El Poder Ejecutivo tiene por delante un dilema más político que económico. Haber anulado la Ley de Financiamiento Universitario un día después de una masiva marcha en defensa de la educación pública, le dificultará las chances de reconstruir al grupo de “héroes” que defendió su anterior veto en la Cámara de Diputados. El radicalismo ya avisó que abroquelará a sus integrantes y hasta el PRO mostró dudas acerca de cómo proceder, más cuando el Gobierno no se muestra dispuesto a hacer algún gesto de reciprocidad con sus aliados por semejante favor.
Las dificultades para llegar al número sin la UCR son evidentes. Mauricio Macri ensayó algún argumento para acercarse a la Casa Rosada, pero puede ser más simbólico que efectivo. El escenario que hoy tiene más probabilidades, entonces, es que el Congreso consiga resistir el veto y darle vigencia a la ley.
Congreso de la Nación Argentina
La norma le impone al Ejecutivo actualizar los fondos tanto para el funcionamiento de las casas de estudio como de los salarios, para todo el período 2024. De entrar en vigencia este mes, el Gobierno tendrá dos meses para aplicarla.
Se trata de un triunfo político, obviamente. Porque las universidades saben que trasladarlo al plano administrativo puede demandar arduas gestiones de cobro, y ninguna garantía de que los pesos aparezcan.
El Ejecutivo evalúa la posibilidad de impugnar la ley ante la Justicia. Pero quienes deberían tener esa hipótesis en sus manos son las universidades. Porque los antecedentes demuestran que ni aún con un fallo de la Corte Suprema en contra del Ejecutivo, la Ciudad de Buenos Aires pudo conseguir que su porcentaje de coparticipación llegara en tiempo y forma. Fueron necesarias varias idas y vueltas de los funcionarios porteños con el Palacio de Hacienda, incluida una audiencia con el propio Luis Caputo, para poder normalizar los giros.
La administración libertaria cuestiona la ley universitaria porque no dispone de dónde extraer los fondos. No es una falla de técnica legislativa, sino un modus operandi de la política: que otro se haga cargo de tomar esa decisión difícil.
Pero el Gobierno, a la vez, puede decir que no está obligado ni a emitir ni a tomar deuda para cubrir la brecha presupuestaria entre lo pagado y una partida ajustada por el IPC del Indec. Si todos los pesos que tiene el Tesoro están asignados, ni un juez puede decidir de dónde deben salir los que piden las universidades. La pulseada se vuelve abstracta y sigue con apelaciones. Las semanas pasan. Y todavía no se puso sobre la mesa la chance de un decreto reglamentario, a gusto del Ejecutivo, claro.
Dato final: el artículo 6 dice que en el caso de la actualización salarial, la norma no será aplicable si hay acuerdo entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores de la educación superior.
La negociación no termina con la ley: revive con ella. Será cuestión de afinar los lápices.