El Súper RIGI y la reforma tributaria posible

La Argentina necesita bajar impuestos, pero todavía no tiene margen fiscal ni político para hacerlo de manera general. La carga tributaria no sólo es alta: es desordenada, acumulativa y muchas veces incompatible con una inversión de largo plazo.

El problema es conocido. Lo sabe el Gobierno, lo saben los empresarios y lo sabe cualquier contribuyente que intente producir o exportar. Pero una cosa es diagnosticarlo y otra desarmar una estructura en la que conviven Nación, provincias y municipios, cada uno defendiendo su caja. La reciente marcha atrás con la baja de Ganancias para sociedades, frenada por los gobernadores ante el impacto en la coparticipación, mostró el problema en vivo: en la Argentina, bajar impuestos siempre implica tocar la caja de alguien.

En ese contexto aparecen los regímenes especiales. No son lo ideal. Lo ideal sería una reforma tributaria integral, con menos impuestos y reglas más simples para todos. Pero, mientras eso no sea políticamente posible, la Argentina vuelve a la misma herramienta: elegir sectores estratégicos y darles un tratamiento fiscal mejor que el régimen general.

La Ley de Economía del Conocimiento, impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri como evolución del régimen del software, respondió a esa lógica. Buscaba promover actividades con capacidad exportadora y empleo calificado: software, servicios digitales, biotecnología, industria aeroespacial y satelital, servicios profesionales de exportación y soluciones de industria 4.0.

La idea era correcta. Si el país no podía ofrecer un sistema tributario razonable para toda la economía, al menos podía hacerlo para sectores capaces de vender conocimiento al mundo, generar empleo bien pago y empujar una modernización productiva.

Pero duró poco. Apenas asumió Alberto Fernández, su gobierno suspendió la aplicación del régimen y sembró incertidumbre sobre una ley aprobada pocos meses antes. Una norma pensada para dar estabilidad fue puesta en revisión casi de inmediato. Para un país que necesita que le crean, fue una pésima señal.

El punto, sin embargo, sigue siendo válido: si no se puede bajar impuestos para toda la economía, puede empezarse por sectores capaces de exportar, crear empleo calificado y modificar la matriz productiva.

Milei parece retomar esa lógica original, no el manoseo posterior. Primero lo hizo con el RIGI, orientado a grandes inversiones en energía, minería e infraestructura. Ahora, con el Super RIGI, la apuesta parece ir más allá: no sólo atraer inversiones para explotar recursos naturales, sino promover su industrialización y desarrollar sectores que hoy casi no existen.

Según las precisiones públicas conocidas, el nuevo régimen apuntaría a refinación y laminado de cobre, baterías de litio, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, fertilizantes y centros de datos vinculados a inteligencia artificial. También se mencionaron inversiones potenciales del orden de los US$20.000 a US$30.000 millones.

El dato central no es sólo la lista de beneficios. Es el cambio de enfoque. Durante años, la discusión se concentró en cuánto podía sacarle el Estado al campo, al petróleo, a la minería o a cualquier sector competitivo. Mucho menos se discutió cómo lograr que inviertan más, exporten más y agreguen valor.

Los beneficios anunciados son fuertes: Ganancias al 15%, amortización acelerada, exenciones arancelarias, límites a Ingresos Brutos provinciales y restricciones a tasas municipales.

La alícuota del 15% en Ganancias es potente, aunque habrá que mirar su diseño fino. Para grandes grupos multinacionales puede aparecer la cuestión del Pilar 2 de la OCDE: si la tasa efectiva quedara por debajo del 15%, otro país podría cobrar un impuesto complementario y capturar parte del incentivo.

El punto de los impuestos locales es clave. En la Argentina el problema no termina en la Nación. Provincias y municipios han construido una red pesada de Ingresos Brutos, tasas, retenciones, percepciones y anticipos. Para una inversión de largo plazo, no alcanza con estabilidad nacional si después cada jurisdicción agrega su propio costo.

La pregunta incómoda es qué ocurre con el resto de la economía. Mientras los sectores promovidos accederían a reglas más benignas, pymes, comercios, industrias tradicionales, profesionales y productores seguirán soportando Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, cargas laborales y recaudación anticipada.

La objeción es válida. Pero sería ingenuo desconocer la restricción fiscal y política. Por eso, una estrategia sectorial puede ser defendible si funciona como puente hacia una reforma más amplia. El Super RIGI es parcial, selectivo e injusto para quienes quedan afuera. Pero puede ser un camino posible: atraer inversiones reales, generar exportaciones, limitar la voracidad fiscal local y sostener reglas en el tiempo.

El autor es abogado. Profesor en la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral