Acusan a un médico de abusar de mujeres judías ortodoxas en su consultorio de Brooklyn

Durante décadas, en los consultorios de Brooklyn, el nombre de Robert Goodman circuló como el de un médico confiable. En el barrio de Borough Park, donde vive una importante comunidad judía ortodoxa, su consultorio llegó a formar parte de la rutina de muchas familias.

El diario The New York Times reconstruyó que, para buena parte de sus pacientes, Goodman era un clínico de trato cercano, dispuesto a ofrecer facilidades de pago, hacer visitas a domicilio y atender incluso los casos más complejos con una dedicación que le valió prestigio dentro de la comunidad.

Ese lugar de confianza convive hoy con acusaciones de abuso sexual contra un médico de Brooklyn que obtuvo una licencia en Nueva Jersey, una situación que abrió una nueva alarma entre antiguas pacientes y organizaciones comunitarias.

Mientras en Nueva York enfrenta demandas civiles y una investigación estatal que podría costarle la matrícula, el médico también consiguió autorización para ejercer en Nueva Jersey y anunció planes para abrir un nuevo consultorio en Lakewood, otra localidad con amplia población judía ortodoxa.

El contraste entre ambas versiones del mismo hombre es destacado en las investigaciones periodísticas. De un lado, un profesional con 40 años de ejercicio médico en Borough Park y con privilegios de admisión en el Maimonides Medical Center. Del otro, una serie de mujeres que sostienen que, detrás de la puerta cerrada del consultorio, las consultas se convertían en escenarios de tocamientos no consentidos, comentarios sexuales y comportamientos impropios.

Varios de esos relatos se remontan a décadas atrás. Muchas de las denunciantes, que también pertenecen a comunidades ortodoxas, no hablaron en su momento. Según las demandas, el temor al rechazo social y al costo de denunciar a un hombre respetado dentro del barrio pesó durante años. Esa demora, que hoy ocupa un lugar central en la defensa del médico, aparece en la versión de las demandantes como parte misma del problema.

Mazal Felsenstein, una de las demandantes, contó que tenía poco más de 20 años, era una esposa reciente y madre joven cuando comenzó a atenderse con Goodman en Borough Park, casi 30 años atrás. De acuerdo con su testimonio, el médico la tocó o le habló de manera inapropiada en más de cinco consultas. Durante mucho tiempo creyó que se trataba de episodios aislados. La percepción cambió cuando una vecina le contó que había vivido situaciones parecidas.

Para Felsenstein, el punto de quiebre no fue solo personal. También estuvo ligado a la idea de que podía haber más víctimas. “Hay mucha gente inocente que podría acabar siendo víctima”, afirmó la entrevistada en NYT. En su interpretación, el hecho de que el médico haya obtenido una licencia en otro estado profundiza esa preocupación.

La investigación avanzó mientras el médico obtenía otra licencia

El caso civil no es el único frente abierto para Goodman. El médico también enfrenta una investigación estatal sobre su conducta. La State Board for Professional Medical Conduct le imputó múltiples cargos por negligencia grave e ineptitud moral. Una resolución esperada para este año podría derivar en la pérdida de su licencia en Nueva York.

Aun con ese proceso en curso, Goodman obtuvo una licencia médica en Nueva Jersey en noviembre de 2024, de acuerdo con un registro online de la división estatal de asuntos del consumidor. La primera demanda civil se había presentado un año antes. Más tarde, un aviso anunció su intención de abrir un nuevo consultorio en Lakewood en julio, aunque no está claro si esa apertura llegó a concretarse.

Representantes de la New Jersey Board of Medical Examiners no respondieron a los pedidos de comentarios. Esa ausencia de explicación pública alimentó la inquietud de denunciantes y activistas, sobre todo porque la nueva práctica se ubicaría en una comunidad social y religiosa con rasgos similares a la que sostuvo durante años en Brooklyn.

Demandas reúnen relatos de décadas y cuestionan al hospital

Las mujeres que lo demandan sostienen que Goodman abusó sexualmente de ellas y de otras pacientes durante más de 15 años. Las presentaciones judiciales lo acusan de haber violado la confianza y la privacidad de sus pacientes en cientos de ocasiones.

Una de las demandas también apunta contra Maimonides Medical Center, al que le reprochan no haber protegido de forma adecuada a las pacientes pese al vínculo laboral con el médico.

