La reactivación política de la Base Naval Integrada de Ushuaia anunciada por el presidente Javier Milei volvió a poner en discusión un proyecto que arrastra décadas de demoras y que suele confundirse con otra iniciativa: la del Área Antártica Internacional de Ushuaia, proyecto incluido por el gobierno nacional en 2006 como proyecto prioritario para Tierra del Fuego. Aunque ambos comparten el mismo territorio, se trata de planes con lógicas, actores y objetivos distintos.

El proyecto de la Base Naval Integrada, que albergará a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, se ubica en terrenos navales próximos al aeropuerto internacional de Ushuaia, en las tranquilas aguas del Canal de Beagle, y su planificación comenzó en los años 90. Tras intentos y proyectos fallidos, la obra actual tuvo su “piedra fundacional” en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque nunca mostró avances significativos.

Según información oficial de ese año, el proyecto prevé un muelle de aproximadamente 1050 metros de desarrollo de atraque, instalaciones específicas para logística antártica, edificios de servicios marítimos, infraestructura para el Área Naval Austral y la Base Naval Ushuaia y, finalmente, viviendas para el personal.

La infraestructura contempla, además, un edificio de servicios marítimos de 2540 metros cuadrados y un complejo logístico antártico, de unos 10.100 metros cuadrados, con galpones, talleres, depósitos, oficinas y cámaras frigoríficas. Una segunda etapa suma otros 39.000 metros cuadrados de instalaciones para el Comando del Área Naval Austral.

Hipótesis de conflicto y zona de riesgo

Cuando se intenta acceder a información detallada de proyectos para la defensa, las fuentes oficiales son rotundas: “Hay que preservar datos y ser cautelosos a la hora de dar pormenores que excedan lo que informa oficialmente el Ministerio de Defensa”.

“Existe la hipótesis de conflicto. De hecho, la creó el propio primer ministro británico, Andy Burnham, al anunciar que va a reforzar las defensas y la capacidad militar en las Islas Malvinas. Ahí empieza una escalada del conflicto. Tenemos que ser muy prudentes en la información sobre las capacidades defensivas argentinas”, afirma Alejandra Portatadino, ingeniera a cargo de la obra de la Base Naval Integrada, en diálogo con LA NACION.

“La fuga de información y qué se publica es sensible y preocupante, porque es una región que tiene parte de su territorio usurpado, en riesgo permanente de conflicto. A veces, por el afán de informar se pierde la conciencia de la seguridad nacional”, explicó.

Se trata, en esencia, de una obra que lleva adelante la Armada con un doble objetivo estratégico: aumentar la capacidad de presencia y control argentino en el Atlántico Sur y de logística para transformar a Ushuaia en una plataforma que permita la proyección hacia la Antártida, con foco en la base Petrel.

La propia documentación oficial del Ministerio de Defensa definió la obra como “un centro logístico para el Sostenimiento de la actividad antártica”, destinado a permitir que las bases nacionales puedan ser abastecidas de manera rápida y eficiente desde Ushuaia, en complemento con el desarrollo de la base antártica conjunta Petrel.

Según información oficial, el área de Defensa reconoció este año que la progresión de los trabajos está condicionada por la disponibilidad financiera del Estado. El último porcentaje de avance cuantificado se mantuvo en 9,13% (agosto de 2025).

En 2024 el entonces ministro de Defensa y actual diputado Luis Petri había estimado que la construcción demandaría unos 300 millones de dólares, con una partida específica de más de 163 millones de dólares incluida en el presupuesto 2025, aunque la obra perdió continuidad en su financiamiento.

El Área Antártica Internacional

A diferencia de la Base Naval Integrada, de impronta militar y bajo la órbita directa de la Armada, el Área Antártica Internacional tiene sustento público-privado y un objetivo de apoyo a los programas antárticos, operatoria que hoy concentra Chile.

Desde la década de 1990, distintos gobiernos provinciales y nacionales plantearon la necesidad de dotar a Ushuaia de infraestructura portuaria, aérea y logística para sostener las operaciones antárticas y captar parte de la actividad internacional vinculada al continente blanco”, explica Daniel Leguizamón, uno de los referentes de mayor trayectoria en política antártica.

Mientras la Base Naval Integrada responde a una lógica de defensa y soberanía -ampliar la capacidad operativa de la Armada en el Atlántico Sur, el Polo Logístico Antártico “apunta a un desarrollo económico-productivo y científico-comercial, destinado a atraer programas antárticos internacionales, empresas de turismo y logística civil, en una lógica más cercana a la que rige en Punta Arenas, del lado chileno”.

Aunque formalmente diferenciados, ambos proyectos -la Base Naval Integrada Ushuaia y el Polo Logístico Antártico- han sido concebidos por sucesivas gestiones como componentes complementarios de una misma estrategia: reforzar la presencia argentina en la Antártida, mejorar las capacidades logísticas nacionales y posicionar a Ushuaia como un nodo relevante en el sistema antártico internacional. Lamentablemente, ambos proyectos han fracasado con la misma fuerza con la que cada tanto son impulsados.

“Tenemos una gran brecha con la infraestructura del lado chileno: hay 24 programas antárticos internacionales que operan con base en Punta Arenas y ninguno lo hace desde Ushuaia”, señala el especialista en temas antárticos.

Defensa nacional y lógica científica

Por la ubicación geográfica de la obra y su proyección sobre el Atlántico Sur, Leguizamón afirma que “la distinción entre la Base Naval y el Polo Logístico Antártico remite a una tensión más amplia: la que existe entre la lógica de defensa y soberanía en el Atlántico Sur y la lógica científica que rige, por el tratado internacional, la actividad en el propio continente antártico”.

El Tratado Antártico, suscripto en 1959 y del que la Argentina es miembro fundador y parte consultiva, estableció un régimen específico para el continente.

Según explica a LA NACION el sociólogo Fernando Chiesa, referente de la Fundación Innovación Fueguina (Finnova) “se trata de un acuerdo al que se llegó el siglo pasado entre 12 países originales para congelar los reclamos de soberanía, en el marco del cual se pusieron de acuerdo en no realizar actividades militares en el continente y sí actividades científicas”.

La Argentina es el país con mayor continuidad histórica de presencia en el continente, sostiene reclamos de soberanía territorial sobre el sector antártico y despliega su actividad científica a través del Instituto Antártico Argentino y la Dirección Nacional del Antártico, ambos con funciones desde Buenos Aires, algo que suele ser criticado en Tierra del Fuego, donde diferentes sectores reclaman que deberían tener la operación principal.

Como un avance significativo, Chiesa cuenta que “después de 30 años logramos que en octubre se haga en Ushuaia la Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL), cuyo objetivo es que los países que integran el bloque latinoamericano coordinen una agenda común de cuestiones técnicas, ambientales, operativas y logísticas en el marco del Tratado Antártico”.

“Que la RAPAL se realice en Ushuaia refuerza su posición como una de las cinco puertas de entrada a la Antártida en un momento en que el Atlántico Sur cobra cada vez más relevancia geopolítica”, explica.

“Es una oportunidad única y concreta de generar más trabajo, inversiones y desarrollo para Tierra del Fuego y para la Argentina”, sostiene Chiesa.

Esa doble vara -soberanía y defensa del lado argentino continental e insular; ciencia y cooperación internacional del lado antártico propiamente dicho- explica por qué el gobierno nacional puede presentar simultáneamente la Base Naval Integrada como una “acción de soberanía” en el Atlántico Sur y, al mismo tiempo, sostener el compromiso con el régimen científico y desmilitarizado del Tratado Antártico.