La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, señaló que los centros de detención transitoria del país, como las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las estaciones de policía, enfrentan un grave problema de hacinamiento, con niveles de ocupación que superan el 525%.
Esta sobrepoblación es resultado del aumento de los índices de violencia y delincuencia, que han llevado a un incremento significativo en el número de capturas.
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La ministra expresó su preocupación respecto a esta situación, indicando que, aunque estas instalaciones no están bajo la administración directa del Ministerio de Justicia ni del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), es esencial encontrar soluciones inmediatas, dado que la gestión de estos centros recae en las autoridades municipales.
Buitrago detalló que, en ciudades como Bogotá, se están realizando hasta 1.100 capturas diarias, una cifra que pone en tensión la capacidad de las instalaciones transitorias.
“Termina siendo imposible manejar ese número de personas”, comentó la ministra. Subrayó que los alcaldes tienen la obligación de gestionar y descongestionar estos espacios, y que la administración local debe tomar medidas urgentes ante una situación que, según ella, se está volviendo insostenible.
El problema del hacinamiento también se agrava por los retrasos en la toma de decisiones judiciales sobre la situación legal de los detenidos. De acuerdo con Buitrago, estos retrasos contribuyen a la acumulación de personas en los centros de detención transitoria, que deberían ser utilizados solo para periodos cortos de tiempo.
Para mitigar esta crisis, la ministra indicó que el INPEC y el Ministerio de Justicia han implementado convenios que buscan desahogar estos espacios, aunque recordó que la responsabilidad legal de los centros transitorios recae directamente sobre los municipios.
El hacinamiento en los centros transitorios no es un problema nuevo en el sistema penitenciario colombiano, pero el incremento de actos delictivos y de la violencia en varias regiones del país ha exacerbado la situación. Este contexto ha derivado en una cantidad de capturas mayor a la que estas instalaciones pueden soportar.
Buitrago manifestó su preocupación ante la sobrepoblación y la violencia, y expresó que esta crisis demanda una respuesta rápida y coordinada entre el Gobierno nacional y las autoridades locales.
Como medida para ayudar en la descongestión, Buitrago afirmó que el Ministerio de Justicia está colaborando con el INPEC para ofrecer apoyo a los municipios mediante convenios, aunque señaló que esta asistencia es temporal.
“Estamos haciendo convenios para ayudarles”, explicó la ministra, insistiendo en que el papel principal de descongestionar estos espacios recae en los gobiernos municipales. Añadió que, si bien el Gobierno nacional puede colaborar, se necesita de la acción directa de las administraciones locales para resolver el problema de fondo.
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Desde el Ministerio, también se están evaluando otras opciones para aliviar la presión sobre estos centros, tales como mejorar la infraestructura y optimizar los tiempos en los procesos judiciales.
La ministra subrayó que reducir la acumulación de personas en las estaciones de policía y otros centros temporales no solo es una cuestión de espacio, sino también de derechos humanos, ya que estas instalaciones no están equipadas para albergar a grandes cantidades de detenidos durante periodos prolongados.