El Gobierno de Irlanda presentó un proyecto para endurecer su política migratoria con el fin de gestionar el rápido aumento de su población, medida anunciada en Dublín ante el incremento de solicitudes de asilo y procesos de reunificación familiar.
De acuerdo con la agencia Reuters, esta iniciativa surge luego de que la migración neta casi duplicó sus cifras respecto a los niveles anteriores a la pandemia, alcanzando un promedio anual de 72.000 personas.
Las autoridades explicaron que el crecimiento de la población en Irlanda fue de 1,6 % durante el último año, siete veces el promedio de la Unión Europea.
“No queremos volver a la Irlanda de hace 80 años, cuando nuestra población estaba disminuyendo. Es positivo que esté aumentando, pero el ritmo de crecimiento es preocupante”, afirmó Jim O’Callaghan, ministro de Justicia, ante la prensa.
Entre las nuevas medidas, se prevé que los solicitantes de asilo empleados y alojados en dependencias del Estado deberán aportar entre 10 % y 40 % de sus ingresos semanales para sufragar parte de los gastos estatales. The Irish Times calcula que esta decisión afectaría a unos 7.500 trabajadores.
En materia de reunificación familiar, el Ministerio de Justicia exigirá que quienes deseen traer a familiares de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) demuestren que perciben al menos el salario medio anual y que pueden financiar el alojamiento de esas personas.
El objetivo es disminuir la presión sobre servicios sociales y vivienda, en un contexto donde se registraron 23.000 ingresos por reunificación familiar en el último año.
El proyecto incluye también una modificación en los requisitos de acceso a la ciudadanía: las personas reconocidas como refugiadas deberán demostrar cinco años de residencia, frente a los tres exigidos actualmente, y acreditar independencia económica, sin depender de ayudas sociales a largo plazo.
El Ejecutivo también contempla acelerar la tramitación de solicitudes y apelaciones, fijando el objetivo de resolver expedientes en un plazo de tres a seis meses para mediados del próximo año, señala Reuters.
Un análisis del Ministerio de Justicia reveló que 87 % de quienes piden asilo o protección internacional en Irlanda proceden del Reino Unido cruzando la frontera con Irlanda del Norte.
Pese a depender de la colaboración británica, las autoridades descartaron deportaciones masivas a través de esa frontera, aunque mantienen la opción de denegar nuevas admisiones.
Además, estudia la posibilidad de limitar visados estudiantiles frente a la percepción de que diversas vías migratorias superan la capacidad de absorción de la infraestructura nacional, según indicó O’Callaghan.
Estas medidas han generado reacciones encontradas en la sociedad y el ámbito político. Nick Henderson, director ejecutivo del Consejo Irlandés para los Refugiados (Irish Refugee Council), calificó las propuestas como “profundamente alarmantes”, advirtiendo que afectan dos pilares de integración: un camino claro hacia la ciudadanía y la posibilidad de reunirse con la familia.
A su vez, el Ministerio de Finanzas señala que el aumento migratorio responde a una “demanda sin precedentes” de permisos laborales y procesos de reunificación familiar, situación agravada por la llegada de numerosos refugiados ucranianos tras el inicio del conflicto.
(Con información de Europa Press y Reuters)