La pelea entre el Gobierno Nacional y las universidades nacionales por el control de las auditorías ya está en la Justicia. La UBA impulsó una acción declarativa de certeza y una medida cautelar para que frene el avance de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre su funcionamiento. La demanda sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo es “inconstitucional”, atenta contra “el principio de división de poderes” y vulnera “la autarquía y autonomía” de esa casa de estudios.
Apenas ingresó la demanda en tribunales, la causa recayó en el juzgado federal 4 del fuero en lo contencioso administrativo, a cargo de Rita Ailan. Pero la UBA decidió recusarla sin causa, una bala de plata prevista en el proceso que tienen las partes para usar una sola vez y en donde no hay que dar explicaciones de por qué. Ahora, se sorteará un nuevo magistrado.
La decisión de avanzar en los tribunales había sido tomada por la UBA en una reunión del Consejo Superior. Fue el vocero del Ejecutivo, Manuel Adorni, quien lo publicó en sus redes sociales. El presidente Javier Milei redobló públicamente sus cuestionamientos por la supuesta falta de transparencia en las cuentas de la alta casa de estudios, señaló que “se esconden detrás de esas carteras nobles de la sociedad para esconder sus curros” y aseguró: “Los chorros no van a tener paz en Argentina”-
A lo largo de más de 60 páginas, el rector de la UBA Ricardo Jorge Gelpi, a través del abogado Sergio Pascale, desplegó los argumentos -algunos ya hechos públicos- para rechazar la intervención de la SIGEN en los controles de la universidad. Y un detalle: citó un dictamen de Horacio Rosatti, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando en 2004, como Procurador del Tesoro de la Nación, habló de la autonomía de las universidades.
“No es procedente la intervención del Procurador del Tesoro de la Nación como mediador en los conflictos que puedan plantearse entre esas instituciones y organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Nacional” había dicho Rosatti en aquel entonces. Y en su justificación subrayó que las universidades “no son organismos a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ni dependen de él, ni integran la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada -en su forma genuina-”. No fue una cita inocente: no solo por el rol que ocupa hoy Rosatti sino porque fue el actual jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, fue quien devolvió a la SIGEN la capacidad de auditar las universidades, al revocar un dictamen anterior de su predecesor, Carlos Zannini, que había impedido a ese organismo el control a las casas de estudios.
En el escrito al que accedió Infobae presentado ante la Justicia, la UBA destacó que “a 30 años de haberse producido la reforma constitucional que reconoció la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales, no resulta comprensible como algunas escuelas de pensamiento siguen echando mano a construcciones de interpretación legal sesgadas por posicionamientos políticos, que al día de la fecha entendemos son discusiones superadas”.
“Parte de las constantes falacias que se expresan públicamente sobre las Universidades Nacionales es que no cuentan con auditorías sobre el origen y el destino de sus recursos económicos. Nada más alejado de la realidad. Esta Universidad ha implementado un sistema de control interno robusto y eficaz dentro del marco de su autonomía y autarquía y de las previsiones contenidas en las leyes 24.156 y 24.521. Por ello, se requiere enfáticamente de V.S. que, al momento de resolver, tenga especialmente en cuenta la falta de legitimidad e inconstitucionalidad desplegadas por el Gobierno nacional a través de la SIGEN basándose en un dictamen no vinculante emitido por el Sr. Procurador General del Tesoro de la Nación”, se afirmó.
La demanda se sostiene en cinco pilares: “La UBA jamás cuestionó su sometimiento estricto a las leyes dictadas por el Congreso de la Nación”; “la Ley de Administración Financiera y Órganos de Control, es de aplicación, en lo que allí respecta, al ámbito de esta Casa de Altos Estudios”; “la SIGEN tiene competencia exclusiva y excluyente para ejercer el control interno, sólo en las jurisdicciones que componen el PEN y en los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependan del mismo”; “las Universidades Nacionales no son organismos descentralizados dependientes del PEN”; “la autonomía y autarquía de las Universidades Nacionales implican la independencia absoluta del PEN y de toda injerencia y/o intervención del poder político de turno, más no del Poder Legislativo y del estricto acatamiento a las leyes emanadas del Honorable Congreso de la Nación”.
Para la UBA, “la afectación a la autonomía y autarquía universitaria, de sostenerse la conducta de la demandada, no solo será una mella tangible en lo inmediato, sino que tal intromisión del Poder Ejecutivo Nacional conllevará una intervención en desmedro de los principios republicanos de la división de poderes, base de nuestra Nación”.
Tras insistir en que la Universidad de Buenos Aires “jamás incumplió con las pautas legales vigentes” y en 2013 se determinó que fuera la Auditoría General de la Nación (AGN) la única entidad con competencia a realizar su control interno en la gestión de recursos públicos, la presentación aseveró que “la SIGEN depende del PEN y está a cargo de un funcionario designado por el Presidente de la Nación” y, por lo tanto, no puede ser la entidad que lleve adelante el control”.
Según se resaltó, “en ningún caso el PEN debe tener injerencias sobre el obrar de las Universidades Nacionales, y ello no es caprichoso ni evasivo de ningún control. A todo evento, el daño que provoca la intromisión del PEN y sus órganos dependientes como lo es la SIGEN es indudable, en tanto supone la afectación irreversible de la autonomía y autarquía universitaria tan preciada por la sociedad toda y que hoy se debe proteger, pues es el interés público universitario el que se encuentra amenazado. En estos términos, la medida aquí solicitada no afecta el interés público. Muy por el contrario, es esta Universidad quien -con la medida peticionada- busca protegerlo frente al actuar intervencionista del PEN, ejercido a través de la SIGEN”.