Luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y, en su lugar, la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en el sector agropecuario se escucharon diversas reacciones. Hubo voces que celebraron la medida porque baja el gasto público. Otros dijeron que esperan que no pierda funciones de control importantes y aguardan que haya más precisiones.
El sector agropecuario utiliza de la AFIP, entre otras herramientas, el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que en mayo pasado eliminó la obligatoriedad de presentar tres declaraciones juradas anuales. Esto benefició a unos 90.000 productores, quienes pasaron de presentar cinco declaraciones juradas por año, a solo presentar dos.
“Todas las medidas que sirvan para bajar el gasto público y que, a su vez, tengan una correlación para que paguemos menos impuestos, están en el camino correcto. Y hablamos desde el campo, que es el sector económico que tiene mayor presión impositiva e incluso impuestos que son un ancla, como las retenciones”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Agregó: “Esta asfixia tributaria nos impide invertir y generar inversión en las provincias. Si bajan y se eliminan nos va a ir mejor a todos los argentinos”.
“Me parece espectacular”, fue lo primero que expresó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, luego de que se conociera la medida. El dirigente criticó los nombramientos irregulares y los altos salarios en el sector público, destacando la urgencia de reducir costos en un país con alta pobreza e impuestos.
“El año pasado, el gobierno anterior incorporó a 600 personas en dependencias como AFIP, Aduana y Senasa. Esos lugares están llenos de personas que fueron nombradas sin realizar ninguna convocatoria ni entrevistas; fueron nombramientos a dedo”, expresó.
Según el dirigente, esto resultó en la inclusión de individuos que “no son competentes” y enfatizó la necesidad de revisar a quienes trabajan en estos entes del Estado. “Deberían permanecer solo aquellos con carrera, preparados y con algo que aportar”, añadió. Además, Kovarsky manifestó su desaprobación ante los altos salarios que se otorgan en el sector público. “Es un despropósito, una falta de respeto que aún se paguen sueldos de 30 o 60 millones por cumplir una función pública”, subrayó. El presidente de Carbap destacó que “nadie en el sector privado recibe esa cantidad, ni debería ser así en el Estado”, cuestionando que algunos funcionarios perciban remuneraciones similares a las de ministros y secretarios de la Nación.
“Primero, es fundamental examinar a quienes ocupan posiciones en todos los lugares del Estado y que no cumplen funciones adecuadas”, insistió. También consideró esencial establecer regulaciones que eviten nombramientos urgentes y que estos siempre sean por necesidad. “Cada vez que hay campañas políticas, ingresan nuevos empleados. Por otro lado, la reducción de sueldos resulta vital. Si no estás conforme con lo que percibes, puedes buscar empleo en el sector privado”, remarcó.
“Es clave que la nueva agencia no resigne sus funciones de contralor ni modifique los criterios de fiscalización existentes a nivel fiscal ni aduanero. Toda mejora institucional es siempre bienvenida, pero no debe dañar la capacidad de servicio y control de la Aduana ni de la DGI”, dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
Durante el anuncio, Adorni, dijo: “El Gobierno les anuncia muy felizmente que a partir de hoy la AFIP dejará de existir. En su lugar se va crear la Agencia de Regulación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual. En total se eliminarán el 34% de los cargos públicos. Se reubicarán y pasarán a disponibilidad unos 3100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los $6400 millones de pesos”.
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El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Jose Martins, indicó que “habrá que esperar la letra fina de todas estas medidas para sacar conclusiones”.
“Espero y entiendo que esto no implica que va a haber un menor control, todo lo contrario. Este sistema va a ser para hacer más eficiente y prolijo el control impositivo de Nación”, agregó. Sin embargo, insistió que hay que tener la letra fina de la nueva entidad. En este marco, un empresario del sector agroindustrial evaluó: “Si los cambios se implementan correctamente no debieran generar ni entorpecimientos ni beneficios a ningún contribuyente”.
