en funciones de la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB por su sigla en inglés, no aclaraba el alcance de la pausa ni muchas otras cosas.

Entre las incertidumbres estaba si el presidente Trump tiene autoridad para detener unilateralmente los fondos asignados por el Congreso. El senador Chuck Schumer, de Nueva York, líder demócrata en el Senado, dijo en un comunicado que el memorándum “desobedece descaradamente la ley”.

“El Congreso aprobó estas inversiones y no son opcionales, son la ley”, dijo Schumer, añadiendo que “Donald Trump debe ordenar a su gobierno que dé marcha atrás inmediatamente y el dinero de los contribuyentes se distribuya entre la gente”.

En su memorándum, Vaeth ordenó a las agencias federales “pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la ayuda financiera federal”, y cualquier otro programa que incluyera “DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), la ideología woke de género y el Nuevo Pacto Verde”.

Vaeth señaló que la pausa, que entra en vigor el martes, se prolongaría al menos hasta mediados de febrero, y dijo que las agencias deberían presentar un informe detallado sobre los programas que se han visto afectados antes del 10 de febrero. Añadió que la pausa era necesaria para garantizar que los programas federales se alineaban con las prioridades políticas de Trump.

“El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas de ingeniería social del Nuevo Acuerdo Verde es un despilfarro del dinero de los contribuyentes que no mejora la vida cotidiana de las personas a las que servimos”, dijo Vaeth.

No quedó claro de inmediato qué programas entrarían en esas categorías. El Nuevo Pacto Verde, por ejemplo, fue una propuesta política que nunca llegó a convertirse en ley.

El memorándum, del que informó previamente la periodista Marisa Kabas, especifica que también se verían afectados los programas que apoyan a las organizaciones no gubernamentales. Los grupos sin ánimo de lucro reaccionaron con alarma.

“Esta orden es una potencial crisis de gran alarma para las organizaciones no lucrativas y las personas y comunidades a las que sirven”, dijo en un comunicado Diane Yentel, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro.

“Desde la interrupción de la investigación sobre la cura del cáncer infantil hasta la paralización de la asistencia alimentaria, la seguridad frente a la violencia doméstica y el cierre de las líneas directas de ayuda al suicidio, el impacto de incluso una breve pausa en la financiación podría ser devastador y costar vidas”, añadió Yentel. “Esta orden podría diezmar a miles de organizaciones y dejar a los vecinos sin los servicios que necesitan”.

El memorando citaba “más de 3 billones de dólares” en ayudas económicas federales que podrían verse afectadas por la directiva, pero la fuente de esa cifra no estaba clara, y otra suma que citaba el memorando sobre el gasto federal total estaba significativamente inflada. Los analistas del gobierno estimaron el presupuesto para el año fiscal 2024 en 6,75 billones de dólares, mientras que el memorándum de Vaeth afirmaba que el gobierno había gastado “casi 10 billones de dólares” en ese año fiscal.

El memorándum de la oficina presupuestaria establecía una excepción para la “ayuda recibida directamente por individuos”, así como para los beneficios de Medicare y el Seguro Social. Aparentemente el memorándum también reconocía los límites legales del poder ejecutivo para interferir en programas legalmente obligatorios, diciendo que las agencias debían llevar a cabo la pausa “en la medida permitida por la ley aplicable”.

Tampoco estaba claro qué entraba en la definición de ayuda a individuos, y el memorándum no ofrecía ejemplos de qué programas cumplirían o no los requisitos. Muchos agricultores y propietarios de pequeñas empresas piden préstamos y reciben subvenciones del gobierno federal, pero no está claro si se considerarían como ayuda individual o ayuda a una empresa.

El Congreso, por ejemplo, estableció hace décadas un programa que concede préstamos agrícolas a mujeres, minorías raciales y nativos americanos, una medida en la que participó el primer gobierno de Trump. En teoría, ese programa podría ser sometido a escrutinio por sus similitudes percibidas con el “progresismo woke”, la “DEI” o la “equidad marxista”.

Karl Scholz, presidente de la Universidad de Oregón, dijo que la directiva del lunes estaba “generando muchas preguntas”. Pero él, como muchos otros en el mundo académico y en el gobierno, aún intentaban interpretar el memorándum y sus consecuencias, afirmando que los investigadores ya experimentaban “un considerable malestar junto con un profundo interés por conseguir una mayor visibilidad sobre lo que está ocurriendo realmente.”

Colaboraron con reportería Glenn Thrush, Maggie Haberman, Amy Schoenfeld Walker, David A. Fahrenthold y Alan Blinder.

Chris Cameron cubre temas políticos para el Times, con enfoque en las noticias de última hora y en la campaña de 2024. Más de Chris Cameron

Colaboraron con reportería Glenn Thrush, Maggie Haberman, Amy Schoenfeld Walker, David A. Fahrenthold y Alan Blinder.