Alejandro Muñante defiende polémico proyecto de ley que busca criminalizar a mujeres que denuncian violencia

El congresista Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, presentó el pasado 12 de junio el Proyecto de Ley N.° 11561, que busca incorporar el artículo 402-A al Código Penal. La propuesta plantea sancionar con penas de entre tres y seis años de cárcel a quienes interpongan “denuncias falsas” en procesos de violencia familiar, lo que incluye violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

En la sesión de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso realizada el lunes 8 de septiembre, Muñante defendió la medida bajo el argumento de que si no se logra una sentencia condenatoria es porque la denunciante mintió.

“Cuando una mujer va y denuncia a su pareja en una comisaría, le entregan a la denunciante una ficha en la que deben marcar del 1 al 10 cuánto considera que su pareja puede ser un potencial feminicida y como la mujer tiene cólera le pone 10”, afirmó.

¿Qué dice la propuesta?

El proyecto de ley no solo afecta a las mujeres que denuncian violencia. También contempla establecer sanciones penales y civiles para profesionales —abogados, médicos, psicólogos, policías, entre otros— que colaboren en la elaboración de pruebas falsas o adulteradas.

Asimismo, propone modificar la Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para que la figura de denuncia falsa se considere un agravante penal.

La Comisión de la Mujer y Familia, donde se viene discutiendo la iniciativa, es presidida por la congresista Milagros Jáuregui, también de Renovación Popular, quien en su historial legislativo ha impulsado proyectos cuestionados por sectores de derechos humanos, como la derogación del aborto terapéutico aplicado en el caso de una niña de 11 años víctima de violación, la eliminación del delito de feminicidio para reemplazarlo por “asesinato de pareja” y propuestas contra la educación sexual integral y el enfoque de igualdad de género.

Una realidad de violencia persistente

El contexto de violencia en el Perú es alarmante. Según el Boletín Nacional del Programa Nacional Warmi Ñam del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en lo que va del 2025, los Centros Emergencia Mujer (CEM) han atendido más de 168 000 casos de violencia y realizado más de 99 000 acciones preventivas.

El año 2024 cerró con 162 feminicidios, de los cuales cerca del 50% fueron cometidos contra mujeres que ya habían denunciado agresiones previamente, según reportes oficiales del MIMP. A esto se suma que, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en 2024, solo el 29% de mujeres que sufren violencia denuncia o busca ayuda en instituciones estatales. El 71% restante no lo hace por miedo, desinformación o desconfianza en las autoridades, lo que expone a millones de mujeres a un riesgo permanente.

Rechazo desde organizaciones feministas y de derechos humanos

El Movimiento Manuela Ramos expresó su rechazo al proyecto de Muñante a través de un comunicado publicado el 19 de junio.

“El Proyecto de Ley 11561 amenaza con cárcel a las mujeres que denuncian violencia familiar. Recordamos a los congresistas que las cifras de feminicidios nos indican que muchas denuncias no son atendidas a tiempo y que, en otros casos, las mujeres tienen miedo o desconfianza para denunciar. Exigimos al Congreso legislar desde la evidencia y atender la dramática realidad de la violencia familiar con seriedad y compromiso”, señaló la organización feminista.

El 13 de junio, Promsex, Amnistía Internacional, DEMUS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron que la medida debilita la Ley 30364 y constituye una amenaza directa contra el derecho de las mujeres a acceder a justicia.

“Expresamos nuestra preocupación ante los intentos del Congreso de deslegitimar la Ley 30364 y amedrentar a las sobrevivientes de violencia, mujeres e integrantes del entorno familiar”, señalaron en el comunicado.

Precisamente estas organizaciones remarcaron que no todas las denuncias derivan en una condena por factores estructurales: falta de pruebas físicas, desconfianza de las autoridades, machismo en las instituciones o deficiencias en las investigaciones. Que un proceso judicial no concluya con sentencia favorable no significa que el testimonio de la mujer sea falso.

En este escenario, advierten que iniciativas como la de Muñante profundizan las barreras ya existentes y desincentivan aún más la búsqueda de ayuda, lo que puede derivar en un aumento de los feminicidios y otros crímenes de género.

“Rechazamos toda medida legislativa que, basándose en data tergiversada y mitos, pretenda retroceder en la lucha contra la violencia de género y aún más contra las sobrevivientes y sus familias”, se lee en el pronunciamiento de las organizaciones de derechos humanos.