Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la prevalencia mundial del Transtorno del Espectro Autista (TEA) se estima en 62 por cada 10 mil habitantes o 1 por cada 160 niñas/os. Tomando en consideración estos datos, la prevalencia en el Perú estaría alrededor de las 204 818 personas con TEA, y al menos el 97 % de personas no estarían diagnosticadas debido a la falta de acceso a servicios de salud.

Así como es difícil obtener cifras exactas sobre la cantidad de personas con autismo en Perú, debido a la falta de diagnósticos y registros adecuados, también lo es conocer las cifras de menores autistas que son víctimas de violencia escolar. Este es un problema de salud públia que debe ser evidenciado a poco del inicio de las clases escolares 2025, una nueva etapa que, para muchos escolares con esta condición, puede llegar a ser un infierno.

Según el portal SíSeve del Ministerio de Educación (Minedu), en 2024 se registraron 19.642 reportes de violencia escolar en el país. De esta cifra, 48 casos corresponde a los colegios de educación básica especial (CEBE) que atiende a menores con autismo y síndrome de down de niveles severos. No obstante, la cifra que implica a los casos de menores con estas condiciones en colegios de educación básica alternativa del Estado, es invisible tanto para quienes consultan como para el mismo Minedu.

El reporte del Ministerio de Educación detalla el lugar donde ocurrieron los hechos, los tipos de violencia registrados (como tratos humillantes, actos de connotación sexual, discriminación, entre otros) y las implicaciones de estas acusaciones. Sin embargo, el gran vacío en esta información es la falta de datos específicos sobre cuántos de estos casos involucraron a menores con habilidades diferentes o neurodivergentes, lo que dificulta comprender la magnitud de la violencia escolar dirigida a este grupo vulnerable y que además, limita la implementación de medidas preventivas y de apoyo.

Tal como explicó Ernesto Reaño, psicólogo clínico e investigador en temas relacionados con autismo, en entrevista con Infobae Perú, cualquier alumno con alguna afección —sea física, sensorial, cognitiva, etcétera— es vulnerable a ser víctima de violencia escolar en la modalidad de bullying. Sin embargo, es probable que los menores autistas tengan más dificultades para superar estos traumas.

“Las personas autistas tienen dificultades para reconocer las intenciones de los otros o para darse cuenta qué cosa en la relación está siendo desfavorable”, señala el experto. Usualmente, este grupo responde a las agresiones verbales o físicas con sentimientos de culpabilidad, creyendo que su sufrimiento es consecuencia de sus propias acciones o de sus ‘rarezas’ o ‘manías’. Y no lo son, añade.

“Hay carencias en la formación de los profesores”

Toni García, especialista en Psicopedagogía y docente de la Universidad Internacional de Valencia, conversó con Infobae Perú e identificó algunas carencias en el sector educativo peruano que impide brindar una adecuada educación con un enfoque inclusivo, lo cual ayudaría a reducir las situaciones de violencia escolar, sobre todo en menores menos favorecidos por el Estado. Según dijo, la falta de un presupuesto adecuado asignado por el gobierno del Perú y la adecuada formación de los profesores son las principales causas que no permiten brindar una educación justa para los escolares.

“Hay una necesidad de formación por parte del profesorado, porque hay ciertas carencias en la formación de los maestros y maestras a la hora de llevar a cabo, sobre todo lo que es el tema de la inclusión educativa. Yo creo que esos son los dos principales ejes en los que se debería de trabajar en el sistema educativo de Perú”, mencionó.

García, quien ha sido considerado como uno de los mejores profesores del mundo, hace mención también a cómo se aborda las sanciones contra los menores protagonistas de agresiones. Según dijo, su derecho a tener educación no debería vulnerar el de los demás, sobre todo en casos en los que se pone en riesgo la vida de otros estudiantes.

“Yo propongo una atención un poco más individualizada. Acercarse mucho más a sus necesidades emocionales, a sus necesidades educativas, si es que las hay, que pueden ser muy diferentes a las del resto de compañeros. Hay que intervenir más en el aspecto emocional a la hora de corregir esas conductas. Pero sí que es verdad que ante ciertas conductas, tiene que haber una sanción, y muchas veces la sanción, para proteger al menor acosado, no queda otra que la expulsión”, menciona.

Como última reflexión, el psicopedagogo destaca la importancia de que los maestros peruanos se adapten a las nuevas realidades sociales y tecnológicas que impactan a los estudiantes, con el fin de comprender mejor sus necesidades y acompañarlos de manera integral en su proceso educativo.

“Hoy en día nuestro papel como docentes ha variado. Antes éramos transmisores de conocimientos, pero con la irrupción de las nuevas tecnologías, de Internet y de las redes sociales, nuestra función social ha cambiado. Los conocimientos son importantes, pero no lo son todo”, puntualiza.

La ONU cuestiona al gobierno peruano

En su último informe, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le cuestionó al gobierno de Dina Boluarte sobre la falta de datos definitivos relacionados con los niños con discapacidad, así como el número de menores que habían denunciado violencia y abuso, incluida la violencia sexual. La repuesta del gobierno evidenció el descuido de la gestión actual y de las gestiones anteriores a este grupo vulnerable.

El comité multisectorial, integrado por representantes de varios ministerios del estado peruano, mencionó el Instituto Nacional de Estadística (INEI) todavía estaba reuniendo información sobre este grupo, y que la información proporcionada era confidencial. En cuanto a la violencia y abuso, la delegación aseguró que se estaban tomando medidas para garantizar la igualdad de todos los niños y adolescentes, destacando que no eran objeto de discriminación.

Añadieron que se habían puesto en marcha políticas y programas para abordar las necesidades de los niños y adolescentes autistas, incluida una ley aprobada que tenía como objetivo garantizar la plena participación de este grupo en la sociedad. Además, que se habían celebrado dos reuniones técnicas presenciales para brindar capacitación a solo a 137 maestros profesionales de educación básica y especial. Solo 137 maestros de los más de 65 mil colegios estatales a nivel nacional.