Cada vez son más las voces que coinciden en reclamar a los gobiernos provinciales y municipales una reducción de los impuestos y tasas que cobran sus jurisdicciones, desde autoridades nacionales, sectores empresarios y centros de investigación. Esto se da en consonancia con el cambio de época o modelo que implementa el Gobierno a nivel internacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insta a los empresarios para que el sector lidere el reclamo por las reducciones impositivas. En esta línea, ya se han expresado empresas del sector Fintech, bancos, industrias y del sector agrícola. El Grupo de los 6 (Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina) pidió a provincias y municipios que avancen en una baja de la presión impositiva a través de la reducción de ingresos brutos y tasas municipales.

Se esgrimen todo tipo de argumentos para fundamentar estos pedidos: la falta de proporcionalidad y la ausencia de contraprestación individual; impuestos asfixiantes que son un “cepo al desarrollo” productivo de la Argentina; la falta de transparencia fiscal, entre otras expresiones.

Lo cierto es que detrás de un fuerte ordenamiento de las cuentas nacionales -baja del gasto público, baja de inflación, no emisión monetaria, etc.-, está la imperiosa necesidad de que todos los sectores de la economía empiecen a trabajar en una agenda de competitividad.

Provincias y municipios en todo el país sienten que sus presupuestos se ven amenazados; al igual que sus políticas públicas diseñadas para un contexto o modelo diferente. Por su parte, los sectores productivos, financieros y de innovación que puertas adentro procuran una mejor productividad de sus recursos, exigen lo mismo a gobiernos locales: reducir la presión impositiva y gastos.

Hoy más que nunca debe converger en cada municipio un diálogo articulado que considere los puntos de vista de los diferentes actores, además de recalibrar las demandas de la ciudadanía con los recursos disponibles, brindar transparencia y gestionar por resultados. El gran desafío de estas administraciones será redefinir una política pública que incentive la innovación, la producción y la sustentabilidad de sus actores económicos.

Por su parte, las empresas deberán migrar esfuerzos gestionando sus intereses hacia las locaciones donde tienen lugar su producción de bienes y servicios. Esto presupone un análisis más exhaustivo de los stakeholders locales y regionales: entender el problema público y la dinámica de la agenda local, los intereses de la política; e identificar oportunidades y/o necesidades a desarrollar para entablar una conversación fructífera con los gobernantes locales.

En Argentina y en el mundo hay numerosos ejemplos de municipios que buscan recrear un ecosistema de incentivo de la inversión en infraestructuras y planificación urbana (Curitiba, Brasil); de conectividad por fibra óptica (Chattanooga, Estados Unidos); y de promoción de sectores estratégicos (Mendoza y Sudáfrica con la industria del vino). En todos los casos se observa una decidida articulación público-privada como denominador común.

En ese sentido, una fórmula exitosa es que los gobiernos subnacionales abracen una agenda propia de internacionalización aprovechando el marco constitucional de la Argentina que les permite un acceso directo a nuevos mercados internacionales, inversiones, financiamiento de proyectos sostenibles, la cooperación con otros países y regiones, entre otras ventajas. Es decir, más desarrollo económico sostenible y bienestar para las comunidades locales.

Poner el acento en la presión impositiva de los gobiernos subnacionales sobre los sectores productivos (y contribuyentes también) es solo la punta del iceberg. Esto es un síntoma que debe hacer reflexionar a gobernantes y empresarios sobre la manera de rediseñar la política pública local y las decisiones de inversión empresarial. Por eso, es imprescindible aplicar nuevos instrumentos en esas relaciones que generen espacios de cooperación que redunden en ofertas de bienes públicos competitivos (tasas y servicios locales) y metas de crecimiento de inversión empresarial. Este rediseño es factible de implementar; solo hace falta que los actores decidan hacerlo.