El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que conseguir unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) son su “prioridad” porque son la herramienta para “continuar con esa senda de incremento” de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El Consejo de Ministros aprobó este martes, en primera vuelta, el anteproyecto de ley para la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.
“Hay muy pocos precedentes en políticas públicas de un esfuerzo presupuestario como el que se está haciendo en estos años para recuperar la salud del sistema de la dependencia y proyectarlo hacia el futuro”, ha asegurado Bustinduy en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. En este punto, ha dicho que, “incluso con presupuestos prorrogados, se está haciendo un esfuerzo sin precedentes”.
El ministro de Derechos Sociales ha destacado que las principales novedades que incluye la reforma de la Ley de dependencia son “dos derechos subjetivos que pasarán a ser exigibles”: el derecho a la teleasistencia y la accesibilidad universal. En cuanto al primero, ha argumentado que se ha demostrado que la aplicación de la tecnología permite a las personas permanecer “más tiempo” en sus domicilios y con “mejor calidad de vida”.
Sobre la segunda novedad de la norma, Bustinduy ha hecho hincapié en que se hará efectivo el derecho de accesibilidad universal, creando un fondo estatal para que “todos los espacios públicos, los hospitales, centros de salud o museos, sean accesibles efectivamente”; y reformando la Ley de propiedad horizontal para facilitar las obras en las comunidades de propietarios y la instalación de ascensores, rampas, etcétera.
Preguntado por las razones por las que el derecho a la teleasistencia todavía no llega al cien por cien de las personas que lo necesitan, el ministro ha reconocido que en hubo un acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno para “perseguir ese objetivo” cuando se aprobó el Plan de Choque de la Dependencia, pero el despliegue es “desigual”. Así, ha añadido que “aquí siempre hay una cuestión” de voluntad política y de recursos.
Respecto a si la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia no ha tenido el eco que le hubiera gustado, eclipsada por el debate del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su tributación, el ministro Bustinduy ha afirmado que “es algo, desgraciadamente, habitual”.
“La política social no ocupa normalmente el lugar en la discusión pública que yo creo que debería, porque hablamos de cuestiones que afectan de manera directa a la vida de millones de compatriotas. Hablamos de dependencia y discapacidad, pero sucede lo mismo con la protección social, con la pobreza, con la conciliación de las familias. Quizá merecería una reflexión el hecho de que no ocupe en nuestros debates públicos el lugar que le correspondería en función de los intereses de la ciudadanía”, ha subrayado.
RIESGO DE POBREZA
El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España bajó en 2024 hasta el 25,8%, 0,7 puntos menos que en 2023 cuando era de un 26,5%, siendo la tasa más baja desde el inicio de la serie en 2014, es decir hace una década, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, la pobreza infantil de los menores de 16 años ha crecido hasta el 34,7%, lo que supone un 0,4% más.
En este contexto, y preguntado sobre si estos datos son compatibles con el discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que “la economía española va como un cohete”, el titular de la cartera de Derechos Sociales ha señalado que “los datos macroeconómicos españoles son muy positivos, sobre todo en comparación con su entorno”, pero ha añadido que “es obligado reconocer que ese crecimiento debe redistribuirse mejor para que llegue a la base de esta sociedad, a millones de trabajadores y trabajadoras”.
“Los datos de ayer, de la Encuesta de Condiciones de Vida, reflejan que se ha reducido la desigualdad, que se ha reducido la pobreza, que están en mínimos de la serie histórica, pero que están en unos niveles que, honestamente, yo considero que son inaceptables para la cuarta economía de la zona euro y, además, para un país que está viviendo un momento macroeconómico bueno”, ha declarado el ministro, que ha defendido que “es el momento de intervenir” porque “la pobreza infantil no se ha reducido” y “uno de cada tres niños y niñas en España vive en situación de riesgo de exclusión social o de pobreza”.
Finalmente, para abordar esta cuestión, el ministro vuelve a destacar la necesidad de aprobar unos nuevos PGE y la pertinencia de adoptar medidas como el Real Decreto de Comedores Escolares, que espera poder presentar “dentro de muy poco tiempo”. “Una mala alimentación en la infancia repercute a lo largo de toda la vida y tiene costes educativos, laborales, de salud, etcétera. Y, por tanto, vamos a hacer un Real Decreto para que en los comedores escolares se aseguren cinco comidas a la semana mínimo, de estándares nutricionales, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, ha concluido.