A una semana del derrumbe de la losa en el sector de cocheras del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, el predio de Mafalda 907 continúa con acceso restringido, vallado con estructuras metálicas negras de más de dos metros de altura y con custodia permanente. En el interior del perímetro se mantiene el despliegue operativo y, desde la calle, se escucha el trabajo de maquinaria mientras avanzan las tareas de estabilización. Afuera, vecinos desalojados siguen acercándose para pedir información sobre el estado estructural de los edificios, los plazos de obra y la posibilidad de volver a sus departamentos, en un escenario marcado por traslados, alojamiento temporario y versiones cruzadas, suena una primera fecha: viernes 13.

El derrumbe ocurrió en la madrugada del martes 3 de marzo, en el estacionamiento subterráneo del complejo desarrollado en el marco del plan Procrear dependiente del Gobierno Nacional. Según la información oficial difundida por el Gobierno porteño, el 911 recibió el aviso a las 4.45 y se dispuso la evacuación preventiva sin heridos ni personas atrapadas. En total, se desalojaron 175 departamentos de los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado y fueron desplazadas aproximadamente 300 personas.

El Gobierno porteño difundió la semana pasada un informe preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio que advirtió un potencial riesgo estructural al detectar daños en columnas del subsuelo y de la planta baja, por lo que se dispuso que los evacuados no regresaran hasta que la empresa constructora y el administrador presentaran un plan de recomposición. La Ciudad informó que garantizaría alojamiento y montó un dispositivo de custodia con iluminación y presencia permanente de personal de emergencia. El jueves, Cosud señaló que trabajaba en el apuntalamiento preventivo, la desvinculación de la zona afectada y la verificación estructural, y que presentó ante Guardia de Auxilio el Plan Ejecutivo de Trabajo, con el objetivo de permitir el reingreso de los residentes en el menor plazo posible sin difundir fechas.

Mientras los comunicados ordenan el cronograma técnico, los vecinos describen una semana de incertidumbre, cambios de alojamiento y dificultades para recuperar pertenencias. Norma Ramírez, vecina de una de las torres afectadas, vive con sus dos hijos —un niño de tres años, con celiaquía, y un adolescente— y había hablado con LA NACION en los primeros días. A una semana del derrumbe, volvió a contar su situación y describió un deterioro en las condiciones de alojamiento.

Según su testimonio, el martes 3 fue trasladada al Hotel Américas con la promesa de permanecer allí hasta el 9 de marzo, pero el sábado 7 la derivaron a una pensión en Constitución. “La verdad que la estamos pasando peor mis hijos y yo. Nos dan sábanas sucias y no se puede estar de la humedad que hay. Me perjudica a mis hijos y a mí”, afirmó. Dijo que les informaron que permanecerían allí hasta el 13 de marzo, aunque advirtió que circulan versiones distintas: “Sé que algunos se quedaron en el hotel y otros fueron a otras pensiones. Algunos hablan del 13 y a otros les dicen el 16; hay tantas versiones que no entendemos y eso angustia”. Agregó que, si no le ofrecen una alternativa, evalúa irse por su cuenta: “Si el 13 nos actualizan voy a pedir cambio de lugar. Y si no me lo hacen, me voy a una villa a alquilar porque acá no se puede vivir”.

También mencionó la asistencia alimentaria: “Me dieron la tarjeta alimentar pero con $200.000; no sé si es para el día o hasta el 13. Mi hijo es celíaco y necesita comida especial. Nadie responde nada”.

De 10 a 14 y solo 10 minutos

En relación con el edificio, Norma aseguró que volvieron a ingresar con el mismo esquema de control. “Pudimos volver a entrar ayer: una persona por departamento y unos 10 minutos para sacar cosas”, relató. Dijo que al ingresar se encontró con consecuencias de los días sin actividad habitual: “Nos encontramos con mucha agua por las heladeras descongeladas, comidas podridas, un desastre”. Agregó que se estableció un horario diario de ingreso “de 10 a 14” y que solo se permite entrar una vez, pero hoy hubo vecinos que fueron y no los dejaron pasar: “Nos habían prometido lo mismo y no los dejaron entrar”.

Norma confirmó además que el frente judicial avanzó y que los vecinos se están asesorando con el estudio de Fernando Burlando. “Voy a tener una cita estos días por mi situación”, indicó.

En el plano emocional, contó que hay vecinos con crisis y que la Defensoría del Pueblo les dio un contacto para asistencia psicológica. También describió el impacto en quienes tenían mascotas: “Es horrible, hay mucha gente que está mal. Los separaron de sus animales y los mandaron a una guardería. Solo hay un hotel que deja tener animales”.

