El Gobierno postergaría la puesta en marcha del sistema de identificación individual electrónica para el ganado bovino que iba a iniciarse el 1° de marzo próximo debido a la imposibilidad de que estén todos los dispositivos electrónicos necesarios. Según pudo saber este medio, el consorcio Datamars, de origen suizo y encargado de las caravanas electrónicas tras haber ganado una licitación internacional para solventar el sistema con un crédito del Banco Mundial, comunicó que no podrá cumplir en tiempo y forma con un volumen requerido a partir de la exigencia de un corto plazo impuesto.
En este marco, es un hecho la caída de la licitación adjudicada a Datamars. Frente a ello, desde del Gobierno dijeron a LA NACION: “No queremos que esto le genere complicaciones operativas a los productores y en eso estamos trabajando”. También señalaron que informarán a los ganaderos con anticipación para evitar trastornos en los movimientos y traslados de hacienda, especialmente en época de destete. Vale recordar que la exigencia de que sea obligatoria la identificación electrónica motivó el rechazo de algunas entidades del agro y que, en virtud de ello, el Gobierno recurrió al crédito para que en una primera etapa sea gratis el chipeo para los ganaderos.
El 17 de octubre pasado, mediante la resolución 71 de la Secretaría de Agricultura a cargo de Sergio Iraeta, el Gobierno oficializó el nuevo sistema de trazabilidad obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos. Este busca reemplazar la trazabilidad manual y analógica vigente por un sistema individual electrónico más preciso, que abarcaría desde los campos hasta los frigoríficos.
El plan original contemplaba que la medida comenzara gradualmente el 1° de marzo de 2025 con la identificación electrónica obligatoria para cada ternero en su primer movimiento o destete. A partir del 1° de julio de 2026, el sistema sería obligatorio para todo el rodeo nacional, que asciende a 53,5 millones de cabezas.
Para implementarlo, se adjudicó una licitación a Datamars, que iba a proveer dispositivos electrónicos a precios de 0,88 dólares por unidad para las regiones 1 a 9 y 0,91 dólares para las regiones 10 y 11. Además, la firma Carreteles Rafaela SA se encargaría de suministrar 800 bastones lectores a un costo de 375 dólares cada uno.
En el caso de las caravanas, así habían quedado definidas las llamadas regiones o lotes con sus respectivas cantidades de dispositivos: Buenos Aires Sur sin Patagones, lote 1 con 4,28 millones de dispositivos; Buenos Aires Norte, lote 2 con 4,050 millones de dispositivos; Santa Fe, lote 3 con 2,55 millones de dispositivos; Entre Ríos, lote 4 con 2,325 millones; Córdoba, lote 5 con 1,845 millones y La Pampa, lote 6 con 1,425 millones de dispositivos. Después en lote 7 están Corrientes y Misiones con 1,775 millones de dispositivos; lote 8, Chaco y Formosa, con 1,945 millones de dispositivos; lote 9, San Luis y Mendoza con 1,145 millones de dispositivos; lote 10, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Jujuy, con 1,34 millones de dispositivos y lote 11, Río Negro, Patagones (Buenos Aires), Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego con 870.000 dispositivos.
El Gobierno justificó esta medida como una respuesta a las demandas de mercados internacionales, como Japón. Actualmente, la Argentina solo exporta carne al país asiático desde el sur de la Patagonia, pero busca que este mercado –tercero en importancia mundial– acepte productos de todo el territorio nacional.
Mientras que Carreteles Rafaela SA no habría presentado inconvenientes para cumplir con su parte, Datamars informó que no podrá garantizar la entrega de la cantidad de dispositivos requerida.
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Cruces
Este medio tomó conocimiento que el Gobierno le requirió al consorcio Datamars, en base a invocar un convenio marco, que 10.874.010 de dispositivos debían entregarse a los productores en un plazo de 10 a 15 días contados desde la compra. Incluso el Gobierno le puso un plazo de 10 días desde el 17 del actual para entregar documentación.
Tras eso, la compañía, según pudo reconstruir LA NACION, respondió la semana pasada con foco en varios puntos. Entre otros, cuestionó que se exija la entrega de los dispositivos en 10 a 15 días, plazo que consideró muy estricto. Además, contestó que según el pliego se hablaba de volúmenes de producto a entregar durante el primer cuatrimestre del año. De acuerdo a la firma, en ningún momento se estableció que la entrega debía hacerse en 10 o 15 días.
Por otra parte, de acuerdo a lo que supo este medio, la compañía contestó que plazos originalmente previstos en la licitación se fueron postergando y eso fue algo ajeno a la misma empresa. Incluso se defendió diciendo que no podía producir la cantidad sin un compromiso expreso de la compra. Siempre según lo que pudo averiguar LA NACION, la empresa también esgrimió que en otros países se ponen plazos de entrega que son semanales o incluso meses.
Al margen de estas cuestiones, la misma empresa habría señalado que el Gobierno, pese a la altura del proceso, no se habría expedido sobre otras cuestiones importantes. Indicó, por ejemplo, el cómo se confirmaría el recibo de la caravana por parte de los ganaderos, el procedimiento de la entrega de las mismas, y, un punto no menor, su pago. En este contexto, indicó que no puede realizar el convenio marco como tal.
De acuerdo con la resolución 71, el Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino establece “la utilización de tecnología electrónica como herramienta de identificación individual obligatoria para la trazabilidad de ganados bovinos, bubalinos y cérvidos a partir del día 1° de marzo de 2025, momento desde el cual los productores ganaderos deberán identificar todos los terneros/as al destete o al primer movimiento”. Agrega: “A partir de la fecha mencionada, el aludido Sistema Nacional deberá registrar todos los movimientos de los animales de las categorías referidas en el presente artículo, de manera de garantizar la trazabilidad individual”.