El impago de préstamos estudiantiles en Estados Unidos vuelve a niveles récord tras el fin de la pausa

El impago de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos volvió a niveles récord tras el fin de la pausa creada durante la pandemia: actualmente, 9,5 millones de personas (cerca de uno de cada cinco prestatarios federales), están en mora grave después de acumular más de nueve meses sin pagar.

Esta situación expone a millones a embargos salariales o deducciones sobre pagos del Seguro Social cuando el Gobierno reactive esos cobros.

Según un análisis de Associated Press, la cifra de prestatarios en incumplimiento creció en más de 4,2 millones entre abril de 2025 y marzo de 2026, y superó el anterior máximo de 8 millones registrado en diciembre de 2019.

Los datos de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes indican que los prestatarios en mora pasaron de 5,3 millones a alrededor de 9,5 millones desde que se reactivó la posibilidad de caer en incumplimiento en junio de 2025.

Sobre un total nacional de USD 1,7 billones en préstamos estudiantiles con respaldo federal, USD 233,3 mil millones están en default.

La reanudación de pagos fue gradual. El Departamento de Educación permitió suspender las cuotas durante la conmoción económica de la pandemia y, aunque los pagos volvieron formalmente en 2023, la administración de Joe Biden otorgó un año adicional de resguardo que terminó en el otoño de 2024.

Durante ese período, los préstamos no podían entrar en incumplimiento y los programas federales para prestatarios atrasados, junto con iniciativas de condonación, sacaron a millones del default.

El sistema volvió a empujar a millones al incumplimiento

Quien entra en default no solo sufre un deterioro de su historial crediticio. Esa condición abre la puerta a gestiones de cobranza más agresivas, incluida la derivación de la deuda a cobranzas y, más adelante, la posibilidad de embargos sobre salarios o beneficios públicos.

Por ahora, la administración de Donald Trump postergó esos cobros involuntarios. Aun así, un informe de Moody’s Analytics citado por la agencia AP sostuvo en la primavera boreal que las retenciones probablemente comenzarán dentro del próximo año y advirtió que ese movimiento sería “un obstáculo adicional en una economía cada vez más frágil”.

Aissa Canchola Bañez, directora de políticas del grupo Protect Borrowers, resumió la presión sobre los hogares: “Las crecientes facturas de préstamos estudiantiles están empeorando la situación y la gente se está quedando atrás”.

La próxima ola podría ser todavía mayor. La administración Trump eliminó el plan de pago “Saving on a Valuable Education”, conocido como SAVE, dentro de su reforma del sistema federal de préstamos estudiantiles. Las millones de personas que estaban inscriptas en ese esquema afrontarán ahora pagos mensuales más altos.

Desde este mes, los nuevos prestatarios solo pueden elegir entre un plan estándar de pago y una opción vinculada a ingresos, en lugar de varias alternativas. El Departamento de Educación defendió la modificación como una simplificación de un sistema que describió como “fragmentado y confuso”.

El sur concentra muchas de las tasas más altas de mora

Un análisis de la agencia encontró que varios de los estados con mayor concentración de prestatarios en default están en el sur del país. Mississippi registra la tasa más alta entre los estados, con 28,3%.

También figuran entre los estados con peores registros Luisiana, Alabama, Virginia Occidental, Oklahoma, Georgia, Carolina del Sur y Texas, además de Alaska, Arizona, Ohio, Indiana, Michigan, Nuevo México y Nevada.

De ese grupo, solo Nuevo México no fue ganado por Trump en las elecciones de 2024. Bañez subrayó ese dato para discutir la imagen estereotipada del deudor estudiantil: “Son trabajadores que simplemente no pueden seguir el ritmo de estas facturas además de todo lo demás”.

La presión también golpea con más fuerza a quienes estudiaron en instituciones con fines de lucro. De acuerdo con datos difundidos este año por la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, el 33% de esos prestatarios estaba al menos 90 días atrasado en sus pagos.

Entre las instituciones ubicadas en el cuartil más alto por tasas de impago, el 76% eran escuelas con fines de lucro. La propia FSA sostuvo que una tasa elevada de no pago representa un “riesgo serio” de derivar en una tasa alta de default.

Jason Altmire, presidente y director ejecutivo de Career Education Colleges and Universities, la asociación de escuelas técnicas y universidades profesionales privadas, dijo en CBS News que el sector está tan preocupado que creó un grupo de trabajo para contactar a estudiantes y remarcar la importancia de devolver los préstamos. “Nos lo tomamos en serio. Es un problema real”, afirmó.

Testimonios revelan cómo la deuda se vuelve impagable

Ashley Dreahn, de 40 años, creyó que su deuda estudiantil había desaparecido cuando se declaró en quiebra en 2022. Después de haber estudiado en Texas Woman’s University y de tomar préstamos adicionales para obtener dos títulos asociados en un colegio comunitario público de Texas, recibió este año una alerta de un servicio de monitoreo crediticio: los préstamos que pensaba cancelados habían crecido con intereses hasta USD 94.298 y debía volver a pagar.

“Me derrumbé por completo”, reveló Dreahn en el informe de AP. Dreahn trabaja desde el año pasado como supervisora en una prisión de Huntsville y vivía en un parque de casas rodantes para ahorrar dinero cuando recibió la notificación.

Su caso resume varios de los problemas que describen los prestatarios: préstamos transferidos entre distintos administradores, períodos de aplazamiento poco claros y mensajes confusos en los reportes crediticios.

Los préstamos estudiantiles rara vez se cancelan en una quiebra. Los prestatarios deben demostrar que representan una “dificultad excesiva”, un proceso complejo para el que pocos califican, según defensores de deudores.

Barbara Howaniec, una enfermera especializada en salud mental de 63 años que vive en Maine, pidió alrededor de USD 62.000 para su maestría en New York University y se graduó en 2001.

Después de dos décadas de pagos, Howaniec todavía debe cerca de USD 67.000 con intereses. Esperaba la condonación tras 25 años bajo un plan de pago según ingresos, pero recibió una carta informándole que el cronograma había cambiado y que aún debía hacer 355 pagos más.

En el caso de Ashley Dreahn, quien ahora busca si algún día podrá acceder al programa de condonación por servicio público tras 10 años de pagos mientras trabaja para el Gobierno o una organización sin fines de lucro, lo resumió desde otra urgencia cotidiana: “Estoy tratando de averiguar, primero, cómo voy a hacer para que funcione. Y segundo, qué dejo de pagar”.