En un operativo conjunto realizado por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Puno, la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio (DEPINCRI) Puno y la Policía Fiscal (AREPOFIS), agentes intervinieron un volquete en el Óvalo Huáscar. El vehículo transportaba 4 mil galones de combustible ocultos bajo una carga de grava y arena, según informó Canal N. La intervención ocurrió alrededor de las 9:30 horas del 4 de enero de 2025, cuando el conductor, identificado como David Wilson Flores Mamani, de 39 años, fue detenido por el presunto delito de contrabando.

Durante la inspección del vehículo con placa A4Y-854, que transportaba piedra grava como carga aparente, los agentes descubrieron dos grandes contenedores de combustible ocultos bajo los escombros. Este modus operandi, de acuerdo con los informes, es común entre las organizaciones criminales que se dedican al contrabando de hidrocarburos. Según las primeras investigaciones, el camión había partido desde Desaguadero, en la frontera con Bolivia, con destino a Juliaca, sin contar con la documentación que acreditara la legalidad del combustible.

La Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contrabando (FEDA) de Puno trabaja en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Intendencia de Aduanas para determinar el origen del combustible incautado. Además, se busca identificar a los responsables y dimensionar el alcance de esta red criminal.

La ruta del contrabando en la frontera

El caso no es un hecho aislado. Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder expuso la gravedad del contrabando en la región fronteriza entre Perú y Bolivia. Según el informe, vehículos cargados con ropa, combustible, balones de gas y otros productos cruzan diariamente por rutas alternativas que evitan los controles policiales y aduaneros. Una de las principales zonas de tránsito ilícito identificadas es Tilali, en la región Puno.

“El desvío permite evitar la Policía, Aduanas y otras entidades”, explicó un hombre entrevistado por el programa mientras lucía un chaleco de Aduanas SUNAT. Este descontrol, según el exministro del Interior Rubén Vargas, refleja la pérdida de control territorial en las fronteras peruanas. “Los puestos fronterizos son nominales, básicamente cumplen una formalidad”, afirmó.

A pocos kilómetros de estas rutas, se encuentra un centro poblado conocido por albergar un mercado semanal denominado “La Feria”. Este lugar reúne a comerciantes y compradores que acuden en busca de productos provenientes del contrabando. La presidenta de la Comisión de Luchas contra el Comercio ilícito, Claudia Linares, destacó la sofisticación alcanzada por las organizaciones criminales en estas zonas. “Estas redes tienen niveles de distribución impresionantes que sostienen esta economía ilícita”, advirtió.

El informe también reveló que algunas viviendas de varios pisos en estas localidades habrían sido construidas con dinero proveniente de actividades ilegales. Mientras tanto, el gas boliviano, otro de los productos recurrentes en esta economía, es comercializado en minivans que operan en puntos estratégicos de la región.

Pérdidas económicas y ausencia de control estatal

La magnitud del problema no se limita al combustible. Según las cifras presentadas, el contrabando le cuesta al Perú aproximadamente 600 millones de dólares anuales, aunque se estima que el monto real podría ser mucho mayor. Este comercio ilícito incluye productos como cigarrillos, balones de gas, diésel y gasolina, que ingresan al país a través de puntos no oficiales, entre ellos el Lago Titicaca, Puerto Acosta y Desaguadero.

La falta de control efectivo por parte del Estado en estas zonas ha permitido que el contrabando se convierta en una actividad recurrente. “En la frontera de Perú con Bolivia se ha perdido totalmente el control, y esto es aprovechado por las economías criminales”, enfatizó el exministro Vargas.

Frente a estos hechos, las autoridades intensificaron los operativos en la región. Sin embargo, la falta de personal, recursos y presencia constante en las zonas críticas dificulta una solución integral al problema. Mientras tanto, el combustible incautado en el operativo del 4 de enero se encuentra bajo custodia, y las investigaciones buscan desarticular la red detrás de este caso específico.