Un cargamento de 99.79 kilos de oro, que perteneció al fallecido empresario Pedro Pérez Miranda —apodado ‘Peter Ferrari’ e investigado por lavado de dinero—, permaneció oculto durante una década en una bóveda de la empresa Hermes de Lima y fue retirado meses atrás, según un reportaje difundido este domingo por Panorama.
El cargamento, valorizado en 8.3 millones de dólares, era administrado por la minera Sumaj Orkro, que en 2015 cedió los derechos del oro al extrabajador Mario Passano. Posteriormente, él transfirió la mercadería a su hijo Giovanni Passano en un 90% y al abogado Alberto Escudero en un 10%.
De acuerdo con el dominical, el cargamento incautado en 2015 por su origen desconocido fue retirado de la bóveda de Hermes el pasado 17 de julio. Passano y Escudero recibieron el visto bueno de la justicia peruana para retirar los casi 100 kilos de oro, cuyo paradero actualmente se desconoce.
Ninguno de los involucrados fue ubicado en su vivienda consignada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, a través de una comunicación posterior, Passano indicó que “no existe nada oscuro e ilegal en este caso” porque “el oro ya no pertenece a la persona fallecida”, pese a que Sumaj Orkro era una de las firmas de ‘Peter Ferrari’.
En marzo de 2015, el Ministerio Público señaló que entre 2012 y 2013, cuatro empresas vinculadas con el empresario exportaron a Estados Unidos más de 14 toneladas de oro, con una ganancia de 636 millones de dólares. Una de esas compañías, la Comercializadora Minerales Rivero, fue intervenida en diciembre de 2013 con un cargamento presuntamente irregular de oro valorado en 2.5 millones de dólares.
Procesado en Estados Unidos por exportación de oro ilegal, Peter Ferrari, conocido como el ‘rey del oro’, falleció en septiembre de 2020 en un hospital de Lima por complicaciones debido a la COVID-19. Conocido por su afición a los automóviles de lujo, fue detenido en enero de 2017 por ser dueño de un grupo de empresas que presuntamente actuaban de fachada para lavar dinero generado por la minería ilegal.
También estuvo recluido en el penal de Cochamarca, en Pasco, donde cumplió prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de activos derivados del narcotráfico y la comercialización de oro ilegal. Regresó a Lima y se instaló en un hotel de San Borja para cumplir cuarentena por el coronavirus.
Un comunicado del Hospital de Villa El Salvador confirmó que Miranda, de 60 años, murió por insuficiencia respiratoria grave, después de haber sido internado y derivado a la unidad de cuidados intensivos. El año anterior a su deceso, el Gobierno peruano había aprobado su extradición a EE.UU. por lavado de activos, a raíz de un pedido de una corte del Estado de Florida; sin embargo, aplazó su entrega hasta que culminara el proceso penal que tenía abierto en el país.
Perú es el sexto productor mundial de oro, pero diversos estudios apuntan que una quinta de sus exportaciones anuales parte proceden de la minería ilegal en los ríos de la Amazonía, lo que equivale a 25 toneladas. La minería ilegal es la principal amenaza para la deforestación de la Amazonía, ya que ha arrasado con unas 8.000 hectáreas de selva en la zona de La Pampa, el mayor campamento de mineros ilegales.
Además de la deforestación, esta actividad también conlleva la contaminación de las aguas de los ríos por el uso de mercurio y otros metales pesados, lo que intoxica a los peces y, por ende, a cientos de comunidades indígenas que los pescan y los comen.
Oro fue entregado por mandato judicial
En respuesta a la consulta de Infobae Perú, la empresa Hermes explicó que la custodia del oro fue realizada bajo un mandato emitido por el 33° Juzgado Civil. De acuerdo con este mandato, Hermes custodió el oro desde el 11 de julio de 2014 hasta el 17 de julio de 2024, actuando como depositario judicial.
La compañía de transporte y custodia de valores precisó que el 17 de julio de 2024, el oro fue devuelto a sus propietarios cumpliendo estrictamente con las resoluciones judiciales correspondientes. La devolución se llevó a cabo en las instalaciones de Hermes, con la presencia de los propietarios, una especialista de actos externos del Juzgado Civil, personal de la Policía Nacional y representantes legales de la empresa. Con esta acción finalizó el mandato judicial de custodia.
“Hermes ha actuado en cumplimiento de mandatos judiciales, cumpliendo con las formalidades del caso y siempre en un contexto de legalidad y transparencia, como es política de la empresa”, precisaron.