En un escenario de alta expectativa, este miércoles, se conocieron las propuestas de las empresas que competirán por la licitación de la hidrovía y, pese a los cuestionamientos, el Gobierno demuestra que continuará adelante con la renovación de la concesión de la vía troncal del comercio exterior de la Argentina por 30 años.

De manera sorpresiva, este medio día se conoció que sólo la empresa belga Dredging, del grupo DEME, se presentó a la licitación nacional e internacional para realizar las obras de dragado y balizamiento del corredor que marca el ritmo del comercio internacional de la Argentina.

La firma, fue la primera en accionar judicialmente contra la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y solicitar la “suspensión inmediata” al plantear un direccionamiento de los pliegos por parte del Gobierno para una empresa en particular. 

La misma fue desestimada por la Justicia  quien consideró que “para poder considerar la ilegalidad articulada en este caso se precisa de un mayor conocimiento de la cuestión aquí debatida, requiriéndose el ofrecimiento de pruebas”.

Ahora ingresará a un proceso de análisis que no tiene plazos pero, sin embargo, está sujeto a impugnación en caso de que algún actor lo considere. 

Sobre la validez de la licitación a la que sólo se sometió una firma, fuentes del sector explicaron a El Cronista que si bien no hay razón para desestimar la licitación 

por único oferente

-siempre que cumpla con todos los requisitos del pliego-, la decisión de avanzar con la firma DEME “es política”.

El riesgo, que se advierte en esta situación es que por diversas razones la empresa abandone el proceso y  genere un vacío en el proceso de licitación, lo que se traduce en pérdida de tiempo para el inicio de la nueva concesión. 

Infraestructura clave

El corredor, por donde transita el 80% del comercio exterior de la Argentina viene siendo blanco de debate desde hace 15 años, cuando se venció la primera concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná que fue concesionada a la firma belga Jan de Null en asociación con la argentina EMEPA, en los 90´.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos de distinto color políticos, se fue prorrogando hasta que la gestión anterior pasó el control a la Administración General de Puertos (AGP) que recientemente fue disuelta por Javier Milei.

En el interín,  mientras se define el nuevo concesionario el Estado cobra el peaje y, como contrapartida terceriza las obras de dragado, indispensables para mantener la navegabilidad de los buques, al sector privado. 

La nueva licitación es un negocio que se estima en 410 millones de dólares anuales y 12 mil millones de dólares para el contrato total a 30 años, según señalan fuentes del sector privado.

Se trata de una vía navegable de más de 3.400 kilómetros que atraviesa 5 países, 79 puertos y que representa la principal ruta comercial de la Argentina, sobre todo para las exportaciones del complejo agroindustrial de la zona conocida como “Gran Rosario”.

La licitación actual consiste en concesionar a una empresa privada por al menos 30 años la  las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía, cuestión que va a definir qué tipo y tamaño de barcos podrán navegar por el Paraná y si los buques graneleros podrán transitar con la carga completa o tendrán que seguir completando carga en los puertos de Quequén o Bahía Blanca, como sucede actualmente. 

Tanto la profundidad a la que se draga el río y el calado navegable son aspectos fundamentales para ganar eficiencia logística y bajar el costo del flete internacional, algo que se viene solicitando tanto de la actividad agropecuaria como de la industria, particularmente por las cargas de aluminio y acero que se despachan por este corredor. 

Ese costo, resulta central no sólo para hacer más competitivo el costo de las exportaciones sino, además, mejorar el de las importaciones, que finalmente recae sobre el producto local. 

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