En el camino del plan de privatización del Gobierno, que se aceleró en las últimas semanas, las empresas públicas marcaron un superávit operativo récord en enero pasado. El detalle de cuáles están en la mira y los siguientes pasos.
Según un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso, las empresas públicas registraron un superávit por operación de $ 140.009 millones en el primer mes de 2025. “Para hallar un saldo positivo de magnitud similar es necesario remontarse a octubre de 2008, cuando, ajustado por inflación, el superávit operativo alcanzó los $163.066 millones”, afirmaron.
Números verdes ya habían arrojado el balance de total de las empresas públicas en octubre y noviembre del 2024. Lo que deja, para la Fundación, un buen promedio: tres de los últimos cuatro meses las empresas públicas tuvieron resultados superavitarios.
“Al hacer un análisis histórico, observamos que para encontrar un resultado operativo positivo antes del de octubre del 2024 hay que retroceder hasta noviembre del 2009. Esto significa que, durante 179 meses, el equivalente a casi 15 años, el conjunto de empresas públicas registró déficits operativos de manera ininterrumpida”, detallaron.
Gráfico extraído del informe de la Fundación Libertad y Progreso en base a Ministerio de Economía, INDEC y estimaciones propias.
Pero dentro del conjunto se encuentran las ocho empresas que están, por la Ley Bases, sujetas a la privatización (Energía Argentina S.A e Intercargo SAU) y/o a concesión (Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E y Corredores Viales).
Los próximos pasos
Pese a que el resultado del 2024 fue negativo para el conjunto de empresas públicas, el Gobierno logró reducir en 12 meses la magnitud respecto al último año de gestión de Alberto Fernández: el déficit fue de $ 3.205.601 millones a precios constantes, un 39,1% menos que en 2023.
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Y aún con el número positivo en enero pasado, los planes del Gobierno serían inalterables respecto a las que consiguió en la Ley Bases. “Le estamos dando un fuerte impulso al proceso porque esa es la orden del presidente”, comentó una fuente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que conduce Diego Chaher.
Pese a que algunas de ellas muestran resultados positivos por si solas como es el caso de Intercargo S.A que a septiembre pasado tenía un superávit de $ 13.909,4 millones sin ningún tipo de transferencia por parte del Tesoro, su futuro ya está marcado: la privatización o la concesión.
Como reveló El Cronista días atrás, tras el decreto para el paso a manos privadas del Belgrano Cargas y Logística S.A y el anuncio de Corredores Viales, las próximas por las que seguiría el Gobierno serían AYSA e Intercargo S.A.
Según dato de la Oficina Nacional de Presupuesto, a septiembre del 2024, último mes del cual se cuenta con dato oficial, AYSA arrojaba un déficit de $ 1.438,7 millones. Las transferencias que recibió por parte del Estado, acumuladas al tercer trimestre de 2024, sumaron $ 143.717,1 millones, mientras que los ingresos de operación que generó la empresa por su funcionamiento fueron $ 515.434,6 millones y registró otros ingresos de $ 17.583,1 millones.
Frente al cambio de escenario, el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí afirmó que al hablar de empresas públicas lo primero que hay que preguntarse es si verdaderamente deben ser administradas por el estado con los vicios y riesgos que conlleva.
“En la mayoría de los casos nos encontramos con que el sector privado puede proveer los mismos bienes y servicios con mayor calidad y a menor costo económico. Como queda demostrado por el hecho de que las empresas públicas no solo históricamente han perdido dinero, sino que además han fallado en darle servicios de calidad a los argentinos”, aseguró.