Según esa demanda, el hospital tampoco informó al organismo estatal encargado de las licencias médicas. Sam Miller, vocero de Maimonides, dijo que la institución no haría comentarios sobre un litigio pendiente, salvo para señalar que espera “la desestimación total de todas las demandas presentadas contra Maimónides”.

La defensa de Goodman rechaza todas las acusaciones. Andrew Zwerling, abogado del médico, remarcó sus cuatro décadas de práctica en Borough Park y manifestó que su cliente tiene “una reputación excelente en la comunidad a la que presta servicio”. También sostuvo que las denuncias son falsas y que están motivadas por un interés económico o por un sesgo contra la comunidad ortodoxa.

El abogado señaló además que una mujer retiró voluntariamente su participación en la demanda y que las acusadoras desistieron de un pedido para certificar el caso como demanda colectiva.

Según su postura, esos elementos muestran la falta de sustento de las acusaciones. “Presentar una demanda con alegaciones sin fundamento no convierte dichas alegaciones en realidad”, agregó en la declaración recogida por el diario neoyorquino.

Peso del silencio en comunidades cerradas

En Borough Park, el caso no solo expuso denuncias individuales. También reabrió una discusión más amplia sobre las barreras que enfrentan las mujeres que denuncian violencia sexual dentro de entornos religiosos cerrados.

Asher Lovy, director de ZA’AKAH, una organización de Nueva York que combate el abuso sexual en comunidades judías ortodoxas, planteó en The New York Times que había escuchado quejas sobre Goodman “desde hace años”.

Lovy explicó que muchas mujeres son reacias a desafiar de manera pública a hombres con poder o prestigio dentro de esos ámbitos. Según planteó, existe una resistencia general a reportar violencia sexual y a llevar esos casos a tribunales seculares, sean civiles o penales. En el caso de Goodman, añadió, su posición estimada dentro de la comunidad reforzó todavía más esa tendencia protectora.

Desde que se conocieron sus planes de instalarse en Lakewood, ZA’AKAH intentó difundir las demandas. Uno de sus folletos publicados en Instagram advierte a los residentes sobre el litigio en curso. A la vez, algunos habitantes que se mudaron desde Borough Park a esa ciudad de Nueva Jersey comenzaron a hacer circular los señalamientos contra el médico.

Intentos previos de denunciarlo ante las autoridades

La ofensiva judicial más reciente no fue el primer intento de activar una respuesta oficial. Dov Hikind, ex asambleísta del estado de Nueva York cuyo distrito incluía Borough Park y que dejó el cargo en 2018, durante su tiempo en funciones, más de una docena de mujeres se acercaron con acusaciones sobre Goodman. “Tenía claro que había pasado algo”, afirmó.

En agosto de 2018, Hikind envió una carta a funcionarios de salud del estado para pedir una investigación. Aun así, en 2020 la Office of Professional Medical Conduct concluyó que no había evidencia suficiente para formular cargos por inconducta médica. Ese antecedente quedó atrás con la investigación actual, que sí avanzó con cargos formales.

La primera demanda fue presentada en 2023 bajo la Adult Survivors Act, una ley que abrió una ventana extraordinaria para que sobrevivientes de agresión sexual iniciaran acciones civiles fuera del plazo habitual de prescripción.

Las demandantes reclaman una compensación económica, aunque varias explicaron en entrevistas que su objetivo principal es que Goodman pierda la posibilidad de seguir ejerciendo.

Otra paciente dijo que el episodio ocurrió en una consulta sin examen físico

No todas las mujeres que dicen haber sido agredidas formaban parte de comunidades ortodoxas. Audrey English relató que comenzó a atenderse con Goodman a comienzos de los 2000 porque aceptaba su seguro médico. Tras un accidente automovilístico que la dejó casi un año en silla de ruedas, acudió al consultorio para pedir un certificado. Según su versión, la consulta no requería examen físico.

Aun así, English sostuvo que el médico extendió la mano y le agarró un pecho. Dijo que lo enfrentó en ese mismo momento, que se lo comunicó a la recepcionista y que se fue abruptamente del lugar. Tiempo después, al enterarse de la demanda y recordar su propia experiencia, decidió sumarse a la acción judicial.

Su explicación resume el impulso que hoy une a varias de las denunciantes. “Sí que tiene que perder la licencia”, dijo. Luego sentenció: “Es un depredador y, evidentemente, tiene un comportamiento recurrente”.