EL CALAFATE.— La crisis institucional que sacude a la justicia de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo. En su primera decisión como cuerpo con mayoría renovada, el Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad absoluta de la resolución mediante la cual cuatro vocales identificados con el kirchnerismo habían nombrado a una nueva presidenta y desplazado al anterior.

El objetivo del cambio era impedir que Daniel Mariani, el titular del cuerpo a quien quisieron correr, les tomara juramento a dos vocales nuevos propuestos por el gobernador Claudio Vidal. La decisión de sacar de la presidencia a Mariani se concretó luego de que él encabezara la asunción, la semana pasada, de otros dos magistrados nombrados a instancias de Vidal.

Según el kirchenrismo, la ampliación de la Corte provincial es inconstitucional y la designación de los nuevos jueces es inválida. Se basa en una medida cautelar de primera instancia que el 19 de septiembre había ordenado suspender el tratamiento de las ternas en la Legislatura por diez días. Pero la Legislatura avanzó, trató las ternas, votó y nombró a los jueces, que d asumieron.

Desde finales de agosto, cuando se aprobó que los vocales pasaran de cinco a nueve, un terremoto sacude al Poder Judicial de Santa Cruz, que durante más de tres décadas tuvo una impronta kirchnerista, tanto en sus nombramientos como en sus actuaciones. Fueron tiempos en los que ninguna causa de corrupción que involucrara a funcionarios avanzaba.

Hoy, en reunión de acuerdo extraordinario, los flamantes vocales del tribunal –Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Contreras y Juan De la Vega– bajo la presidencia de Daniel Mariani, marcaron un punto de inflexión: declararon nulas todas las decisiones adoptadas por los magistrados encabezados por Reneé Fernández, Fernando Basanta, Alicia Mercau y Paula Ludueña, quienes habían emitido una resolución para sacar a Mariani –quien había tomado la jura de los vocales propuestos por Vidal– y designaron a Fernández en la presidencia.

Hoy, los magistrados con mayoría renovada afirmaron que fueron nulas las decisiones tomadas por “un órgano sin la integración ni la mayoría prevista” según la Ley Orgánica de la Justicia reformada por la Ley 3949.

De esta forma, el tribunal confirmó en el cargo a Mariani y declaró inválidos todos los actos firmados por Fernández desde el 2 de octubre, cuando fue designada presidenta por una resolución que, según el nuevo acuerdo, “violenta el marco constitucional y normativo vigente”.

La resolución sostiene que la medida adoptada por Fernández fue dictada “por un cuerpo incompleto”, al desconocer la ampliación del número de vocales, de cinco a nueve, establecida por la Ley 3949, sancionada en agosto pasado.

También aclara que todas las decisiones tomadas por Fernández desde el 2 de octubre “carecen de toda validez y eficacia”; entre otras, la comunicación interna enviada a todos los agentes judiciales que les indicaba que no tomaran en cuenta las instrucciones de Mariani como presidente del cuerpo.

Quién es Mariani

Mariani fue diputado provincial dentro del movimiento renovador del peronismo en los años ’80, cuando Néstor Kirchner todavía era minoría en el Partido Justicialista santacruceño. Fue él quien, como gobernador, lo designó en el Poder Judicial. Hoy, Mariani está alejado de los vocales kirchneristas, que intentaron sacarlo de la presidencia del tribunal. Con sus últimos gestos, quedó enfrentado con sus viejos aliados y más cerca de Vidal.

En la misma resolución de hoy, el tribunal dispuso convocar a los secretarios para reorganizar la actividad administrativa del Poder Judicial y llamó a una reunión de acuerdo a todos los jueces para definir el “abordaje paritario” como tema central en la agenda. Es decir, los puntos que deberán tratar con el gremio judicial, uno de los promotores del amparo para intentar frenar la jura de los nuevos vocales. La semana pasada, el gremio sumó un pedido para declarar inconstitucional la ley de ampliación de la Corte.

“Hubieran hecho las cosas bien”

Esta mañana, mientras la nueva Corte -con solo cinco de los nueve miembros- se reunía en Río Gallegos, el gobernador se refirió en Caleta Olivia a la Justicia: “Hay una ley en vigencia que se tiene que cumplir. Los únicos que se resisten son quienes tienen miedo a dar explicaciones, a rendir cuentas, a tener que devolver lo que se llevaron durante tantos años, por haber utilizado fondos públicos para enriquecerse y empobrecer al pueblo santacruceño”.

Vidal fue categórico y sostuvo que sus rivales políticos “no tendrían terror si hubiesen hecho las cosas bien”. Según el gobernador, Santa Cruz fue “saqueada” durante muchos años, mientras “un grupo minúsculo de funcionarios delegados a la familia de la política partidaria o política judicial se enriquecía”.