Respecto de la ayuda cotidiana, Norma indicó que los vecinos se organizaron y crearon un alias para juntar dinero y comprar alimentos y medicamentos. Según explicó, con ese fondo cubren necesidades inmediatas de los evacuados.

En paralelo, LA NACION accedió a un texto que el GCBA compartió con los vecinos en una reunión ayer lunes, titulado: “Reunión con vecinos Bº Estación Buenos Aires – Sector 2”. Allí se informó que la empresa constructora está ejecutando el plan de acción presentado: que ya se avanzó con las tareas de apuntalamiento y que se continuará con inspección, ensayos y ejecución de refuerzos, mientras la Guardia de Auxilio supervisa el cumplimiento. El documento detalla que los bomberos tomaron muestras, registros fotográficos y fílmicos de elementos estructurales de columnas y sectores de la losa colapsada, que quedaron individualizados, documentados y bajo resguardo para análisis posterior, y que seguirán tomándose muestras respetando el protocolo de guarda.

Viernes 13, el primer mojón

El texto fija un primer horizonte: esas tareas continuarían hasta el viernes 13 de marzo, cuando la empresa presentará un informe a Guardia de Auxilio para definir si el Sector 2 se encuentra en condiciones de ser habitado o si deben realizarse trabajos adicionales. Luego, ese informe sería remitido por el GCBA a la fiscalía, que decidirá si los vecinos pueden volver a sus departamentos. Si se determina la habitabilidad estructural, se habilitaría el ingreso a los propietarios.

Además, el GCBA gestiona con prestatarias de agua, luz y gas el restablecimiento de los servicios. También indicó que, cumplido el primer plan de acción, la constructora presentará un nuevo plan para remediar el sector de cocheras, que podría ejecutarse con los vecinos ya habitando el edificio.

Sobre el hospedaje, el documento sostiene que las reservas están garantizadas hasta el lunes 16 de marzo por la mañana y que algunos hoteles tenían reservas previas vinculadas a eventos, por lo que los vecinos alojados allí serían trasladados a otros. Se comunicaría a cada residente a qué hotel sería derivado. En cuanto a la posibilidad de ingresar a las unidades para retirar bienes personales, se informó que se debe pedir una nueva orden a la fiscalía. También se mencionó que el Ministerio de Educación contactó a las familias para relevar población infantil escolar y que, si al 16 de marzo no pudieran regresar, se propondrá transporte para garantizar asistencia a clases en casos de movilidad reducida. Asimismo, el Ministerio de Salud continuará ofreciendo asistencia psicológica presencial o virtual.

El texto incluyó un apartado sobre los autos dañados: el GCBA indicó que solicitó a la empresa que tome fotos de las patentes que vayan apareciendo para que los dueños puedan identificar las suyas y, acompañados por Bomberos, realizar una comprobación fotográfica del estado de los vehículos. También informó que no se multará a los vehículos mal estacionados incluidos en el listado de evacuados y que ya se notificó a agentes de Tránsito.

En el frente judicial, LA NACION accedió al escrito presentado el domingo por el estudio de Fernando Burlando, en el que el abogado se presentó en la causa y solicitó ser admitido como querellante. En esa presentación se pidieron medidas de prueba, entre ellas el relevamiento y resguardo de registros de cámaras públicas y privadas, la producción de prueba testimonial y la intervención de equipos especializados. También se requirió documentación vinculada a la obra y se pidió preservar evidencia relacionada con el derrumbe y los movimientos posteriores en la zona intervenida.

Entre los vecinos, el estadio Tomás A. Ducó aparece como una referencia recurrente desde el primer día. Varios sostienen que, cuando hay recitales o partidos, sienten vibraciones en los departamentos y que, tras el derrumbe y con el complejo aún bajo evaluación por riesgo estructural, esa percepción se transformó en temor a un posible nuevo colapso. En ese contexto, y con el partido previsto para este, el Club Atlético Huracán difundió un comunicado dirigido a sus socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio Estación Buenos Aires.

En el texto, el club reafirmó su acompañamiento a los vecinos afectados por el siniestro y dejó constancia de que continuará presente en la zona brindando ayuda y colaboración, al tiempo que remarcó que prioriza la seguridad de las personas. Sin embargo, fijó una posición frente a eventuales restricciones para el encuentro: sostuvo que jugar sin público no es una opción y que, para impedirle disputar el partido en su estadio, debe existir un informe que avale esa medida y establezca los parámetros para acatarla. Afirmó además que las medidas que, según el comunicado, se intentan imponer no cuentan con fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico y anunció que iniciará acciones legales para la protección de los derechos del club, sus socios y simpatizantes. La institución confirmó la venta de entradas.