El gobernador Greg Abbott impone una moratoria a nuevos centros de datos en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha impuesto una moratoria inmediata en la aprobación de nuevos centros de datos en el estado, una decisión que marca un antes y un después en el desarrollo de infraestructuras para inteligencia artificial dentro del territorio texano. La medida, que responde a una creciente alarma social y a temores fundados sobre un posible colapso de la red eléctrica estatal, obliga tanto a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) como al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) a detener cualquier avance en la lista de espera de interconexión de nuevos proyectos.

Hasta que cada iniciativa pendiente supere una auditoría rigurosa sobre su impacto ambiental y financiero, ningún nuevo centro de datos podrá conectarse a la red estatal.

La decisión de Abbott surge en un contexto de tensión social creciente, con sectores ciudadanos preocupados por el consumo desbordado de recursos y la sostenibilidad a largo plazo del sistema eléctrico. La orden ejecutiva establece que cualquier desarrollador que no logre acreditar el cumplimiento de los controles sobre consumo energético, uso de agua y transparencia en la propiedad corporativa verá rechazada su solicitud de forma definitiva.

Este freno representa la acción más estricta tomada por el gobierno texano ante el acelerado crecimiento de la infraestructura tecnológica que sostiene la inteligencia artificial a escala global.

El detonante principal de esta moratoria es la saturación crítica que enfrenta actualmente la red eléctrica gestionada por ERCOT, organismo que administra el suministro energético en la mayor parte de Texas. Según cifras oficiales divulgadas por la gobernación, la lista de espera de interconexión incluye más de 1.800 proyectos que, de aprobarse, sumarían una demanda potencial de 474 gigavatios de electricidad.

Para dimensionar el desafío, esta cifra es más de cinco veces superior al récord histórico de consumo máximo registrado en el estado. Esta presión inédita sobre la red es resultado directo del auge de los centros de datos y de las instalaciones dedicadas al procesamiento masivo vinculado a la inteligencia artificial.

El dato más relevante, según las autoridades, es que alrededor del 90 % de las nuevas solicitudes energéticas provienen exclusivamente de este tipo de infraestructuras tecnológicas. Texas, con al menos 335 complejos en operación y otros 248 en etapa de proyección, se había consolidado como el segundo mercado más grande de centros de datos en Estados Unidos, solo superado por Virginia.

Sin embargo, el volumen descontrolado de proyectos obligó a suspender los estudios de planificación a futuro, con el objetivo de evitar incrementos en las tarifas residenciales y proteger el suministro para la ciudadanía.

Frente a este escenario, la administración estatal ha impuesto una serie de requisitos estrictos de auditoría para cualquier proyecto que aspire a conectarse a la red eléctrica. Los desarrolladores deberán entregar información detallada que hasta ahora había permanecido bajo reserva, incluyendo el número y alcance de las exenciones fiscales estatales y locales solicitadas, así como estimaciones precisas del consumo eléctrico anual y de los picos de demanda que generarán.

Además, deberán demostrar la capacidad de autogenerar energía en sitio, preferentemente mediante centrales de gas natural, para reducir la presión sobre la red pública.

Un aspecto central de la auditoría será la sostenibilidad hídrica. Las empresas responsables de los centros de datos tendrán que precisar el volumen de agua necesario para los sistemas de refrigeración y detallar las fuentes de suministro que utilizarán.

El estado también exigirá la identificación de los propietarios reales de las instalaciones y la presentación de planes concretos para mitigar cualquier impacto ambiental en las comunidades vecinas, abarcando desde el control del ruido hasta la iluminación nocturna.

La decisión de Abbott se entiende también como una respuesta a la falta de transparencia y al reiterado incumplimiento por parte de las grandes corporaciones tecnológicas. Meses antes de la moratoria, la PUCT y la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas habían lanzado una encuesta voluntaria a 377 empresas del sector para recopilar información clave destinada a la planificación energética.

El resultado fue revelador: solo 28 compañías respondieron, un dato que expuso la reducida cantidad de información en manos de los reguladores y de la ciudadanía sobre el funcionamiento real de estos gigantes tecnológicos. Esta opacidad alimentó la desconfianza y motivó a varios condados y municipios, como Hill y San Marcos, a intentar imponer sus propias moratorias locales en respuesta a las presiones vecinales por ruidos constantes y el temor al desabastecimiento de agua.

Las reacciones a la medida no se hicieron esperar y reflejan una sociedad profundamente dividida. Desde la industria, la Coalición de Centros de Datos —que representa a los principales actores tecnológicos del país— manifestó su respaldo a la revisión, considerando que permitirá distinguir a los desarrolladores serios de los especuladores.

No obstante, también solicitaron que los peritajes se realicen con agilidad para evitar una parálisis de inversiones y la pérdida de liderazgo económico de Texas en el sector tecnológico.

En el ámbito político, las críticas fueron inmediatas. Diversos sectores y líderes de la oposición calificaron la directiva de Abbott como un gesto superficial que busca evitar la convocatoria a una sesión legislativa especial, necesaria para promulgar leyes más estrictas.

Además, señalaron que la suspensión dictada por el gobernador no impide que los proyectos con autogeneración eléctrica privada continúen su construcción fuera del alcance de la red estatal, lo que a su juicio evidencia la necesidad de un marco regulatorio permanente aprobado por el Congreso local.