Florida investiga el uso de bromato de potasio en el pan y otros productos horneados que se venden en el estado

El anuncio de una investigación civil sobre el uso de bromato de potasio en productos horneados ha colocado a Florida en el centro del debate alimentario en Estados Unidos. El fiscal general del estado, James Uthmeier, informó que su oficina ha iniciado un proceso para esclarecer la circulación y presencia de este aditivo, catalogado como posible cancerígeno, en el pan y otros productos que se comercializan en el territorio. La medida, que en su primera etapa involucra a dos gigantes del sector como General Mills y su filial Pillsbury, busca dilucidar hasta qué punto el bromato de potasio forma parte de la cadena de suministro sin que los consumidores sean debidamente advertidos.

La investigación, según precisó Uthmeier, se encuentra en una fase preliminar. Por ahora, ninguna de las empresas bajo la lupa enfrenta una demanda formal, y el propósito inmediato es reunir información relevante. “Por ahora, nadie ha sido demandado. Queremos obtener más información”, explicó el funcionario, quien adelantó que se han emitido citaciones a General Mills y Pillsbury, aunque la lista de compañías podría ampliarse en el futuro.

La citación se ampara en la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida. En ese marco, las empresas deberán aportar registros detallados sobre los productos que contienen bromato de potasio, la información compartida con los compradores, el grado de conocimiento de sus directivos respecto a los riesgos para la salud y si esos productos alcanzaron a distribuirse en escuelas públicas. Pese al rigor de la medida, Uthmeier remarcó que no se trata de una acusación formal, sino de un procedimiento para obtener claridad y transparencia sobre la situación.

El bromato de potasio es un aditivo utilizado principalmente en la panificación industrial. Su función consiste en actuar como agente oxidante, lo que fortalece la masa, blanquea la harina, incrementa el volumen del pan y prolonga la vida útil del producto terminado. Estas propiedades lo han convertido en un componente habitual dentro de la producción comercial de panificados, aunque su uso no está exento de controversia.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permite el uso de bromato de potasio bajo ciertas condiciones: se exige que en el producto final quede poco o ningún residuo del compuesto, y la agencia mantiene el aditivo bajo revisión constante. No obstante, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como posible cancerígeno humano, basándose en estudios que documentaron la aparición de tumores en animales expuestos a la sustancia.

El debate regulatorio en torno al bromato de potasio ha derivado en prohibiciones en numerosos países. Entre los que han vetado su uso como aditivo alimentario se encuentran los miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, China, India y Brasil. En Estados Unidos, California tomó la delantera y prohibió el bromato de potasio en el pan. A pesar de estas restricciones en otros territorios, su presencia en productos vendidos en Florida reaviva la discusión sobre los estándares y la transparencia en la industria alimentaria estadounidense.

Entre los elementos que rodean la investigación, el trasfondo político resulta inevitable. Algunos críticos han contextualizado la decisión de Uthmeier, señalando que el funcionario se encuentra en campaña para conservar su puesto en las elecciones de noviembre. El acto de anuncio de la investigación se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida Central, en Orlando, y contó con la presencia de la representante estatal Meg Weinberger, copatrocinadora del proyecto HB 595, que buscaba prohibir desde 2028 ciertos colorantes y el bromato de potasio en el estado. Sin embargo, la propuesta legislativa no llegó a discutirse en comisión.

“Esta investigación busca proteger a las familias de Florida y ofrecer transparencia a nuestros consumidores”, sostuvo Uthmeier en un comunicado. “Los floridanos tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que compran y con los que alimentan a sus hijos”. La oficina del fiscal general no dio detalles sobre un calendario estimado para el avance del proceso.

En el centro de la investigación se encuentran dos nombres emblemáticos de la industria harinera: General Mills y Pillsbury. General Mills, con sede en Golden Valley, Minnesota, surgió en 1928 a partir de la fusión de varias molineras de Minneapolis. Actualmente, la compañía opera a nivel mundial, con un portafolio que supera el centenar de marcas, entre las que destacan la harina Gold Medal, los cereales Cheerios y las mezclas Betty Crocker.

Pillsbury, por su parte, fue fundada en Minneapolis en 1869 y durante más de un siglo compitió directamente con General Mills en el sector de la molienda de trigo. En 2001, General Mills adquirió Pillsbury a la británica Diageo por una suma cercana a los 10.000 millones de dólares. Pillsbury es reconocida por productos como la harina Pillsbury’s Best y sus masas refrigeradas, y conserva una fuerte presencia en el mercado estadounidense.

Ambas empresas deberán responder ahora a los requerimientos de la fiscalía de Florida y detallar el papel que el bromato de potasio cumple en sus cadenas productivas y de distribución, en un contexto donde la demanda social por transparencia y seguridad alimentaria sigue en aumento.